José Luis Trejo Pérez, que fuera director de seguridad pública en el municipio de Venustiano Carranza en la administración de Rafael Valencia Ávila, fue detenido junto a otro hombre en posesión de armas de fuego y droga, además de que está ligado a tres investigaciones por homicidio.

La detención corrió a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en el tramo de Puebla de la carretera federal Villa Lázaro Cárdenas-Poza Rica, donde los agentes detectaron una camioneta pick-up en la que viajaban dos personas, cuyo conductor tomó una actitud evasiva al momento en el que se le marcó el alto.

Los agentes le realizaron una revisión corporal a los tripulantes, entre ellos Trejo Pérez, en la cual se le encontró un arma de fuego calibre 380 y una bolsa de plástico con 43 bolsas pequeñas que contenían polvo blanco con las características de la cocaína.

Mientras que a su acompañante, identificado como José de Jesús, se le encontró un arma de fuego calibre nueve milímetros sin el permiso de portación correspondiente; por lo que de inmediato fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

De la información de inteligencia de la SSP se desprende que Trejo Pérez fue director de seguridad pública del municipio de Venustiano Carranza con el presidente Rafael Valencia Ávila, además de estar identificado como el principal operador de actividades ilícitas de los “Hermanos Valencia”, con quienes seguía trabajando como escolta.

Además, la SSP informó que el detenido se encuentra relacionado con al menos tres carpetas de investigación por el mismo número de homicidios ocurridos entre 2015 y 2019.

Cabe señalar que en abril de 2018 la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo durante un cateo a Ilse Lucía B., esposa del entonces edil, debido a que en el momento de la revisión fueron halladas decenas de armas y cartuchos en la propiedad donde ella vivía junto con el funcionario y sus hijos.

Tras un día presa la defensa logró que pudiera seguir su proceso en libertad pagando una garantía económica de 20 mil pesos, pero meses después consiguió la suspensión condicional del proceso con las respectivas medidas precautorias.