El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto por el cual ordena la desaparición de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, y cuyos recursos deberán quedar concentrados, a más tardar el 15 de abril, en la Tesorería de la Federación.

Hasta el 30 de diciembre de 2019 había 304 fideicomisos, 27 mandatos y siete análogos que concentraban 740,572 millones de pesos.

Alberto Carrillo, consultor político, dijo a El Economista que con esta acción del gobierno federal, prácticamente los recursos de estos instrumentos podrán ser utilizados a discreción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin necesidad de que estén incluidos en el paquete económico del siguiente año.

Diversas dependencias federales son responsables de dichos instrumentos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene a su cargo el Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud, que a diciembre del 2019 contaba con 105,873 millones de pesos, o la Secretaría de Hacienda, responsable del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que al último mes del año anterior contaba con 158,543 millones de pesos.

Para Alberto Carrillo, desafortunadamente, estos instrumentos con el paso de los años concentraron recursos opacos, sin verificación del Congreso de la Unión o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Concentraban dinero no nada más opaco, sino que sin verificación del Congreso o la ASF y lo peor es que era ocioso. Mucho de este dinero estaba en fideicomisos que no reportaban ni siquiera intereses al gobierno federal”.

Teóricamente el recurso debería regresar a la Tesorería de la Federación para que se presupuestara para el siguiente ejercicio fiscal y se aprobara en el presupuesto.  Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto creó una figura para que el dinero pueda ingresar a la Tesorería y considerarse como un gasto devengado, por lo tanto, ya no necesite pasar por el ciclo presupuestal”.