Rodolfo Ruiz es un periodista con más de treinta años de experiencia profesional. Se especializa en asuntos políticos y electorales. Desde hace trece años dirige su propio periódico digital, en Puebla, llamado e-consulta, que valga decir ha ganado dos premios nacionales de periodismo. Hoy, desgraciadamente, sufre acoso judicial por funcionarios del gobierno morenista de Miguel Barbosa por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Lo demandaron por presunto daño moral. Y sus cuatro demandantes le piden 5 millones de pesos cada uno. Sí, son 20 millones los que le requieren al periodista. No es todo. Pues le exigen la publicación de un extracto de la sentencia, la destrucción de los archivos electrónicos que contienen las columnas de opinión y el pago de gastos y costas. Además, como medida precautoria para garantizar el pago de la indemnización, le quieren embargar sus propiedades. En fin, un vil abuso de poder.

Irónicamente, uno de los demandantes es ni más ni menos que Yassir Vázquez, el sabinista que fue cómplice del mayor desfalco a las arcas de Chiapas. Quien siempre ha sido un inmoral, ahora se siente muy digno.

¿DAÑO MORAL?

Primeramente, quiero felicitar y solidarizarme con Rodolfo Ruiz por su enorme valentía y talante democrático para enfrentarse al poder público y haber criticado uno de los peores políticos que ha tenido Chiapas: Seth Yassir Vázquez Hernández.

En septiembre de 2017, la Auditoría Superior de la Federación sancionó al exalcalde de la capital chiapaneca por el delito de daño patrimonial. Ruiz escribió en su columna La Corte de los Milagros sobre este asunto:

“¿A poco quienes lo recomendaron y contrataron no sabían que la ASF le determinó, junto con Felipe de Jesús Granda Pastrana y Verónica del Rocío Argüello Martínez, un daño patrimonial por 5 millones 995 mil 958 pesos? ¿Que, de esa cantidad, el hoy subsecretario del gobierno del estado (Yassir Vázquez) debe resarcir a la hacienda pública federal la suma de 3 millones 133 mil 950 pesos?

“¿Que la Auditoría Superior de la Federación lo encontró Responsable Directo dentro del procedimiento número DGRRFEM/B/02/2017/12/36 derivado del Pliego Definitivo de Responsabilidades PDR127/17 del 26 de septiembre de 2017? ¿Que el servidor público en cuestión pagó obras con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2012 que no beneficiaron a pobladores en condiciones de rezago social y pobreza extrema en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas?”.

¿Acaso no tenía razón Rodolfo Ruiz? Claro que sí.

Yassir, que no entiende que la política requiere piel dura y estómago, se enojó y demandó a nuestro colega por daño moral. A lo que Ruiz sugirió una hipótesis para explicar el porqué de la demanda: “Este político de origen chiapaneco se duele de que lo llamé fuereño, cuestioné sus conocimientos y experiencia profesional en materia de transportes y su nombramiento como secretario, no obstante haber sido sancionado por la Auditoría Superior de la Federación por daño patrimonial por obras realizadas en su gestión como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. En la columna de referencia publiqué las pruebas y los documentos donde consta la resolución definitiva de la ASF”.

Las demandas por daño moral de políticos contra periodistas y medios de comunicación son, definitivamente, un atentado contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque los políticos acusados de corrupción quieren impunidad absoluta. Se niegan a ser criticados, a ser expuestos ante la opinión pública, a que les exhiban sus errores, sus abusos, sus delitos. Por eso, si les tiran golpes, tiran demandas.

Según el artículo 1916 del Código Civil Federal, el daño moral es la “afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.

Por lo cual, en México se han vuelto frecuentes los choques entre los derechos a la libertad de expresión, al honor y a la información. Mientras el periodista o el medio alegan estar ejerciendo el derecho a informar a la sociedad o a criticar al personaje público, éste defiende su derecho a no ser expuesto públicamente. Sin embargo, utilizar los tribunales para presentar demandas desproporcionadas que buscan intimidar y desgastar a los comunicadores es una artimaña perversa.

Junto con los otros demandantes, Yassir Vázquez acusa que las opiniones del periodista Rodolfo Ruiz afectaron su honor, su fama pública, su futuro político y sus ingresos. Pero, ¿cuál honor, por favor, cuál fama pública? Si ni siquiera tuvo la vergüenza de terminar el periodo por el que fue electo presidente municipal. Y eso de que sus ingresos fueron afectados, ¿acaso el gobernador Barbosa lo despidió de su empleo en la subsecretaría de Movilidad y Transporte? No.

No hay tal daño moral contra Yassir Vázquez Hernández. Sobre todo, cuando su paso de miserable a millonario fue evidente durante los seis años del gobierno de Juan Sabines Guerrero, quien lo rescató de la miseria, del hambre, cuando vivía en una pequeña casa de interés social y pedía crédito en una cantina por media botella de whisky Etiqueta Roja.

No hay daño moral. Yassir nunca ha sido un gobernante honesto. Todo lo contrario, fue un corrupto que en presunta complicidad con los hermanos Pepe y Mike Camacho, y protegidos por Sabines Guerrero, defraudaron el erario de los tuxtlecos con la obra “¡Qué viva el centro!”. Se dice que facturaban con empresas fantasma y prestanombres, y obligaban a los contratistas a rentar la maquinaria y comprar todo el material de construcción, desde un solo clavo hasta el concreto, en los negocios personales de Mike.

Además, el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas halló irregularidades por 234.7 millones de pesos en la ejecución de dicha obra, que comprendía calles, el sistema de agua potable, servicio de alcantarillado, alumbrado público, entre otras. Y todo fue un desastre.

No hay daño moral. En 2013, una auditoría practicada a la gestión de Vázquez Hernández descubrió anomalías en el ejercicio de más de 558 millones de pesos, por lo cual fue demandado ante la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. En dicha demanda lo acusan de desvío de recursos públicos, fraude en la construcción de obras y por actos de corrupción que lesionaron gravemente el patrimonio de los tuxtlecos.

Ese mismo año fue interpuesta una demanda ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, contra 50 exfuncionarios del sexenio 2006-2012 por el peculado de más de 40 mil millones de pesos, en la que también figura Yassir Vázquez.

PROTEGER AL PERIODISTA

Es claro, Yassir se está curando en salud. Y para hacerlo se ha apoyado en dos abogados de negro historial. Uno de ellos es Florencio Madariaga Granados, un polizonte que fue detenido en España en 2006 acusado de desviar 900 millones de pesos del Fondo Estatal de Seguridad Pública, que estaban destinados para programas de capacitación y equipamiento de la policía del estado de Chiapas. El otro, Roberto Morales Torres, el jurisconsulto que representó a Juan Sabines Guerrero en la demanda por daño moral contra el activista Horacio Culebro Borrayas, quien acusó al exgobernador por el fraude de 40 mil millones de pesos.

Así, pues, espero que las instancias judiciales protejan el inalienable derecho de Rodolfo Ruiz y de todos los columnistas y editorialistas a opinar con libertad. Porque, como argumenta Benjamin Smith en su más reciente libro (The Mexican Press and Civil Society), proteger a los periodistas importa mucho ya que éstos actualmente han sustituido a la Iglesia y a los maestros como intermediarios entre sociedad y Estado. Y si quedan indefensos, también lo estarán los ciudadanos y la democracia. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com

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