El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha ofrecido apoyos a familiares de víctimas de la delincuencia a cambio de evitar protestas contra la inseguridad, según lo señaló el empresario Alberto Islas González, quien en diciembre perdió a su hijo Alberto Islas Jara en un supuesto asalto.

En entrevista en el programa Ante La Corte de e-consultael ahora representante del Colectivo y Justicia y Paz proporcionó detalles de cómo operan las consignas del mandatario a través de promesas que se hacen desde la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras el asesinato de su hijo registrado el 27 de diciembre en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche por un aparente robo, recordó, a los presuntos delincuentes se les vinculó con otros dos crímenes.

El asesinato del joven Daniel Salvador Toxtli ocurrido minutos después en el Fraccionamiento Los Héroes y el de la abogada Nancy Álvarez González el 8 de junio de 2019 en la zona de Ciudad Universitaria.

Con las familias de ambas víctimas Islas González tuvo acercamiento para invitarlos a movilizaciones sociales que orillaran a la FGE a integrar todas las evidencias en una investigación que permita sentenciar a los presuntos delincuentes.

La hija de Nancy se negó y los padres de Daniel le confirmaron que el propio Barbosa Huerta se ofreció a apoyarlos con un grupo de abogados y el acceso a la justicia, aunque con la condición de que no participaran en las movilizaciones.

"Después de varios intentos me contesta y me dijo textualmente que le hablaron de la procuraduría, de la hoy fiscalía, que le dijeron que el gobernador de manera personal iba a intervenir en su asunto y que además el gobernador le decía que no tenía por qué ver abogados que él le iba a poner un cuerpo de abogados especializados y a que además él se iba a hacer cargo de que los criminales tuvieran lo que se merecían, con la condición de que se apartara de nosotros", relató.

Además de estas consignas lanzadas por el mandatario, agregó Islas González, en la búsqueda de justicia para su hijo se ha encontrado con la diferencia de trato que da la FGE a quienes tienen y no un poder.

Después de conocerse el asesinato del 27 de diciembre, explicó, en los medios de información se planteó que él era un miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) e incluso la organización lo respaldó con una rueda de prensa.

Sin embargo él no es integrante de ese grupo de empresarios y una vez que lo aclaró públicamente, el trato de apertura cambió y le cerraron las puertas.

"Así fue, es muy lamentable, bueno te das cuenta en por qué hay tanta impunidad y particularmente en Puebla, aquí empieza un caso muy lamentable", dijo.

Después del asesinato, familiares y amigos del joven iniciaron movilizaciones que derivaron en la creación del Colectivo Justicia y Paz que el empresario busca se convierta en una fundación que financie a abogados orientados a que los criminales sean sentenciados a pesar de las trabas que supone el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Sobre la participación del colectivo en la mega marcha que mañana proyectan empresarios, Islas González explicó que algunos de sus integrantes plantearon sumarse, pero él cree que será mejor participar sólo de manera personal por respeto a las demandas estudiantiles.