Tras padecer un operativo ilegal en su domicilio y lugar de trabajo, Rosalío Rivera Acatitla inició un proceso legal contra abusos de uno de los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital poblana.

De acuerdo con el denunciante, el 18 de febrero por la madrugada, el comandante “Troya”, Ernesto González Escamilla, y un grupo de aproximadamente 20 uniformados allanaron el estacionamiento El Roble, que se ubica atrás del Mercado Hidalgo.

En ese lugar Rivera Acatitla trabaja como vigilante y vive junto con su esposa. También hay habitaciones donde se almacenan documentos de los automóviles a los que prestan servicios.

Sin una orden de aprehensión, las fuerzas policiales buscaron a dos personas que el matrimonio no conoce y en la acción lanzaron amenazas, hubo abuso de autoridad, daños a muebles e insumos y robaron más de 53 mil pesos de los ingresos y las propinas de un mes. 

Según el abogado Hilario Gallegos Gómez estos hechos ya fueron denunciados formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Asuntos Internos, del gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

En esta segunda instancia, las autoridades informaron que devolverían el dinero a Rivera Acatitla y aunque esto no se ha concretado a casi una semana de los hechos, consideran que la promesa implica un reconocimiento anticipado de lo equivocado del operativo.

Gallegos Gómez solicitó que el caso sea reconocido y subsanado por el gobierno de Rivera Vivanco y sea conocido por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Agregó que de no concretarse una sanción contra los funcionarios involucrados y la reparación del daño para Rivera Acatitla y su esposa, los afectados podrían iniciar en próximos días una huelga de hambre en el Zócalo y una campaña para difundir las irregularidades de la policía municipal, anunció el abogado.