La reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta que envió al Congreso local para eliminar el fuero constitucional obligaría a los funcionarios procesados por delitos a separarse del cargo mientras se define su culpabilidad.

Su iniciativa contrasta con la de la diputada Vianey García Romero (de Morena), que permitiría a los servidores públicos conservar sus puestos mientras se desarrolla el juicio, es decir, que solo hasta que sean sentenciados dejarían el cargo.

El proyecto de ley del mandatario contempla imponer prisión preventiva oficiosa a los funcionarios acusados de delitos como robo de combustible, corrupción, secuestro, homicidio, desvío de recursos o cualquier delito electoral.

Si el delito que se imputa no amerita prisión preventiva, se daría al juez la facultad de aplicarla como medida cautelar si lo considera necesario.

Sin embargo, la propuesta advierte que la separación del cargo y la prisión preventiva deberán sustentarse con una “motivación reforzada”. 

La iniciativa del mandatario se recibió este jueves en el Congreso del estado y se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su discusión y análisis.

Las reformas

El proyecto de ley pretende derogar los artículos 127 y 128 de la Constitución Política del estado, así como modificar el 22, el 41, el 58 y el 126.

Los cambios sustanciales involucran el 126, pues quedaría de la siguiente forma: 

“El gobernador, los diputados, el auditor superior, los magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del estado, durante el periodo de su encargo, podrán ser sujetos a proceso penal por cualquier delito”. 

“Cuando el proceso comprenda alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez correspondiente ordenará la prisión preventiva oficiosamente; en caso de delito distinto, el órgano judicial competente podrá dictar las medidas cautelares de separación del cargo y la prisión preventiva mediante una motivación reforzada respecto de la plena justificación de la medida de conformidad con lo previsto por la legislación penal”.

Los artículos que se buscan eliminar son los que actualmente marcan los lineamientos para procesar al gobernador y diputados locales por delitos oficiales.

Al eliminarse el fuero, el Congreso del estado perdería la facultad de desaforar y determinar la culpabilidad de los servidores públicos.

Esperan iniciativas contra el fuero

La iniciativa de Barbosa Huerta se suma a otras dos que también buscan eliminar el fuero, pero que el Congreso del estado mantiene “en la congeladora”.

Una la presentó la priísta Rocío García Olmedo desde noviembre de 2018, mientras que la de García Romero ingresó el mismo mes, pero de 2019.