La obra de alcantarillado sanitario y pluvial en la región del aeropuerto, inconclusa hasta la fecha, y que ha provocado un serio conflicto social en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, fue contratada por el gobierno de Antonio Gali Fayad en marzo de 2018 y finiquitada como obra ejecutada al cien por ciento desde agosto de 2018 para el primero, y desde octubre de 2018 para el segundo.

Y hay más: una obra pública que fue formalmente contratada y oficialmente finiquitada en su totalidad en el año 2018, y que está inconclusa por la rebelión de las comunidades que defienden el río Metlapacapan –identificado como río Actiopa en los documentos–, tuvo, sin embargo, la autorización de las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) por parte del propio gobierno, pero esta vez ya a cargo de Miguel Barbosa, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) hasta el 20 de septiembre de 2019. Dichas MIA obligan al contratista, antes de iniciar cualquier trabajo referente al proyecto, a presentar las debidas autorizaciones federales de CONAGUA (descargas de aguas residuales en un cuerpo receptor) y de SEMARNAT (manifestación de impacto ambiental), las que, de existir, no se han hecho públicas.

Así se revela en la documentación que se encuentra en el propio portal de transparencia del gobierno de Miguel Barbosa y a la que se accede si se tienen los nombres de las empresas contratistas a cargo de la obra. GER Construcciones del Centro, S.A. de C.V y OLI Construcciones, S.A. de C.V., las dos con contrato firmado el 13 de marzo de 2018 y que se obligaron a terminar en julio de ese año y a las que se les dio el acta de recepción total por otra cien por ciento terminada unas semanas después, cuando la obra no se había realizado ni en su mínima parte.

Una obra pública, entonces, inconclusa del gobierno del estado de Puebla a cargo de Antonio Gali Fayad, y que sin cuestionamiento alguno fue retomada por el nuevo gobierno de Miguel Barbosa. Una obra que ha provocado la rebelión de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec desde el mes de octubre de 2019, cuando el gobierno estatal y las empresas contratistas con su maquinaria se plantaron en territorio de esa localidad dispuestos a continuar con la instalación de la tubería; el intento terminó en enfrentamientos violentos entre la fuerza pública y los opositores al proyecto, y con los trabajos paralizados. Dos meses después, en un pantanoso proceso de negociación entre las autoridades y los grupos opositores en Santa María Zacatepec, con un amparo y una suspensión provisional de por medio, el conflicto estalló nuevamente, ahora con la detención y encarcelamiento de Miguel López Vega el pasado 24 de enero bajo “la imputación de los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública, así como ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte”.

Miguel López Vega fue liberado la noche del miércoles 29 tras varios días de una muy fuerte movilización de la sociedad civil organizada y el descontento creciente de los pueblos de la región de Huejotzingo y Cholula. Pero el enredo institucional y las violaciones a la ley existentes en el proceso de realización de este proyecto de obra pública permanecen, y los cuestionamientos tienen que ser respondidos por los actores involucrados: los empresarios de Ciudad Textil, la autoridad gubernamental y las empresas contratistas vinculadas al “Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la Zona Industrial de Huejotzingo, en el estado de Puebla”, como rezan la licitación de la obra, los contratos otorgados, los finiquitos firmados y pagados y las manifestaciones de impacto ambiental autorizadas.

De principio a fin, un proyecto de obra pública que ha provocado un grave conflicto social contempla un conjunto de irregularidades e ilegalidades que no han sido puestas en la mesa de la discusión pública. Un conflicto que se origina por la operación durante varios años de un parque industrial que no cuenta con la infraestructura para el procesamiento y disposición de sus aguas residuales en los términos que obliga la ley. Una obra que en su realización presenta violaciones serias a las leyes ambientales y de obra pública por parte de funcionarios del Gobierno de Puebla y de las empresas contratistas que la llevan a cabo, y que contó con la aportación de recursos privados para la realización de la obra que no se consignan en ningún lado sin que haya forma de auditar su destino final.

Los contratos y los finiquitos

Dos empresas firmaron el 13 de marzo de 2018 con el organismo estatal parque industrial. Sin embargo, ambas empresas recibieron Acta de Recepción Física con carácter de total firmada por el director del CEASPUE el 31 de agosto la primera, y el 15 de octubre la segunda. En ese momento, el titular del CEASPUE era Alfredo Ávila Salazar, un personaje que en el estallido del conflicto en octubre-noviembre de 2019 apareció como representante de las empresas constructoras en las negociaciones con los pobladores descontentos, en un claro conflicto de interés denunciado por los pobladores en la asamblea en la que Ávila Salazar se presentó para negociar a nombre de las empresas, sin que se conozca alguna consecuencia por ello. (Ver nota de Dareli Oropeza, Pie de Página, publicada en Desinformémonos el 20 de noviembre de 2019).

Ni los términos establecidos en los contratos, ni los documentos que confirman su recepción por el CEASPUE de Antonio Gali han merecido consideración alguna por parte de los gobiernos siguientes: ni el del interino Guillermo Pacheco Pulido, ni el del constitucional Miguel Barbosa abrieron investigación alguna. Pero están ahí, son públicos, y se pueden ver en el portal de transparencia de CEASPUE y SMADSOT.

Los contratos

GER Construcciones del Centro, S.A. de C.V.

OLI Construcciones, S.A. de C.V.

Los finiquitos

Acta de recepción física para GER Construcciones del Centro, S.A. de C.V.

Acta de Recepción Física para OLI Construcciones, S.A. de C.V.

Las MIA (Manifestación de Impacto Ambiental)

Esas mismas dos empresas obtuvieron de parte de la SMADSOT la autorización de cuatro MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), todas con fecha 20 de septiembre de 2019, firmadas por Norma Angélica Sandoval Gómez, responsable de la Subsecretaría parar la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano y recibidas por los administradores de ambas empresas: Gertrudis Carrera Ramírez, por GER Construcciones del Centro, S.A. de C.V. y Ocotlán Oliva por OLI Construcciones, S.A. de C.V.

Las manifestaciones autorizan a ambas empresas la realización de la obra en dos etapas. Las MIA describen la implantación de dos tuberías, una de 60 pulgadas y 3,800 metros de longitud para el drenaje pluvial, y otra de 30 pulgadas y 3,850 metros de longitud para el drenaje sanitario. En ambos casos, las MIA indican que la descarga final se hará sobre el que llama “cuerpo receptor río Actiopa”, por lo que deberá contar con “la autorización de descargas residuales emitida por la Comisión Nacional del Agua” y de “la autorización de impacto ambiental o su exención” de parte de la SEMARNAT. Exige también la MIA la autorización por parte del Ayuntamiento de Juan C. Bonilla de las descargas de aguas sanitarias al colector sanitario existente.

En particular, la MIA que autoriza la segunda etapa del alcantarillado sanitario a la empresa GER Construcciones del Centro, afirma que el colector de aguas residuales se conectará directamente al colector existente en la localidad de San Antonio, en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, mismo que descarga directamente en el “río Actiopa” –así aparece escrito en el documento de la SMADUOT, cuando la palabra precisa es Actipan--, por lo que precisa que la obra no puede iniciar sino hasta que el promovente de la obra cuenta con la autorización de las dependencias federales CONAGUA Y SEMARNAT. Este punto es fundamental para entender el conflicto de fondo En Huejotzingo: los municipios de Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula no cuentan con planta de tratamiento, pero si la obra que pretende el gobierno logra la conexión con el colector municipal en localidad de San Antonio y el Ayuntamiento otorga la autorización de la descarga, poco importará que no existan los permisos federales.

Resalta en las MIA autorizadas que se presenta el proyecto como una obra “a ejecutarse a partir de la recepción de la presente resolución”. Es decir, una obra que inicia su construcción desde la etapa de preparación del terreno a partir del 20 de septiembre del 2019, pero que fue recibida como de ejecución total un año antes.

MIA GER Construcciones: SMADSOT/SGTDU/DDUIA/122/2019 (Primera Etapa)

MIA GER Construcciones: SMADSOT/SGTDU/DDUIA/119/2019 (Segunda Etapa)

MIA 0LI Construcciones: SMADSOT/SGTDU/DDUIA/123/2010 (Proyecto Etapa 1)

MIA OLI Construcciones: SMADSOT/SGTDU/DDUIA/121/2019 (Proyecto Etapa 2)

La Ciudad Textil

Este conflicto tiene su origen en la construcción de un fraccionamiento industrial sin la infraestructura para el tratamiento y disposición de aguas residuales. Varias empresas cuentan con plantas de tratamiento, pero muchas otras no. Las aguas residuales que resultan de la operación de los procesos industriales y de los sistemas sanitarios particulares se descargan en una laguna construida con ese propósito en tiempos del gobernador Rafael Moreno Valle, cuando el parque creció sustancialmente por la llegada de empresas ligadas a la industria automotriz. Así lo reconoció el propio presidente de Ciudad Textil, Jorge García Teruel en entrevista para Grupo Imagen en noviembre pasado, tras el estallido del conflicto.

“Pues mira –dijo a Héctor Ortiz, de Imagen Puebla TV—(la obra) es necesaria porque el parque industrial desde su nacimiento no tenía drenaje ni pluvial ni sanitario, al principio el parque era muy pequeño y se controlaba en una laguna de absorción, ha ido creciendo en los últimos cinco años y sí, nos vimos en la necesidad de hacer este proyecto.”

En sus declaraciones afirmó que las empresas instaladas en ese fraccionamiento industrial aportaron recursos económicos “peso a peso con el gobierno estatal y federal”, y reconoció que han operado sus plantas descargando sus aguas residuales a lo que llamó “laguna de absorción”. Es un hecho que las autoridades ambientales de todos los órdenes han permitido esta situación. Ni el municipio de Huejotzingo, ni la oficina ambiental del gobierno estatal, ni la Comisión Nacional del Agua intervinieron para resolver de fondo y desde las propias plantas el problema de las aguas residuales, con la instalación y la operación de las plantas tratadoras a las que por ley están obligadas las empresas. A punto de desbordamiento el sitio de la descarga, y comprometiendo la misma operación del aeropuerto de Puebla, su vecino, Ciudad Textil se vio obligada a resolver de alguna manera el problema. En el 2018, en el gobierno de Antonio Gali Fayad, los empresarios y la autoridad estatal acordaron la realización de una obra de conducción de las aguas residuales a un nuevo sitio de disposición. No hallaron mejor solución que arrojar sus descargas al río Metlapanapa por la vía del conflictivo proyecto de alcantarillado. Con la intervención del gobierno de Antonio Gali fue bautizado como “Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario-Pluvial en la Zona Industrial de Huejotzingo”, un proyecto que, a la fecha, no se ha hecho público.

Así lo explicó Jorge García Teruel en la misma entrevista: “Es un proyecto peso a peso con el gobierno estatal y federal, y con dinero del parque, y sí cabe aclarar que el drenaje o el colector pluvial está dividido, el colector pluvial aguas solamente de lluvia van a llegar al punto de descarga marcado por CNA, que es el río Metlapanapa. Es solamente un colector pluvial, no lleva ningún tipo de drenaje, descarga, de procesos, ni sanitaria, ni de ningún tipo. Y por el otro lado se está haciendo un colector de descarga sanitaria pero ese no llega al río. El proyecto marca que se conecta al colector del pueblo que está en Santa María Zacatepec, que es un colector guiado entubado y que va río abajo hacia San Pedro Cholula a las plantas de tratamiento que están ahí.”

El que no vaya a provocar contaminación al río es justo lo que los pobladores de Santa María Zacatepec no han creído, aunque ellos mismos descargan sus desechos en el río. Y lo que el Gobierno de Puebla, igual al mando de Tony Gali que de Miquel Barbosa, no ha explicado con toda claridad al público. Los documentos aquí expuestos revelan un conjunto de irregularidades y acciones ilegales en todo el proceso. Son varios los actores involucrados: los gobiernos de Tony Gali y Miguel Barbosa y los funcionarios de las dependencias estatales involucradas, en particular CEASPUE y la Secretaría de Media Ambiente, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; las empresas involucradas.

Lo que sigue

Finalmente liberaron a Miguel López Vega, qué bueno por él y por todos los que demandaron su salida inmediata de la cárcel y por quienes se han involucrado en la defensa del río Metlapanapa.

El interrogante se mantiene para el gobierno estatal, más allá de su obligación a reflexionar en torno a la equivocada política de criminalizar la movilización social para disuadirla.

Y sobre lo aquí denunciado: creemos que es su obligación analizar a fondo lo ocurrido con el proyecto para el parque industrial en Huejotzingo. La misma licitación, los términos del contrato y la recepción de la obra como terminada por el gobierno de Gali Fayad. Y sus propias manifestaciones de impacto ambiental. ¿Para qué, si no, está la Secretaría de la Función Pública? ¿Cómo es posible que se hayan pagado obras que no se han realizado? ¿Existe corrupción en el proceso? ¿De quién?

¿Qué piensa hacer con el proyecto de alcantarillado para sacar las aguas residuales no solo de Ciudad Textil, sino del sur-oriente de Huejotzingo? ¿Va a mantener la propuesta de arrojar las aguas negras e industriales al colector en Juan C. Bonilla, que va a dar sin ningún tratamiento al río Metlapanapa, y por su deriva a San Pedro Cholula y al Atoyac?

Ese es el problema de fondo en el entorno inmediato de Santa María Zacatepec y el problema estratégico para la sociedad poblana. No es nada más un problema del gobierno. Es un problema ambiental y de combate a la corrupción.

Es obligado un debate abierto, que involucre a los pobladores de Huejotzingo y Cholulas, a los empresarios, empezando por quienes representan a las industrias textil y automotriz, a los expertos en materia ambiental en las universidades, a los grupos civiles organizados, y al propio gobierno para que haga su trabajo, respete la normatividad y de verdad combata la corrupción. La catástrofe de la conurbación en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla nos involucra a todos, y cada quien debe hacer su parte.

Lee los documentos originales:

FINIQUITO GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO

FINIQUITO OLI CONSTRUCCIONES

CONTRATO GER CONSTRUCIONES DEL CENTRO

CONTRATO OLI CONSTRUCCIONES

MIA GER CONSTRUCCIONES PRIMERA ETAPA

MIA GER CONSTRUCCIONES SEGUNDA ETAPA

MIA OLI CONSTRUCCIONES ETAPA 1

MIA OLI CONSTRUCCIONES ETAPA 2