La Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló que audita los programas de saneamiento del Río Atoyac y de limpieza de la presa de Valsequillo, tras una denuncia de actos ilícitos promovida por la Secretaría de Medio Ambiente.

Olivia Villaseñor Rosales, titular de la SFP, señaló este viernes que por el primer caso está bajo investigación la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), y, por el segundo, la extinta Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot).

Al saneamiento del Atoyac se habían destinado 93.3 millones de pesos hasta octubre del 2019, de acuerdo con un reporte de la Ceaspue, mientras que para la presa se gastaron 200 millones, según el propio exgobernador Antonio Gali Fayad, cuando anunció el proyecto en julio de 2018.

Al comparecer en el Congreso del estado como parte de la glosa por el primer informe de gobierno, la funcionaria señaló que las investigaciones de ambos programas no han terminado, así que no podía abundar al respecto.

A los diputados de la Comisión Inspectora solo refirió que en cuanto concluyan las indagatorias se darán a conocer los hallazgos más importantes, aunque reconoció que las pesquisas se iniciaron tras una denuncia de posibles delitos.

Investigan a 19 funcionarios  

Por otro lado, Villaseñor Rosales dio a conocer que hay 15 procedimientos contra 19 servidores públicos por posibles faltas administrativas, pero evitó revelar las secretarías en las que laboran y el rango que ocupan.

A la vez dijo qué hay tres funcionarios sancionados, pero admitió que las sentencias aún no están firmes.

Auditan dependencias y municipios

En lo que respecta a auditorías practicadas a dependencias, organismos y municipios, detalló que se han practicado 18 por recursos de índole federal.

Los sujetos obligados revisados son las secretarías de Planeación y Finanzas; Infraestructura y Movilidad; la Ceaspue; el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y el Cobaep.

En cuanto a los municipios, dijo que se fiscalizó a Atlixco, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, antes gobernados por los panistas José Luis Galeazzi Berra, Félix Casiano Tlaque y Leoncio Paisano Arias, respectivamente, así como José Juan Espinosa Torres, militante de Morena y ahora diputado local del PT, pero crítico del gobierno el de Barbosa Huerta.