Puebla se encuentra dentro del Top 5 de los estados donde el delito de la extorsión telefónica “no cesa”. Ante esta situación la diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Claudia Báez Ruiz, exhortó a las autoridades estatales y federales, ordenen la inspección, revisión y confiscación de celulares y chips sueltos en los centros penitenciarios del país.

“Hay casos alarmantes pero lo importante de señalar es la frecuencia que afecta a las familias de todos los niveles socioeconómicos del país. Hay entidades, como Ciudad de México, estado de México, Puebla, Nuevo León y Guanajuato que no cesa el delito”, informó.

La legisladora poblana resaltó que un dato alarmante, es que entre 50 y 80 por ciento de las llamadas de extorsión salen de los penales; “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones de llamadas de extorsión”. Según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la gran mayoría de las extorsiones telefónicas provienen de los centros penitenciarios; tan sólo en 2016 ocurrieron 5.5 millones de llamadas.

Indicó que de acuerdo con el artículo 7, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta ley, deberán coordinarse para: garantizar que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos.

Báez Ruiz lamentó que el autogobierno de las prisiones ha hecho fracasar los inhibidores de señal de celulares, los equipos son objeto de sabotaje, las antenas se reorientan, se instalan dispositivos que inutilizan a los inhibidores. La corrupción y la mala tecnología en el sistema penitenciario permiten que el negocio de la extorsión telefónica siga prosperando.

Al final de 2019 e inicio del año 2020, el gobierno de la Ciudad de México, decomisó al interior de los centros penitenciarios en un periodo del 5 de diciembre al 10 de enero, total de mil 908 celulares, estas medidas además, han evidenciado la portación de chips, de manos libres y de equipos.

La congresista por Teziutlán, refirió que la extorsión telefónica se ha convertido uno de los delitos a distancia más frecuentes por parte de la delincuencia organizada debido a que les implica menor riesgo de ser detenidos y mayor probabilidad de obtener algún beneficio.

En la mayoría de sus variantes los extorsionadores, apuntó, emplean violencia psicológica para engañar a sus víctimas. Los casos más comunes de extorsión son: ganador ficticio, familiar secuestrado, familiar detenido, familiar en situación complicada y finge ser un grupo delictivo

Recordó que la extorsión telefónica tiene sus orígenes al principio del año 2000 y su incidencia está ligado a la masificación de los aparatos telefónicos y el aumento de las posibilidades económicas de compra para amplios sectores de la población.

Señaló que los delincuentes comenzaron a utilizar esos aparatos de comunicación para contactar a sus posibles víctimas, mediante llamadas, mismos que se incrementaron con la innovación de los teléfonos celulares que hicieron posible el envío de mensajes de texto.

“A través de la comunicación vía celular, los delincuentes desde entonces y actualmente, plantean supuestos escenarios que incluyen situaciones de riesgo o peligro para la posible víctima y/o familiares. La extorsión es un delito al patrimonio y es una amenaza física, en el caso de concretarse en físico, se puede convertir en secuestro, detención de personas, amigos o familiares, principalmente”

Mediante la amenaza o engaño, los delincuentes piden a las víctimas realizar depósitos de dinero a través de tiendas departamentales, comercios o transferencia bancaria.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ordene la inspección, revisión y confiscación de celulares en los centros penitenciarios federales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta con pleno respeto al sistema federal, a los gobernadores de las entidades federativas, para que a través de las secretarías de seguridad pública, ordenen la inspección, revisión y confiscación de celulares y chips sueltos en los centros penitenciarios estatales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública informe a esta soberanía sobre el monitoreo de los equipos que permiten bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen en los centros penitenciarios federales y estatales.