Puebla recibió solo 2 millones 151 mil pesos del gobierno federal para cumplir con la Alerta por Violencia de Género (AVG), reveló el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, quien atribuyó los altos índices de inseguridad y violencia a los gobiernos panistas.

Al comparecer ante el Congreso del estado como parte de la glosa por el primer informe de gobierno, el funcionario señaló los recursos se utilizaron en siete proyectos, entre ellos seis talleres, diez mesas de trabajo y la capacitación de 2 mil 600 servidores públicos para prevenir la violencia de género y la discriminación.

Entre los municipios beneficiados con estos programas se encuentran Puebla, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Chignahuapan.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal señaló que siguen en curso 45 acciones requeridas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de un total de 159.

El secretario recientemente designado en sustitución de Fernando Manzanilla Prieto dijo desconocer el avance de las acciones implementadas por municipios, pero aseguró que se están realizando.

El 19 de enero e-consulta publicó que solo dos de los 50 municipios donde se declaró la alerta el pasado 8 de abril de 2019 recibieron recursos del estado o la federación para cumplir con las acciones que solicitó la Conavim. 

Méndez justifica inseguridad

En el tema gobernabilidad, Méndez Márquez culpó a los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad del desborde de violencia e inseguridad en el estado.

En respuesta a una pregunta del diputado Oswaldo Jiménez López, sobrino de Gali Fayad, el morenista reclamó que en las pasadas administraciones se solapó la delincuencia y se impuso un régimen de persecución política.

Por ello consideró que solo los panistas “extrañan” a los gobiernos anteriores, pero el resto de los poblanos no.

Niega injerencia en poderes

En lo que hace a la relación entre poderes, Méndez Márquez negó injerencia del gobernador Miguel Barbosa Huerta en el Congreso del estado, el poder Judicial o los organismos autónomos.

Por ello rechazó que el gobierno estatal esté detrás de la fiscalización preventiva que la Auditoría Superior del Estado (ASE) busca practicar a la BUAP.

En otro tema, el secretario reportó que en varios municipios se impidieron 110 linchamientos solo en los cinco meses de la actual administración.