Para combatir delitos fiscales y electorales, el gobierno podrá intervenir teléfonos, según la propuesta de reforma al sistema judicial.

En el párrafo en el que se apunta que “La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”, se quitaron los términos “fiscal” y “electoral”.

Según el periódico Excelsior, los documentos, cuyas versiones definitivas el Ejecutivo enviará al Senado el 1 de febrero, también plantean que las víctimas de un delito soliciten cateos, eliminar a los jueces de control, retomar la prisión obligatoria para todos los delitos bajo la figura del arraigo y que las pruebas consideradas ilícitas por la manera como fueron obtenidas, sean valoradas por el juzgador.

De acuerdo con el proyecto de iniciativa de reforma constitucional y de cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que el Ejecutivo federal plantea enviar al Senado el próximo 1 de febrero, las quejas por presuntas responsabilidades administrativas de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal se presentarán directamente ante la Cámara de Senadores.

Por primera vez en la historia, los jueces y magistrados de todo el país podrán ser acusados ante el Senado por incurrir en corrupción en los procesos judiciales penales que tienen en sus manos; serán investigados por los legisladores federales y juzgados por un tribunal especial, nombrado por el Presidente de la República y el propio Senado.

El Senado, a través de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, actualmente encabezadas por Morena, substanciará el procedimiento, para lo cual tendrán una subcomisión especial de vigilancia y disciplina, que realizará las primeras investigaciones.