La reforma aprobada a la Ley del Notariado, para frenar la entrega discrecional de las notarías públicas, fue vetada por el gobierno de Antonio Gali Fayad.

La propuesta que impulsó la priísta Rocío García Olmedo y que respaldaron las bancadas de Morena, Encuentro Social y PT, establece un criterio poblacional para la creación de nuevos despachos públicos en los distritos judiciales, para así evitar que la entrega de los mismos se convirtiera en un premio sexenal.

La propuesta que se avaló en noviembre de 2018, establece en el  artículo 23 de la Ley del Notariado que: “habrá una notaría pública por cada 50 mil habitantes de la población económicamente activa por distrito judicial, de conformidad con los censos realizados  por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, proyectados según el Consejo Nacional de Población o el organismo similar que oficialmente realice dichas funciones. En consecuencia, el ejecutivo podrá crear y distribuir el número de notarías que se requiera, de acuerdo con lo establecido en esta ley”.

La presentación y aprobación de la iniciativa se dio en medio del  proceso que el ex gobernador Antonio Gali Fayad inició para entregar cinco notarías en los distritos judiciales de Atlixco, Santa Clara Ocoyucan, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan y Oriental,  pero el cambio no tendría efectos.

Esta semana, José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva, anunció que las observaciones  aplicadas por Gali Fayad no fueron atendidas por el Congreso.

Ante esto, los legisladores presentarán, por segunda ocasión, las iniciativas de reforma hechas a las Leyes de Seguridad Pública, de Protección al Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable, del Notariado, de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, del Periódico Oficial del Estado, y la abrogación a la denominada Ley Bala.

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