Con el linchamiento de dos hombres este miércoles en Acatlán de Osorio, suman 30 los crímenes ocurridos en 19 municipios de Puebla desde 2017 y hasta la fecha, los cuales dejaron 28 víctimas mortales.

La mayoría de las poblaciones en las que turbas enardecidas agredieron a presuntos delincuentes, se ubican tanto en el interior del estado como en la zona metropolitana, ya que siete de los casos ocurrieron en el municipio capitalino.

La Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que las víctimas de Ajalpan no eran delincuentes, sino campesinos que fueron confundidos con personas que intentaron robar niños.

Van 13 casos en 2018

La agresión en Acatlán es la número 30 desde 2017 y la treceava en lo que va del año. Anteriormente, ocurrieron hechos similares en Yehualtepec, San Martín Texmelucan, Juan C. Bonilla, Puebla, Atoyatempan, Tlacotepec de Benito Juárez, Domingo Arenas y San Andrés Calpan.

Destaca el caso del presidente del Consejo Municipal Electoral de Chalchicomula de Sesma, Gaspar Palacios Monterrosas, quien fue golpeado y quemado vivo por vecinos del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez el 11 de abril –en pleno proceso electoral–.

Los pobladores señalaron al funcionario electoral de haberse robado una motocicleta, pero la acusación no fue confirmada por las autoridades.

Sobresale también el linchamiento que consumaron habitantes de Yehualtepec, en contra de cuatro sujetos que presuntamente robaron un camión de carga con agua embotellada, quienes fueron golpeados hasta perder la vida.

Anteriormente, el 16 de marzo en San Miguel Canoa, municipio de Puebla, un hombre identificado como Pascual L., alias El Recio, fue quemado vivo tras ser acusado de varios asaltos en la zona. Aunque fue trasladado a un hospital, perdió la vida mientras era atendido.

El 11 de febrero, habitantes de la junta auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla, detuvieron a un sujeto que presuntamente ingresó a robar en una casa, por lo que fue atado de cabeza en unas canchas deportivas y golpeado violentamente hasta perder la vida.

Tras el linchamiento de los hermanos Copado Molina en Ajalpan, en 2015, el gobierno del estado implementó un protocolo para atender ese tipo de casos, según le dictó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque no ha podido evitar las muertes.

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