Jueves, 21 De Mayo De 2026 | Puebla

Seguridad

Tribunal ratifica amparo a Alejandro Armenta en caso por peculado

La Fiscalía deberá de revisar la integración de la averiguación previa toda vez que el presunto delito de peculado prescribió

Tribunal ratifica amparo a Alejandro Armenta en caso por peculado

Este lunes el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó un amparo para efectos a favor de Alejandro Armenta Mier, con el cual obtuvo la suspensión en materia penal de la carpeta de investigación 72/2016/DGSP, en la cual se le acusa de peculado cometido cuando fue secretario de Desarrollo Social (Sedeso) en el sexenio de Mario Marín Torres.

Con este fallo la Fiscalía General del Estado (FGE) tendrá un plazo de 25 días para que determine si judicializan o no la carpeta de investigación, toda vez que el amparo se concedió por la “ilegalidad del desechamiento de pruebas” al impedir que Armenta Mier presentara pruebas a su favor.

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De acuerdo con datos públicos del Consejo de la Judicatura Federal sobre el juicio de amparo radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo, este lunes por la mañana se desahogó la audiencia para resolver la revisión del caso por parte de un tribunal colegiado.

Aunque dicha audiencia estaba programada para días previos, la misma tuvo que reagendarse a fin de poder contar con la asistencia como tercera interesada de Perla Lizeth Torrez López, delegada de la Contraloría de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

PGR rechaza atraer la investigación por la prescripción del delito

Durante el fallo del Segundo Tribunal Colegiado, se determinó conceder la suspensión del procedimiento toda vez que la defensa de Alejandro Armenta entregó a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla, pruebas para demostrar su inocencia.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público decidió remitir la averiguación previa al encargado de despacho de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).

En respuesta, la PGR regresó la averiguación previa a la FGE debido a que con base en los informes de auditoría incluidos en la misma, se detectó que el delito de peculado que se le pretende adjudicar a Armenta Mier ya prescribió.

En su argumentación, el Tribunal consideró que la suspensión del procedimiento es legal toda vez que también la FGE se negó a emitir un informe previo en el cual desmintiera que se negó a aceptar las pruebas ofrecidas por Armenta Mier, por lo cual la autoridad federal lo dio por cierto.

Dan 25 días para judicializar el caso

En la síntesis del fallo también se establece que una vez que cause ejecutoria la sentencia con la respectiva notificación a la FGE, la cual puede demorar hasta 10 días, la autoridad tendrá un plazo de 25 días más para decidir si judicializan o no la averiguación previa.

“El amparo es para el único efecto de que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Dirección General de Hechos de Corrupción B, realice la investigación efectiva de los hechos denunciados y emita su determinación respecto de si ejerce o no la acción penal, para lo cual concede un plazo de 25 días hábiles a partir de que cause ejecutoria la sentencia”, expuso la FGE.

Armenta pide disculpa pública de Carrancá

Aunque el amparo sólo es para efectos de aceptar o rechazar las pruebas en la averiguación previa, este día Alejandro Armenta Mier, aspirante al Senado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ofreció una rueda de prensa para hablar sobre lo que considera una persecución política.

"Se trata del uso del sistema represor para crear esta trama corrupta a base de falsedades para señalarme por el delito de peculado y no se logró presentar las pruebas para que la autoridad procediera en mi contra", señaló.

Agregó que pedirá una disculpa pública al titular de la FGE, Víctor Carrancá Bourget, pues considera que se le acusó de delitos que hasta el momento la autoridad no ha logrado demostrar de forma fehaciente.

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