Cierra año con pugnas religiosas en Ocoyucan y Huehuetlán el Grande

Hasta mediados de este mes la Secretaría General de Gobierno (SGG) reconocía como pendientes de solución dos conflictos religiosos que se arrastran desde la administración estatal pasada, de acuerdo con una solicitud de información pública.

En la actual gestión que está por cumplir un año no se han abierto nuevos expedientes, sin embargo sí se realiza un seguimiento sobre los casos de los municipios de Ocoyucan y Huehuetlán el Grande, según el informe.

El caso de Ocoyucan se registra en el Templo de Guadalupe de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan; la dependencia lo clasifica como un pleito en el que un grupo de feligreses tomó el control del inmueble en contra de la voluntad del párroco.

La SGG retomó el tema en marzo de este año a través de la subsecretaría de Gobierno con la finalidad de llegar a acuerdos entre los interesados y hasta mediados de diciembre reportaba que se encuentran en proceso de negociación.

De los dos casos pendientes, este es el que lleva más tiempo pues comenzó hace un lustro y cumplió un año más sin solución en octubre pasado. En abril de 2017 la comunidad vivió la tensión de un enfrentamiento y señala motivos políticos.

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Mientras que en el caso de Huehuetlán el Grande el conflicto se generó en el Templo del Divino Niño de la Candelaria que se ubica en la cabecera, luego de que una parte de los feligreses que apoyaban al párroco se posesionaron de la administración del inmueble.

En este conflicto la dependencia buscó de inicio participar como intermediaria, pero de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información pública no se logró llegar a acuerdos entre las dos partes.

Para febrero de este año la Arquidiócesis de Puebla determinó retirar del servicio al párroco con el que se tenían conflictos, el curso se turnó al gobierno federal y el asunto también se encuentra en proceso.

Esta disputa religiosa comenzó en las últimas semanas de 2016, ha propiciado la presencia de un párroco falso y desde la Arquidiócesis también se han señalado motivos políticos por la intromisión de funcionarios en la designación de autoridades religiosas.

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