Comisiones de DH apoyan a la ONU y piden no aprobar la Ley de Seguridad

Comisiones estatales de derechos humanos pidieron a los senadores apoyaron el llamado de la ONU a no aprobar la Ley de Seguridad Interior e iniciar un diálogo naciones para determinar el esquema de seguridad pública que necesita el país.

Las comisiones de derechos humanos de la Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes y la de Baja California pidieron no aprobar la Ley de Seguridad Interior.

El jueves 30 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y la envió al Senado de la República.

En el documento se indica que cuando los municipios soliciten la aplicación de la Ley de Seguridad Interior se deberá establecer una fecha límite, la cual no podrá rebasar un año.

“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año”.

“Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de laDeclaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del presidente de la república, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad”.

Los diputados indicaron que en los estados en los que ya están las fuerzas militares, las autoridades tendrán un plazo de 90 días pasa solicitar laDeclaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

En el documento se establece que quedará prohíbo utilizar la Ley de Seguridad Interior en casos de manifestaciones no violentas.

Los diputados precisaron que la preservación de la seguridad interior no implica la restricción o suspensión de derechos y garantías.

“Permitirse una represión de ese tipo, la misma sería contraria a lo establecido en los artículos 1º, 7 y 9 de la Constitución, pues la preservación de la seguridad interior no lleva aparejada de forma alguna la restricción o suspensión de derechos y garantías”.

La ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicaron que las modificaciones que se le han hecho a la Ley de Seguridad Interiorno son cambios esenciales y que es necesario atender los señalamientos que han hecho.

“La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos. Además, las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana”, indicaron.

La Sedena defiende la Ley de Seguridad

El jueves 7 de diciembre, la Secretaría de la Defensa Nacional defendió la Ley de Seguridad Interior en el Senado de la República y aseguró que no se pretende militarizar al país ni perpetuar la presencia de los militares en las calles.

En una reunión en el Senado, Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, precisó que en la ley se establece que las Fuerzas Armadas sólo podrán ser empleadas como último recurso.

“Se dice que la Ley de Seguridad Interior es para perpetuar a los militares en las funciones de seguridad pública”.

“Primero, la ley no habla de las funciones de seguridad pública, segundo la ley categóricamente dice que las Fuerzas Armadas podrán ser empleadas como el último recurso, después de que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han sido insuficientes para contener la amenaza que se está presentando”.

“Entonces, de dónde resulta ahora la expresión de que estamos militarizando al país y de dónde resulta la expresión de que la ley está previendo que se queden para siempre las Fuerzas Armadas”.

Fortalecer corporaciones policiacas estatales

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que el peligro consiste en que los gobiernos estatales abandonen su obligación de fortalecer las corporaciones.

“Nuestra preocupación con la adopción es que pueda petrificar el statu quo, desmotivar el fortalecimiento de las corporaciones civiles y alimentar aún más este círculo vicioso”.

“Entendemos que hoy por hoy la situación de seguridad es tan compleja que no se puede retirar a las fuerzas armadas de inmediato, y que tampoco es ideal que sigan ejerciendo este rol sin un marco legal, pero no se puede aceptar la lógica poco racional de que el paradigma militar iniciado sin apoyo en la ley necesita legalizarse precisamente por su falta de éxito”.

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Proceso