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Congreso avala modelo de seguridad contrario a derechos humanos: Ibero
Lamenta el Sistema Universitario Jesuita que en lugar de contribuir a la solución de la crisis de violencia los diputados aprrobaron una ley que es absolutamente regresiva
Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior el día de ayer, la Cámara de Diputados ha decidido avalar en detrimento de los derechos humanos, la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que no le competen y, con ello, un modelo de seguridad que ha sido demostradamente fallido por las violaciones sistemáticas e impunidad en diversos casos.
Así lo establece un pronunciamiento de los titulares de los Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en el que se inscribe la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla.
El documento señala que “a casi 11 años de la puesta en marcha de la política de seguridad militarizada, datos ampliamente conocidos sobre el número de personas desaparecidas, homicidios dolosos, desplazamientos forzados y fosas clandestinas -entre otros- demuestran que la incorporación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ha tenido resultados desastrosos (…) “
Agregan los firmantes que “ la política de seguridad militarizada atenta contra los derechos humanos y el principio de progresividad de los mismos, ya que esta labor es propia de las funciones policiales y de seguridad pública, y no del Ejército”.
El documento refiere que “el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, en su visita a México, señaló puntualmente que: “El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas
El pronunciamiento concluye que “ en lugar de contribuir a la solución de la crisis de violencia desde el punto de vista legislativo y promover una cultura de prevención de la seguridad y el fortalecimiento de las autoridades civiles encargadas de velar por la seguridad ciudadana, la Cámara de Diputados aprueba una ley que es absolutamente regresiva, hecho que los Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita lamentamos profundamente”.