En nombramiento de fiscal general, Puebla es mal ejemplo: diputados

El estado de derecho, la certidumbre jurídica y el combate a la corrupción, son los principales reclamos sociales en materia de derecho, premisas que no se cumplieron durante el nombramiento del Fiscal General en diversas entidades de país, entre ellas el estado de Puebla.

Así lo advirtieron los diputados federales Braulio Guerra Urbiola (PRI) y Lorena Corona Valdés (PVEM), quienes propusieron reformar los artículos 102 y 116 de la Carta Magna, a fin de garantizar la autonomía e imparcialidad en el nombramiento del Fiscal General de cada entidad del país.

“Esta reforma permite que la procuración de justicia y el actuar de cada fiscal esté regido por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos y que su designación no obedezca a ningún tipo de interés público o privado”, argumenta el documento presentado por los legisladores ante la Cámara baja.

Añadieron que de esa manera se garantiza el ejercicio autónomo del fiscal, “porque la ausencia de un procedimiento transparente y reglas claras impiden considerar los mejores perfiles para ocupar el cargo y coartan la autonomía que es la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Recalcaron que la sociedad civil organizada ha puesto en la agenda legislativa la necesidad de legislar para que los fiscales generales de las entidades federativas sean nombrados con total imparcialidad y transparencia.

En ese sentido, destacaron que varias entidades federativas, entre ellas el estado de Puebla, cuentan con un Fiscal General “impuestos unilateralmente” por el gobernador en turno, “lo que genera la concepción de que dichos fiscales actuaran de manera parcial y supeditada a los intereses de quienes los han nombrado”.

Subrayaron que “en Puebla, cuando Rafael Moreno Valle fue gobernador, promovió a Víctor Antonio Carrancá como fiscal general, y éste a su vez a José Flota Ocampo”, por lo que existe un matiz de desconfianza de la ciudadanía respecto a nombramiento de ese funcionario.

Insistieron en la necesidad de que no sea automático el nombramiento del Fiscal General, para evitar a toda costa que un procedimiento que tiene una finalidad tan loable, se vea como un proceso amañado y tendencioso.

“La homologación de los estados al pasar de procuradurías a fiscalías no debe ser puente para el encubrimiento ni para la auto exoneración por lo que es necesario que se finiquite el vínculo histórico directo entre el Poder Ejecutivo y el órgano encargado de la impartición de justicia, el cual necesita de autonomía e imparcialidad en su actuar”, recalcaron los diputados.

Los legisladores Braulio Guerra y Lorena Corona insistieron en que su propuesta de reforma constitucional está encaminada a garantizar la autonomía del titular de la Fiscalía General de cada entidad federativa.