Por incapacidad de SSP, Congreso parchará Ley de Seguridad Pública

Por la falta de capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la aplicación de las pruebas de control de confianza, el Congreso del Estado hará una corrección a la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado que en junio pasado se aprobó y la cual obliga a 165 empresas privadas a que sus elementos estén evaluados.

Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, aclaró que la propuesta que se validó a esta ley el 1 de junio todavía no se publica en el Periódico Oficial del Estado.

La razón –explicó- se debe a que tras la reforma, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) valoró su capacidad operativa para aplicar las pruebas de control de confianza en las empresas de seguridad privada, y el resultado del análisis fue que no se lograría evaluar al personal dedicado al servicio de custodia.

“Los controles de confianza se tienen que realizar bajo ciertos condiciones y la capacidad instalada que existe en el estado para realizarlas no era suficiente para atender en el inmediato plazo a todos los cuerpos de seguridad privada que estarían demando el servicio, porque estarían obligados a tenerlos, es obligatorio, sí, pero tendrán un determinado tiempo para cumplirlo que va en dos vías: que ellos tengan la posibilidad de programar el enviar sus elementos y la otra que el propio estado tenga la capacidad de calendarizar la demanda que de un día para otro tendrá”.

La modificación que se hará a la Ley de Seguridad, agregó Aguilar Chedraui, consistirá en que tras la publicación en el Periódico Oficial del Estado, se presentará una iniciativa para adicionar un artículo transitorio, el cual establecerá el tiempo en el que las 165 compañías que tienen registro ante la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) deberán de cumplir con la evaluación de sus elementos.

Del periodo de gracia para las empresas, comentó que todavía se evalúa junto con la SSP y la Secretaría General de Gobierno (SGG) si se dará un plazo de entre tres a seis meses, para que así el personal de las mismas se les aplique las pruebas de control de confianza.

RMV planteó reformas para controlar la seguridad privada

Durante su sexenio, Rafael Moreno Valle envió una iniciativa al Congreso del Estado para tener un registro de las empresas de seguridad privada, padrón a cargo de la SPP, así como la obligatoriedad de las pruebas de control de confianza.

En octubre de 2015, el entonces gobernador Moreno Valle envió una iniciativa para facultar a la SSP a hacerse cargo del listado de compañías dedicas a los servicios de vigilancia privada, la cual se aprobó en ese mismo año.

En ese momento, los diputados facultaron al titular de la SSP a tener el control del padrón de las empresas de seguridad pública, elaborar y tener a su disposición un banco de datos de las particulares, implementar acuerdos con los prestadores de servicios, así como poner en marcha programas de capacitación y adiestramiento.

Sin embargo, los legisladores dejaron pendiente la obligatoriedad de las pruebas de control de confianza, la cual se validó el 1 de junio, en la sesión con la que arrancó el segundo periodo ordinario de sesiones.

En su momento, Mario Rincón González (PAN) presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, aseveró que la modificación a la Ley de Seguridad Privada, permitiría tener un control sobre el personal que está a cargo de labores de vigilancia en empresas, instituciones educativas, comercios y otros establecimientos.

La obligatoriedad de las pruebas de control de confianza representarán un ingreso para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dependencia a la que las empresas de custodia deberán pagar 4 mil 335 pesos por cada elemento al que se le aplique la prueba de control de confianza.

Al final del morenovallismo, aumenta padrón de empresas

En la recta final del sexenio de Moreno Valle, el padrón de empresas dedicadas al servicio de seguridad privada se duplicó, al pasar de 89 a 165 particulares que ofrecen labores de vigilancia.

De acuerdo con el registro publicado por la dependencia estatal, de las 165 empresas de seguridad privada, 99 tiene sus permisos vigentes y 65 se encuentran en proceso de revalidación.

Del servicio que ofrecen, más de 80 de las empresas con registro vigentes ofrecen un servicio de seguridad de bienes, cinco de traslado, dos de alarma y monitoreo, una de custodia de bienes y otros.

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