Por separado Alejandro Armenta Mier, diputado federal del PRI y Javier López Zavala, exdiputado federal del tricolor, afirmaron que la Auditoría Superior del Estado (ASE) se utiliza como un “garrote político”, luego de que el Congreso Local inició un proceso administrativo de determinación de responsabilidades en contra del exedil panista, Eduardo Rivera Pérez e inhabilitó por 12 años a la alcaldesa priísta de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez.

Primero, en rueda de prensa Alejandro Armenta calificó como “barbarie política” la investigación en contra de Rivera Pérez y de su correligionaria de Tehuacán, más tarde, López Zavala acusó que desde el Congreso se emprende una “persecución política”.

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Midieron a Rivera y se encuentra en primer lugar en aceptación

En rueda de prensa, acompañado de Horacio Gaspar Lima, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícola (UNTA), Armenta Mier subrayó que está a favor de la rendición de cuentas pero la Auditoría Superior del Estado (ASE) se ha convertido en un “instrumento de presión”.

Cuestionó que el proceso administrativo en contra del panista haya iniciado después de que el exedil capitalino fue medido y resultó en el primer lugar de las encuestas.

“Lo que hacen con Eduardo Rivera es un acto de barbarie política. Por eso su dirigente nacional y otros cuadros de su partido salieron a respaldarlo. Es un chantaje”.

Negó que el dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, se haya desentendido del apoyo a la alcaldesa de Tehuacán, al edil de Tepeaca, David Huerta Ruiz y al exedil de Teziutlán, Carlos Peredo Grau.

También rechazó una actitud similar de los diputados locales del tricolor, pese a que la coordinadora Silvia Tanús Osorio sostuvo que “no defenderán lo indefendible”.  

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Sanción contra Ernestina Fernández es escabrosa: López Zavala

Javier López Zavala calificó como “escabrosa” la inhabilitación contra la alcaldesa de Tehuacán, debido que le dieron poca oportunidad de defenderse.

“No soy defensor de Eduardo Rivera. Pero no se puede utilizar la ASE garrote político. Es parte de una persecución política. En el caso de Tehuacán es un tema también escabroso. Hay un abuso de autoridad”.

Cuestionó que prácticamente se haya reabierto la cuenta pública 2013 de Eduardo Rivera, donde se le observaron las irregularidades por más de 400 millones de pesos.

Rechazó que la dirigencia estatal del PRI haya dejado sola a Ernestina Fernández al señalar que incluso la asesoran abogados del Comité estatal.

También negó que en el sexenio de Mario Marín Torres también se haya perseguido a enemigos políticos a través de sus cuentas públicas.