A un año, Chalchihuapan llora a 2 muertos y policías andan libres

Mientras continúan libres los policías y mandos de la Policía Estatal que participaron en el desalojo de pobladores de Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014, tres habitantes de esa comunidad siguen encarcelados por delitos graves, cinco más enfrentan su proceso penal en libertad bajo caución y uno de ellos murió meses después a causa de las secuelas que le dejó su estancia en prisión.

Hace un año, los vecinos de esa junta auxiliar, perteneciente al municipio de Santa Isabel Cholula, se manifestaron en el kilómetro 16 de la autopista Puebla-Atlixco, en demanda de la restitución de los servicios del registro civil a las juntas auxiliares y la liberación de activistas opositores a las obras del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos.

Cuando los elementos de la Policía Estatal intentaron desalojar a los inconformes, se desató una trifulca entre ambas partes; sin embargo, los policías se vieron superados en número.

Estos acontecimientos dejaron un saldo de cuatro detenidos y varios policías y pobladores lesionados, entre ellos el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, quien pereció 10 días después en el Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla, a consecuencia de un proyectil con gas lanzado por los uniformados.

Los detenidos

Los ciudadanos detenidos ese día fueron: Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras (finado), Santiago Pérez Tamayo y Clemente Jiménez Tecalero, a quienes se les imputaron los delitos de motín, desobediencia y resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.

Debido a la cantidad de delitos, algunos de los cuales son graves, los pobladores no alcanzaron a salir bajo caución, pero posteriormente pudieron demostrar que eran inocentes y el 6 de agosto fueron liberados tras el pago de una fianza, pues se les promovió un incidente de desvanecimiento de datos en el delito de tentativa de homicidio.

Aparentemente, la represión contra la población de Chalchihuapan había quedado hasta ahí.

No obstante, la madrugada del 18 de octubre, un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera su dictamen del caso, los habitantes de la comunidad despertaron asustados por la presencia de un gran número de policías ministeriales que, con lujo de violencia, allanaron seis domicilios y ejecutaron cinco órdenes de aprehensión contra cinco civiles.

Los detenidos en esta ocasión fueron Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Raúl Contreras Montes, señalados de tentativa de homicidio, privación de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación; así como Álvaro García Xelhua y Fausto Montes García, quienes fueron acusados por ataques a las vías de comunicación.

Ese día, los ministeriales también intentaron capturar al edil de la localidad, Javier Montes Bautista; sin embargo, en esos momentos no lo encontraron en su domicilio y lo capturaron hasta el 21 de noviembre, en el municipio de Atzitzihuacán.

Continúan en la cárcel

Los ciudadanos que aún están presos son Vicente Juárez y Florentino Tamayo, así como el ex alcalde de Chalchihuapan, Javier Montes.

El abogado de los procesados, Alejandro del Castillo, explicó que luego de las pruebas presentadas, la autoridad federal constató que Vicente Juárez fue confundido con su hijo que se encuentra desde hace años en Estados Unidos, pero el Ministerio Público se inconformó e interpuso una apelación, por lo que el caso será resuelto en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Mientras tanto, Félix Xelhua, Santiago Pérez, Clemente Jiménez, Raúl Contreras y Álvaro García Xelhua se encuentran en libertad, pero continúan procesados bajo la causa penal 319/2014 en el Juzgado de Cholula, por los delitos de ataques a las vías de comunicación, privación de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.

Antonio Víctor Montes, uno de los primeros cuatro detenidos, falleció el pasado 3 de febrero tras seis meses de abandonar la prisión. Sus familiares argumentaron que a raíz de que fue encarcelado, su salud se deterioró ya que le causó ataques de ansiedad, depresión e hipertensión arterial.

De todos los pobladores capturados, sólo Fausto Montes obtuvo su libertad total debido a que se le promovió un incidente de desvanecimiento de pruebas, mediante el cual pudo comprobar que no era la persona señalada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Se amparan habitantes de Chalchihuapan

Después de la resolución de la CNDH, se dio a conocer que el gobierno del estado giró 13 órdenes de aprehensión contra vecinos de esa comunidad, por lo que estos buscaron la protección del Poder Judicial Federal e iniciaron juicios de amparo, seis de los cuales aún están pendientes.

El pasado 1 de julio, Vicente Villa -uno de los pobladores- ganó un juicio en donde el Poder Judicial Federal dejó sin efectos los señalamientos en su contra que eran los delitos de homicidio en grado de tentativa, motín y lesiones, por los cuales en su momento se le dictó auto de formal prisión.

"Después se amparó contra el auto de formal prisión, ganó y el gobierno estatal se fue a revisión, y la revisión que es la 103/2015 del Primer Colegiado en Materia Penal, confirmó la sentencia del Juzgado de Distrito. O sea, ya se ganó en dos instancias, y tendrán que dictarle el auto de libertad”, detalló el abogado Alejandro del Castillo.

¿Y los policías? Libres…

El 17 de octubre, un día antes que los últimos pobladores de Chalchihuapan fueran aprehendidos, la Policía Ministerial realizó un operativo en la Academia Nacional de Policía Ignacio Zaragoza, mejor conocida como "Los Encinos", donde detuvo a mandos medios de la Policía Estatal.

Estos fueron Juan Máximo Jiménez, Juan Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez, Luis Bernardo González Santos y Francisco López Domínguez.

Dos de ellos estuvieron acusados de la muerte de Tehuatlie Tamayo, mientras que los otros cuatro solamente enfrentaron cargos por falsedad de declaraciones y lesiones dolosas.

El 24 de diciembre, el Juzgado Tercero Penal desvaneció pruebas contra los elementos y es así como –a escondidas- dejaron el centro penal de San Miguel ese mismo día.

Ascienden a mandos

Una de las recomendaciones que la CNDH hizo al gobierno estatal fue iniciar un procedimiento de responsabilidad y una investigación en la PGJ en contra del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, así como del personal que actuó bajo su mando.

Sin embargo, a mediados de septiembre, las autoridades estatales sólo removieron de sus cargos a Yahir Bibiano Sánchez, ex coordinador de Despliegue Territorial del estado; Ofelia Flores Ramos, ex subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, y Willibaldo Díaz Castillo, ex director de Operaciones Policiales.

De acuerdo con una grabación difundida en redes sociales, el 21 de agosto, estos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estuvieron presentes en el desalojo.

El audio reveló la conversación que tuvieron el 9 de julio, a través de radio matra, en el cual se evidenció la falta de coordinación y la improvisación que hubo entre ellos para dirigir el operativo.

Además, en lugar de proceder contra los otros mandos medios que también coordinaron el operativo, las autoridades estatales los ascendieron asignándoles los puestos que quedaban acéfalos.

La SSP nunca confirmó esos cambios y meses después realizó otra reestructuración sin anunciarlo de manera oficial.

Incluso, a finales de septiembre, despidió a 400 policías estatales, entre ellos algunos de los que participaron en el desalojo y, aunque en la misma corporación trascendió que se giraron por lo menos 35 órdenes de aprehensión contra los elementos, no han habido más detenciones por estos hechos.