Estudiantes de la Buap denuncian posibles anomalías en su contra

Los siete jóvenes detenidos el 5 de junio acusados de haber atacado diferentes edificios públicos, emitieron un posicionamiento en el cual piden a las autoridades universitarias y a la sociedad que estén pendientes del proceso que tienen abierto, pues temen que se les puedan inventar pruebas para inculparlos de los hechos.

Por medio de un vídeo que circula en redes sociales, los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla refieren que, como parte de las investigaciones en las que han participado como integrantes del Comité para la Liberación de los Presos Políticos y en Contra de la Represión Social, han encontrado que es común que se incriminen a quienes disientes de las políticas del gobierno estatal por medio de pruebas falsas.

Por esta razón, y debido a que todavía no son absueltos de los hechos del 1 de junio, cuando se colocaron artefactos explosivos en las oficinas de la delegación de la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional Electoral y un paradero de la línea 1 del Metrobús, es que pidieron el apoyo de las autoridades universitarias.

Si bien agradecieron el apoyo que han recibido de parte de organizaciones sociales y del rector Alfonso Esparza Ortiz y la abogada general de la Buap, lamentaron el proceso que se abrió en su contra y la detención violenta que sufrieron el 5 de junio.

Es importante recordar que la madrugada de ese día Juan Carlos Tepole Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess y Dulce Carolina Parra Escalona, todos estudiantes de la Buap, fueron sacados de sus domicilios y llevados a la Procuraduría General de Justicia acusados de haber sido los responsables de los ataques a los edificios públicos.

La denuncia en su contra, se enteraron durante su detención, se originó de una carta anónima recibida por las autoridades, pero sin que hubiera pruebas concretas en su contra.

Los estudiantes estuvieron detenidos por cerca de 22 horas, y la mitad de este tiempo estuvieron incomunicados de sus familiares, por lo que además acusaron que se violaron sus derechos humanos.