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Sociedad
La violencia más común es el hostigamiento y amenazas, por parte de funcionarios, escoltas y medios de comunicación
La violencia contra las mujeres periodistas se ha incrementado durante la actual administración estatal y el peor año para las comunicadoras fue el 2013 cuando se presentaron tres casos, aunque podrían ser muchos más, indicaron Lucía Lagunes Huerta y Yunuen Rangel Medina, integrantes del Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
Durante la presentación del informe "Impunidad. Violencia contra las mujeres periodistas: Análisis legal", en la Ibero Puebla, Lucía Lagunes, que es directora del CIMAC e integrante de la Red Latinoamericana de Periodistas, dijo que hoy existe 90 veces más violencia contra las comunicadoras que en 2002.
En ese sentido Yunuen Rangel mencionó que los estados más peligrosos para las periodistas son Distrito Federal, Veracruz, Morelos, y, empatados, Chiapas, Puebla y Oaxaca.
De 2009 a la fecha el CIMAC tiene reportados ochos casos, pero cree que no es la totalidad, ya que muchas periodistas han “normalizado” la violencia.
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El año donde se presentó un mayor número de agresiones fue 2013, con tres casos, y luego 2011 con dos agresiones. En tanto que para 2009, 2010, 2012 y 2014 hubo sólo un caso en cada uno.
Funcionarios, los agresores
Rangel Medina sostuvo que el perfil de las víctimas son mujeres de más de 30 años, con varios hijos y que cubren la fuente de política, así como dan seguimiento a los temas de corrupción y desvío de recursos.
La violencia más común que padecen las poblanas es el hostigamiento y amenazas, por parte de funcionarios, escoltas y medios de comunicación.
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Comunicación e Información de la Mujer detectó que siete de cada diez agresores fueron funcionarios públicos, además de que el 60 por ciento de las víctimas trabajan para prensa y dos de cada diez en portales de internet.
Los tipos de violencia que más se utilizan para inhibir la actividad periodística son la sicológica, luego las amenazas, insultos y descalificaciones. También violencia física, violencia sexual o acoso por parte de compañeros periodistas, manifestantes y de jefes directos, y violencia institucional por servidores públicos en acción y omisión por no garantizar el acceso a justicia.
Violencia va en aumento
La directora del CIMAC destacó que la violencia en general contra las periodistas se ha incrementado en México, pues en 11 años ha habido 184 mujeres violentadas para que abandonen sus investigaciones periodísticas. El 6 por ciento de los casos derivó en feminicidios y otro 6 por ciento en desapariciones.
En el último informe, de 2012 a 2013, la organización documentó que 86 comunicadoras fueron agredidas por su trabajo.
Lagunes Huerta señaló que hay peores condiciones laborales para las mujeres que para los hombres. En un diagnóstico de 2008 se detectó que las periodistas trabajan en promedio 16 horas y con un solo día de descanso.
La gran mayoría carece de casa propia porque tiene que hacerse cargo de sus padres y prefiere vivir con ellos, ya que no accede a un crédito de vivienda.
En el país sólo el 15 por ciento de los puestos directivos en los medios de comunicación son ocupados por mujeres, pues en el 85 por ciento restante se desempeñan como reporteras o editoras para poder combinar mejor su maternidad con su trabajo.
Casos de agresiones
A la presentación del informe acudió Yadira Llaven, reportera de la Jornada de Oriente, quien fue agredida de manera verbal dos ocasiones en mayo de este año.
Yadira fue a Santa Isabel Cholula para cubrir una asamblea comunitaria sobre el caso del gasoducto Morelos. Cuando se detuvo para desayunar vio que trabajadores de la empresa Bonatti ingresaban a la comunidad con enormes tubos. Fue hasta el predio donde fueron depositados y empezó a tomar fotografías.
A los pocos minutos llegaron cinco hombres, quienes le pidieron de manera prepotente y amenazante que se retirara porque era un delito tomar imágenes de una obra privada, aunque el gasoducto es un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además la fotografiaron y tomaron los datos de sus placas vehiculares.
Poco después de publicar una nota sobre el incidente, Yadira recibió la llamada de Óscar Burgos, supuesto asesor de la Secretaría General de Gobierno, amenazándola con que tenían todos sus datos.