El gobierno del estado responsabilizó a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan de realizar una protesta premeditada, violenta y con trasfondo político el pasado nueve de julio, que culminó en un enfrentamiento con policías estatales y provocó lesiones de gravedad a un menor de edad que se encuentra hospitalizado.

Al ofrecer una rueda de prensa este martes en Casa Aguayo, en la que finalmente no se permitieron cuestionamientos de la prensa, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, sostuvo que en la protesta no fueron utilizadas balas de goma por los efectivos, pero sí un estimado de 200 cohetones, tubos de PVC y "piedras de gran calibre" por los quejosos.

Flanqueado por el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y por el procurador Víctor Carranca Bourget, Maldonado Venegas advirtió que la administración estatal presentará “pruebas contundentes” de la "provocación violenta" que realizaron los pobladores de Chalchihuapan y el expediente completo del caso a instancias como la Procuraduría General de la República (PGR) y al Congreso local para que también hagan un análisis “objetivo” de los hechos.

En tanto, presentó fotografías que, aseguró, demuestran la responsabilidad de los manifestantes en agresiones a los granaderos que participaron en los hechos y que lesionaron a más de 40 efectivos, y dijo que en cuanto sean consolidadas, presentarán más pruebas a la opinión pública.

Sobre el estado de salud del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo que resultó con una herida de gravedad en la cabeza que lo mantiene hospitalizado, Maldonado Venegas dijo que el afectado se “mantiene entre la vida y la muerte”, después que médicos le practicaron una cirugía el martes pasado.

Debe recordarse que en la protesta los pobladores inconformes exigieron la restitución del Registro Civil a las juntas auxiliares, pues el gobierno del estado retiró la operación de ese servicio a las autoridades de estas comunidades, a fin de que sólo estén a cargo de personal de los ayuntamientos.

Ante nulo diálogo por los pobladores se hizo despliegue policial, aseguran

El secretario aseguró que funcionarios estatales intentaron entablar diálogo con los quejosos, pero que ante la renuencia de los mismos, desplegaron a la fuerza policial “bajo un esquema de contención y disuasión” para desbloquear la autopista México-Puebla, en donde se desarrollaba la manifestación.

Sostuvo que en la intervención de los efectivos sólo fueron utilizados toletes y escudos en una primera instancia, pero que ante la “escalada de violencia y agresión por los manifestantes”, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar y contener a los agresores, pero aseguró que no fueron empleadas balas de goma, como lo aseguraron los pobladores de Chalchihuapan.

Por lo anterior, Maldonado informó que fueron aseguradas cuatro personas que por su participación “violenta” en los hechos fueron consignadas por las autoridades ministeriales.

Reiteró que el gobierno del estado se mantendrá pendiente de los dictámenes que el Congreso del Estado y la PGR emitan al respecto, pues aseguró que su interés es en que los hechos se esclarezcan.

Al concluir su mensaje, ninguno de los funcionarios estatales accedió a cuestionamientos de los medios de comunicación a pesar de que estos fueron solicitados, pues de manera apresurada y escoltados por personal de seguridad abandonaron el lugar.

El posicionamiento leído por el funcionario es el siguiente:

“En relación con los hechos ocurridos el pasado 9 de julio de 2014, con motivo del bloqueo de la autopista Atlixcáyotl, que interrumpió el flujo vehicular por más de cinco horas y que derivó en acciones violentas emprendidas por los manifestantes, el Gobierno del Estado de Puebla formula las siguientes precisiones:

“La Secretaría de Seguridad Pública reafirma que, en todo momento, el despliegue de la fuerza policial se produjo bajo un esquema de contención y disuasión, con el único objeto de lograr la apertura de la vía en cuestión.

“Desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les conminó al diálogo y a la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno.

“Agotados los llamamientos desoídos al diálogo, el operativo de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, no obstante la violencia expuesta por los manifestantes, fue exclusivamente con la utilización de toletes, escudos y cascos, en una primera instancia. Ante la escalada de violencia y agresión de parte de los manifestantes, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar y contener a los agresores. Se ratifica, así mismo, que en ningún momento se utilizaron balas de goma o cualquier otro dispositivo contundente, que los ya referidos.

“El comportamiento del grupo de manifestantes, no corresponde al perfil ciudadano de una protesta, ya que dio muestras de una intención claramente organizada, premeditada y de franca provocación y agresión, como se demuestra por el hecho de que iban preparados con diversos objetos contundentes tales como bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre, dentro de los que destacó la utilización de cohetones que fueron proyectados, incluso con la utilización de lanzaderas de aluminio y pvc, en agravio y afectación directa de policías y transeúntes, que reportó un saldo de al menos 46 policías lesionados y al menos dos civiles. En todos los casos, se dispone de los dictámenes médicos elaborados en los hospitales del sector salud estatal en los que fueron atendidos los heridos.

“Cabe destacar que durante la agresión de los manifestantes, se estima que al menos fueron detonados un estimado de doscientos cohetones, cuyo poder de impacto no solo lesionó personas, sino que destrozó cascos protectores y escudos de la policía, lo cual demuestra su poder de daño.

“Lamentablemente, se cuenta con un caso, el de mayor gravedad, que es el del menor de edad Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien fue lesionado gravemente por uno de los cohetones lanzados por los manifestantes en su violenta protesta, y que hoy se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, después de una intervención quirúrgica que le fue practicada la noche de los hechos y se destaca que se ha llevado a cabo el protocolo médico recomendado en estos casos.

“El propio 9 de julio de 2014, se aseguraron a cuatro personas que participaron en los hechos delictivos y violentos, emprendiéndose por la Procuraduría de Justicia del Estado las acciones jurídicas del caso, motivo por el cual fueron consignadas ante el juez penal correspondiente.

“El avance de la investigación dispone ya de evidencia contundente, en virtud de que se tienen testimonios, fotografías y videograbaciones que identifican plenamente a un número importante de agresores. Muchos de estos elementos son inclusive públicos, y confirman de manera evidente la relatoría expuesta.

“Desde el principio de este incidente, el Gobierno de Puebla ha ofrecido la más amplia cooperación con las Comisiones de Derechos Humanos, estatal y nacional, esta última a cargo de las investigaciones que atrajo a su ámbito, instancia a la que se le allegarán todos los elementos de que se disponen.

“Adicionalmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado dará vista a la Procuraduría General de la República, una copia de la averiguación previa respectiva, y le aportará también los peritajes, estudios técnicos y todos los elementos que obran en el expediente.

“La Secretaría General de Gobierno pondrá a disposición del Congreso del Estado de Puebla la información pertinente de la que estamos dando cuenta.

“El Gobierno del Estado de Puebla ratifica su compromiso con la preservación del Estado de Derecho, condena la actitud consciente, premeditada y organizada de grupos que encubren en la protesta una franca intención de provocación que afecta la integridad de los ciudadanos y los derechos de terceros, ratifica su respeto a la libertad de expresión, de manifestación y de protesta, sin distingo de la causa que la motive, en tanto no se incurra en la comisión de conductas delictivas, en agravio de la sociedad poblana.

“En el Gobierno de Puebla confiamos en que la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos garantiza una investigación objetiva, seria e imparcial y que habrá de contribuir al esclarecimiento de los lamentables hechos y se haga justicia, que es nuestro principal interés en este caso.