Los criminales no solo andan en las calles, en los barrios, en los antros; ahora despachan desde el poder, sentados en la silla principal de los palacios municipales. Desde ahí claman muerte, mucha sangre y dolor.
Del 2018, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, hasta el 2026 con Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades federales han registrado el asesinato de 37 presidentes municipales, muchos de ellos por estar vinculados con el crimen organizado.
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La cifra es para espantarse, principalmente al pensar que estos funcionarios públicos llegaron al poder a través del voto ciudadano, por la vía legal o a través de presiones y sobornos. Gobernaban a millones de personas.
Ahora bien, en febrero de 2026 algunos medios publicaron que desde 2018 por lo menos 25 alcaldes fueron detenidos por vínculos con la delincuencia organizada, esto es, por secuestro, extorsión u homicidio.
Ocho son de Morena; cuatro del PRI; cuatro de MC; tres del PRD y uno del PAN, PT, PVEM, Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México.
Pero ese número quedó rebasado, ya que después de febrero se produjeron nuevas detenciones, particularmente en Morelos, Puebla, Veracruz y Michoacán.
De acuerdo con esta estimación “conservadora”, desde 2018 al ocho de septiembre de 2026 la cifra es de 32 alcaldes detenidos o señalados en expedientes relacionados con delincuencia organizada o delitos asociados a redes criminales.
El caso más reciente fue el de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, militante de Morena, por estar relacionado con una célula dedicada al robo de transporte de carga y sus posibles redes de protección.
Tan sólo en Puebla, siete alcaldes fueron detenidos entre marzo de 2025 y el ocho de septiembre de 2026: cuatro de MC y tres de Morena, por estas razones criminales.
¿Qué aseguraron los elementos de seguridad a Isaac Rodríguez? Un importante arsenal compuesto por 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores y 11 vehículos (cuatro de ellos con blindaje).
En este operativo participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), con apoyo de información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades estatales.
Vale la pena, además, referir el caso de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, de Movimiento Ciudadano, detenido por los delitos de abuso de autoridad, y cohecho. Se dedicaba a la extorsión a gran escala.
Pero los presidentes municipales no son los únicos que son abatidos por la delincuencia organizada, también los diputados locales y federales pasan por esos endemoniados caminos.
El caso más reciente es el del diputado morenista Zenyazen Escobar. Su enigmática muerte coloca en un dilema nuevamente a la Cámara de Diputados, principalmente a la bancada de Morena.
Del uno de enero de 2018 al ocho de septiembre de 2026, las autoridades han documentado o registrado el asesinato de al menos ocho legisladores en funciones: tres diputados federales y cinco diputados locales.
Estas cifras nos deben cimbrar y retumbar en la cabeza a los ciudadanos; nos obliga a pensar a quién le estamos dando nuestro voto el día de las elecciones para no cometer los mismos errores.
Espanto y terror nos debería generar no solo saber, sino presumir o sospechar que nuestros políticos (gobernadores, alcaldes, senadores, diputados) están metidos hasta el tuétano con el crimen organizado.
¿Por qué? Porque son a los propios ciudadanos -a sus representados- a los que atacan, agreden, persiguen, sobornan y asesinan.
Si no lo vemos de esa forma, entonces no nos quejemos cuando desaparezcan nuestros seres queridos, cuando cierren nuestros negocios. En México debemos tener mucho cuidado de esas “finísimas” personas y ponerles un “hasta aquí”.
@elmerando