Estamos a las puertas de nuevos procesos de selección de candidaturas y, una vez más, la política mexicana parece repetir el mismo patrón: perfiles improvisados, sin experiencia, sin formación técnica y, en muchos casos, sin la capacidad mínima para ejercer responsabilidades públicas complejas.
Mientras tanto, trayectorias sólidas, preparación académica y experiencia territorial quedan relegadas frente a otro criterio que hoy parece tener muchísimo más peso: la obediencia.
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La política dejó de premiar el mérito y comenzó a premiar la lealtad personal; y eso ha tenido, tiene y tendrá consecuencias graves para el país.
Durante años se luchó por abrir espacios históricamente negados a las mujeres, juventudes y sectores excluidos. Las cuotas de género eran necesarias porque buscaban corregir una desigualdad estructural; sin embargo, muchos partidos terminaron utilizando esos mecanismos no para transformar el poder, sino para administrarlo. En demasiados casos, las cuotas se volvieron espacios para colocar perfiles políticamente funcionales, no necesariamente preparados.
El problema no son las mujeres ni las acciones afirmativas. El problema es que los partidos, las administraciones públicas, y en general el patriarcado, prefieren perfiles dóciles antes que perfiles capaces. Porque la preparación es incómoda, cuestiona, rompe las inercias y busca transformar las estructuras arcaicas.
Y en estructuras políticas profundamente verticales, resulta más fácil controlar a alguien sin experiencia que a una persona con criterio propio, formación y visión pública. Las cifras ayudan a entender la dimensión del problema.
De acuerdo con datos del INEGI, apenas el 38 por ciento de la población confía en sus gobiernos municipales, mientras que los niveles de percepción de corrupción en partidos políticos continúan entre los más altos del país. No es casualidad. Cuando los espacios públicos dejan de ocuparse por perfiles preparados, la ciudadanía percibe improvisación, simulación y mediocridad institucional.
Gobernar un municipio, legislar o tomar decisiones públicas no debería ser un premio de lealtad partidista. Implica entender temas complejos como seguridad, finanzas públicas, derechos humanos, territorio, desarrollo urbano o políticas sociales. Y eso requiere preparación.
Sin embargo, hoy vemos cómo la política se llena de perfiles construidos desde el compadrazgo, el clientelismo o las relaciones personales, mientras la experiencia profesional y la capacidad técnica son vistas incluso con sospecha. En México parece haberse normalizado algo peligrosísimo, que pensar y hablar demasiado incomoda más que no saber.
Y quizá esa sea una de las explicaciones más profundas del deterioro institucional que vive el país. Porque la mediocridad no llega sola al poder; llega porque alguien la promueve, la protege y la considera funcional.
Lo más preocupante es que esta lógica termina afectando directamente a la ciudadanía. Las malas decisiones públicas no son abstractas: se traducen en inseguridad, servicios deficientes, improvisación administrativa y gobiernos incapaces de responder a los problemas reales. La democracia no se fortalece solo llenando espacios. Se fortalece cuando quienes llegan a ellos tienen capacidad, visión y compromiso público. México necesita representación, sí, pero también necesita preparación.
Porque cuando el mérito deja de importar, lo que se degrada no es únicamente la política. Se degrada el futuro de México.