Dentro del Congreso existe una figura fundamental para el funcionamiento interno del Poder Legislativo, es la Secretaría General. Un cargo que debería representar institucionalidad, neutralidad, prudencia y profesionalismo administrativo, pues su responsabilidad no consiste en legislar, protagonizar debates políticos o construir plataformas personales de poder y mucho menos atacar o denostar a integrantes del Poder Legislativo; sino en garantizar el adecuado funcionamiento parlamentario.
La Secretaría General no fue creada para operar políticamente ni para administrar intereses particulares. Este puesto fue diseñado para auxiliar técnicamente al Poder Legislativo con discreción, legalidad y respeto institucional. Sin embargo, en Puebla pareciera que esa línea desapareció hace tiempo y hoy dentro y fuera del Congreso comienza a escucharse cada vez con más fuerza una pregunta que retrata perfectamente el momento que vive el Poder Legislativo: y ¿quién es el diputado número 42 en el Congreso de Puebla?
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Sí, el famoso “diputado 42”, apodo que ya acompaña en los pasillos a Julio Leopoldo de Lara Valera, un personaje que pareciera haber olvidado que no fue electo para ocupar una curul, aunque en los hechos actúe como si tuviera una en este poder. Porque mientras los diputados sesionan, deliberan y votan, el Secretario General suele limitar su presencia a solo una parte de las sesiones, pero aparece cada vez más involucrado en reuniones políticas, construcción de acuerdos, operación institucional, posicionamientos y dinámicas que rebasan por mucho la naturaleza técnica de su cargo.
Y ese es precisamente el verdadero problema del Congreso de Puebla. Porque una cosa es contar con experiencia política y otra muy distinta convertir un órgano técnico-administrativo en un espacio permanente de operación política. El Secretario General debería generar institucionalidad, no protagonismo.
Basta con observar cómo las instalaciones del Congreso han comenzado a utilizarse cada vez más para fines ajenos a la vida parlamentaria,convirtiéndose en espacios recurrentes para actividades, reuniones y eventos vinculados al entorno político del propio Secretario General, como si el edificio sede del Poder Legislativo pudiera utilizarse a conveniencia de un solo personaje y no como una institución pública que pertenece a todas las fuerzas políticas y, pero sobre todo, a los ciudadanos de Puebla, mientras las prioridades parecieran concentrarse más en fortalecer estructuras personales, relaciones políticas y plataformas de influencia que en mejorar la productividad legislativa, la transparencia o el respeto institucional dentro del Poder Legislativo.
Y es ahí donde comienza uno de los temas más delicados: los evidentes conflictos de interés que rodean su actuación pública. Por un lado, ocupa uno de los cargos administrativos más importantes del Congreso del Estado; por otro, mantiene presencia e influencia dentro de espacios mediáticos y estructuras de organización política que constantemente aparecen vinculadas al poder público, reconocimientos, gestiones y relaciones institucionales.
Entonces la pregunta inevitable es: ¿cómo puede existir verdadera imparcialidad institucional cuando alrededor del Secretario General convergen intereses administrativos, mediáticos y políticos al mismo tiempo?
Porque mientras los poblanos exigen transparencia, legalidad y resultados, dentro del Congreso pareciera consolidarse una estructura donde las gestiones, los reflectores y las prioridades orbitan alrededor de un solo personaje que se dice compadre del Ejecutivo estatal. Un funcionario administrativo que cada vez se parece menos a un Secretario General y más a un operador político permanente.
Y eso no solamente se percibe en el ambiente político del Congreso, sino también en la dinámica interna de gestión. Porque mientras diputadas y diputados esperaban atención a solicitudes, comenzaron a circular versiones sobre cómo las gestiones provenientes de la organización política vinculada al propio Secretario General llegaban en bloques y eran tramitadas con carácter prioritario e incluso urgente, avanzando en muchas ocasiones antes que solicitudes presentadas por los propios legisladores. Una situación que refleja hasta qué punto parecieran haberse desdibujado los límites entre la función institucional del Congreso y los intereses políticos construidos alrededor de la Secretaría General.
Y quizá el ejemplo más grave de esta descomposición institucional ocurrió con la controversia constitucional 217/2025 promovida por el Gobierno Federal, en la que se determinó que diputadas y diputados locales invadieron competencias de la Federación en materia de transparencia. Un asunto de enorme relevancia jurídica y política que debió ser informado oportunamente a los legisladores y que, sin embargo, terminó rodeado de señalamientos por omisión, discrecionalidad y falta de transparencia desde la propia Secretaría General.
El Congreso merecía claridad y terminó encontrando silencio. Merecía institucionalidad y terminó encontrando opacidad. Porque mientras el Poder Legislativo enfrentaba uno de los temas jurídicos más delicados de los últimos años, la información simplemente no fluyó con la transparencia que exigía la responsabilidad institucional del cargo.
Y como si todo eso no fuera suficiente, desde espacios vinculados al entorno mediático del propio Secretario General se llegó incluso a descalificar e insultar públicamente a diputadas y diputados de diferentes fuerzas políticas, alimentando un clima de confrontación política impropio de quien debería conducirse con absoluta neutralidad administrativa e imparcialidad institucional. La función administrativa exige prudencia, no confrontación, exige neutralidad, no protagonismo.
Y quizá lo más preocupante es que mientras Puebla enfrenta enormes retos legislativos y sociales, dentro del Congreso pareciera consolidarse una estructura donde una misma persona cobra como Secretario General y como medio de comunicación, una dinámica que inevitablemente genera cuestionamientos sobre conflictos de interés, uso de relaciones institucionales y acumulación de poder alrededor de un cargo que debería limitarse estrictamente a funciones técnicas y administrativas. Ni en tiempos de Mario Marín se llegó a tanto como lo estamos viendo ahora, es decir, ni en los tiempos del viejo régimen se había normalizado tanto protagonismo concentrado en un cargo técnico-administrativo.
El problema ya no es solamente Julio Leopoldo de Lara Valera, el problema es lo que representa para la institucionalidad del Congreso de Puebla.
Tal vez por la honorabilidad del propio Poder Legislativo y por la necesidad urgente de recuperar prudencia, neutralidad y profesionalismo institucional, sería momento de considerar perfiles distintos para encabezar la Secretaría General.
Porque al final el Congreso de Puebla no necesita un diputado número 42, necesita un Secretario General que entienda que las instituciones no fueron creadas para servir proyectos personales, plataformas políticas o intereses paralelos, sino para servirle con dignidad, legalidad y respeto a los poblanos. Y cuando un funcionario administrativo comienza a sentirse más importante que el propio Congreso, deja de fortalecer a la institución y comienza a convertirse en parte del problema.
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