Hace unos años, cuando el PRI mandaba y Mario Vargas Llosa definió al régimen como “la dictadura perfecta”, México tenía algo que hoy añoramos: eficacia institucional. Paradójico, pero cierto. Aquella maquinaria autoritaria, con todos sus defectos, sabía funcionar. En eso quizá se basó el gran escritor peruano para adjetivarla de esa forma.
El truco era simple: hacer algunas cosas bien, construir instituciones sólidas y llenarlas de servidores públicos formados, profesionales y comprometidos con el país. Gente que, sin importar el color del presidente en turno y los vaivenes políticos propios de los enroques, mantenía el Estado en marcha. Esa estructura aportaba estabilidad y continuidad.
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Cuando un gobernador perdía el rumbo o, de plano, exhibía sus excesos y alocado tren de vida que afectaban la estabilidad y la gobernabilidad, desde Bucareli o Los Pinos bastaba con citarlo en la CDMX para leerle la cartilla y corregir el camino. Se le pedía la renuncia, se enfermaba de repente o pedía licencia “por motivos personales”, sin mayores consecuencias. No existía la revocación de mandato —que nunca ha sido aplicada—, pero, cuando los gobernantes se convertían en un lastre, el control político era implacable y se actuaba con firmeza.
Ese mecanismo distaba de ser democrático, pero funcionaba. Y cuando se volteaba la cara y el poder protegía a alguno de los suyos, por interés, complicidad o simple amistad, el desgaste era inevitable. En gran medida, esas decisiones erróneas le cobraron más tarde esas facturas al PRI.
Los últimos ajustes de cuentas se dieron en tiempos de Peña Nieto: Fausto Vallejo en Michoacán (nexos con la Familia Michoacana) y Ángel Aguirre en Guerrero (los 43 de Ayotzinapa), ambos en 2014. Desde entonces, nada. Ni con los panistas en trece años, ni ahora.
Con la transición democrática sobrevivieron muchas de aquellas instituciones. Algunas se fortalecieron, otras se desmoronaron y nacieron nuevas. La idea era sensata: conservar lo que servía, cambiar lo que no. Los resultados no siempre fueron alentadores, pero, en general, fueron aceptables. Hoy estos hablan por sí mismos.
La tragedia se desborda
No se trató de un huracán —ya sabemos de sus devastaciones—, sino de “lluvias atípicas” que dejaron más de 64 muertos, un número similar de desaparecidos y miles de viviendas destruidas, principalmente en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Sí, unas simples lluvias atípicas, sin exclusa alguna.
La historia se repite como una maldición de octubre. Los avisos de la CONAGUA se emitieron con suficiente antelación, fueron transmitidos al CENAPRED y, a su vez, a los gobiernos estatales y municipales. Pero los gobernantes y sus áreas de Protección Civil permanecieron inmutables e impávidas ante la inminencia del desastre. Con los suelos saturados, el agua corrió furiosa, destruyendo todo a su paso.
Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, que como tifón arrastra un largo historial de escándalos e incompetencia desde su paso por la Secretaría de Energía, desde la comodidad de un helicóptero escribió en X: “Es un ligero desbordamiento del río Cazones, todo está bien”. Sin palabras. En Poza Rica, la presidenta Sheinbaum pagó los platos rotos de esa mezcla de mentiras, negligencia e insensibilidad: 29 muertos y 18 desaparecidos.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta regresaba de un misterioso viaje privado a Estados Unidos —según su secretario de Gobierno, Samuel Aguilar, “traería buenas noticias para la entidad” desde Arizona, cuando en realidad viajó a Nueva Jersey—. No se conocen los motivos ni los costos del vuelo, ni las buenas nuevas. Lo que sí sabemos es que se enfrentó a dos calamidades: un escándalo nacional por el uso de una aeronave privada —emulando al insigne Fernández Noroña— y, lo más grave, la muerte de 15 personas y la desaparición de seis.
Para colmo, el coordinador de Gabinete, José Luis Gutiérrez Parra, declaró que la “actualización del Atlas de Riesgo estatal estará listo muy pronto, urge… en seis meses, para abril”.
No hay desastres naturales
En materia de Protección Civil existe una máxima: “Los desastres no son naturales, sino una construcción social” —añadiría: también humana—, producto de lo que los gobernantes hacen o dejan de hacer y no de las veleidades de la naturaleza. Esta tragedia retrata con precisión ese principio: la inacción de autoridades municipales, estatales y federales, cada una con su elevada cuota de responsabilidad.
Más allá de la eterna repartición de culpas que acompaña a todo desastre, quizá sea momento propicio para detenerse y evaluar con objetividad la actuación de los gobernantes, sin colores ni banderas. Ante los reclamos de los pobladores de Huauchinango por el abandono del presidente municipal, la presidenta Sheinbaum escuchó y sentenció: “Yo le creo al pueblo”. Ojalá así sea, pero con consecuencias.
Posdata. Los casos de los presidentes municipales de Huauchinango y Poza Rica no son los únicos. La presidenta debe empezar por hacer los ajustes impostergables. La marea apuntaría claramente hacia Veracruz. Para los propios objetivos de su gobierno, es indispensable que ella sea acompañada por gobernantes que no le representen un pesado lastre. La mandataria debe dar un golpe de timón.
No por la oposición. Por supervivencia. ¿Lo hará?