Con motivo de la próxima sucesión rectoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla las universitarias y universitarios están esperando una campaña electoral que verdaderamente aborde los problemas que aquejan de manera dramática a los sectores a que pertenecen: el estudiantil, el magisterial y el no académico.
Podríamos decir que el movimiento estudiantil del semestre pasado, todavía vigente, fijó una agenda que las reuniones con funcionarios intentaron “desahogar”, pues más bien aplicaron una estrategia de control de daños, tan es así que hasta la fecha desconocemos los “acuerdos” alcanzados, a pesar de que se incluyeron pomposamente en las convocatorias para elegir al nuevo Consejo universitario, así como a las direcciones de distintas unidades académicas.
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Como en su momento lo dijimos, estas convocatorias incluyeron violaciones a los derechos constitucionales de las personas interesadas en participar como candidatas. Pero claro, el asunto de la reelección de la máxima autoridad personal de la universidad ni siquiera se tocó, con el pretexto de que está en la Ley de la BUAP. Como si la Ley no pudiera tocarse, cuando todos sabemos que con motivo de la “armonización” de la misma con las leyes nacionales, se le hizo llegar al gobierno estatal una Ley modificada como propuesta del propio Consejo Universitario, supuestamente como resultado de la consulta a toda la comunidad universitaria.
No hay duda de que la renovación de la rectoría de la BUAP pone sobre la mesa los acontecimientos más relevantes para la vida universitaria y la manera en que han sido abordados por las autoridades. Sin embargo, si analizamos detenidamente no sólo los cuatro últimos años sino el tiempo en el que se instaló una forma de conducción de la institución, nos daremos cuenta de que el sistema impuesto ha ido en detrimento del cumplimiento de las tareas sustantivas de la universidad, con el consecuente daño, en multitud de casos irreparable, a estudiantes, docentes y administrativos.
Es el caso del ingreso y egreso del estudiantado. El sistema del que hablamos ha disminuido cada vez más la matrícula, a tal grado que sólo ingresa el 31.9 % en el nivel de Licenciatura, 32 de cada 100. En cuanto al egreso, el abandono escolar es del 48.6 %. Sólo egresa la mitad de los estudiantes aceptados.
Estos resultados están directamente relacionados con el número de docentes.
En el nivel Medio Superior el Anuario Estadístico 2023-2024 reporta 982 docentes en total que atienden una matrícula de 23,736 estudiantes. De estos docentes 636 son profesores hora-clase, 116 son de Medio Tiempo y 230 son de Tiempo Completo. Esto significa que el 64.76 % de la planta docente es hora clase, prácticamente dos terceras partes. De aquí que a cada profesor de carrera, de medio tiempo y de tiempo completo, 346 en total, le corresponda atender a 68.52 alumnos, puesto que los profesores hora-clase están contratados exclusivamente por sus horas frente a grupo.
En el nivel Superior el mismo Anuario Estadístico reporta 4,099 docentes. Sin embargo, la cifra real es de 4,023, pues 76 de ellos se ubican en Dependencias Administrativas, tal y como lo señala el propio Anuario. Debo aclarar que en el nivel Superior incluyo toda la educación impartida que es posterior al nivel Medio Superior.
Estos docentes atienden una matrícula de 97,377 estudiantes, de los cuales 91,722 son de Licenciatura. Del total de docentes 1882 son hora-clase, 1844 son de tiempo completo y 297 son de medio tiempo. Esto significa que el 46.78% de la planta docente es hora-clase. Prácticamente uno de cada dos. De aquí que a cada profesor de carrera, de medio tiempo y tiempo completo, 2,141 en total, le corresponda atender a 45.48 alumnos.
Y aquí quiero llamar su atención sobre el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA) que en su Capítulo II De las Funciones de Docencia, Investigación y Extensión y Difusión de la Cultura señala las actividades y tareas que el personal académico deberá realizar de acuerdo con su categoría y tiempo de contratación. En el rubro de Docencia se señalan 14 actividades; en el de Investigación, 12, en el de Extensión y Difusión de la Cultura, 8. En total 34 funciones.
Obviamente ni un profesor de tiempo completo puede atender a 46 alumnos si además de dictar sus 20 horas frente a grupo, tiene que cumplir con 33 funciones más.
Imaginen el caso de los profesores hora-clase que desempeñan un conjunto de tareas que ni siquiera les pagan. Es más, piensen en que el porcentaje de profesores hora-clase en toda la universidad es de 61.42: de cada diez maestros, seis son hora clase.
Mientras se mantenga esta estructura magisterial, será imposible mejorar las cifras que dan cuenta del desempeño escolar del estudiantado. No se necesita ser mago para saber que la calidad de la educación y sus resultados dependen de la preparación y dedicación del magisterio. El problema no se reduce a despedir a unos maestros(as) y contratar a otros(as), el problema es sistémico.
Por eso de nada sirve que le ofrezcan al estudiantado que se convierta en la policía de la administración y que denuncie la inasistencia del maestro(a). Simplemente es una cuestión de retribución, de dotar al magisterio con las condiciones laborales necesarias para el desempeño de un trabajo especializado indispensable para formar profesionalmente a las y los jóvenes.
Plantearse el problema acerca del cumplimiento de los fines sustantivos de la universidad nos lleva irremisiblemente a volver la mirada hacia su estructura de gobierno, y no podemos sino concluir que el sistema impuesto hace décadas nos ha llevado a un ejercicio vertical del poder cada vez mayor. Las sucesivas rectorías han protagonizado lo que podríamos llamar la “dictadura perfecta”: las personas pueden cambiar, pero el sistema sigue intacto.
Lo que los universitarios están esperando es que desde la precampaña y durante la campaña electoral se propongan las medidas que conduzcan a resolver dos grandes fallas del sistema: la falta de garantías para recibir la educación de calidad a la que tienen derecho todos los jóvenes en edad de estudiar en la universidad; y la falta de representatividad ante los órganos de gobierno, incluida la rectoría naturalmente.
Ha sido la ausencia de un gobierno democrático lo que ha llevado a privar de la deliberación y decisión colectivas a toda la comunidad universitaria.