La letra escarlata (The Scarlet Letter) es una novela fundacional de la literatura estadounidense, escrita por Nathaniel Hawthorne y publicada en 1850. Se trata de un relato poderoso que denuncia la doble moral y la intolerancia religiosa de los tiempos puritanos. Leerla hoy nos permite entender, aunque sea parcialmente, los cimientos sobre los cuales se edificó lo que hoy conocemos como Estados Unidos.
La historia, ambientada en el Boston del siglo XVII —cuando aún era una de las Trece Colonias británicas—, narra las penurias de Hester Prynne, una mujer condenada por tener una hija fuera del matrimonio en una comunidad rígidamente puritana. Como castigo, es obligada a portar sobre el pecho una gran letra “A” de color escarlata: símbolo de "Adúltera". Hester, con valentía, se niega a revelar el nombre del padre de su hija, Pearl. Se trata del reverendo Arthur Dimmesdale, quien se consume en silencio, atormentado por la culpa. Con el tiempo, Hester logra ganarse el respeto de algunos miembros de su comunidad gracias a su dignidad, fortaleza y compasión, dejando en evidencia la hipocresía que la rodea.
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En México también soplaban vientos. Durante la temida época de la Santa Inquisición —un siglo antes de la publicación de Hawthorne—, se imponían castigos públicos a quienes cometían "herejías" o "culpas", de acuerdo con los dogmas de la Iglesia católica. Entre los castigos más simbólicos se encontraba el uso del “Sambenito”: una especie de escapulario o túnica que los penitentes debían portar en actos litúrgicos o procesiones, para ser señalados y humillados ante la sociedad. Había distintos tipos de “sambenitos” según el tipo de pecado cometido: para herejes, adúlteros, condenados a muerte, etc. Es importante señalar que estos castigos no se aplicaban a indígenas mexicanos no convertidos, aunque sí a los pocos judíos presentes en la Nueva España.
Traigo esto a colación porque parece que estamos presenciando una reedición moderna de la Letra Escarlata, impulsada desde Estados Unidos y aplicada recientemente en México. Hoy, basta con que una autoridad estadounidense señale a una persona o grupo por presuntos vínculos con el narcotráfico— hoy también terrorismo, según las reformas legales en ese país—, para que se le imponga una “marca” imborrable: su Letra Escarlata del siglo XXI.
Así ha ocurrido con la cancelación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, algunos alcaldes, grupos musicales, y también con acciones dirigidas contra narcotraficantes, boxeadores, empresarios financieros y otros personajes públicos. Todo esto ocurre en el marco de una lista —supuestamente compartida por el gobierno de Donald Trump a autoridades mexicanas— que incluiría a 39 personas, aunque algunos rumores elevan la cifra hasta 300.
Este asedio no parece casual. Por el contrario, da la impresión de formar parte de una estrategia bien diseñada que se articula en tres frentes: primero, contra políticos que colaboran o protegen a cárteles del narcotráfico; segundo, contra figuras públicas —como músicos o celebridades— que hacen apología del crimen o reciben financiamiento del mismo; y tercero, contra instituciones financieras mexicanas utilizadas para lavar dinero.
Las personas y entidades mencionadas —ya sea por comunicados oficiales o trascendidos, como el caso del gobernador de Sonora Alfonso Durazo— cargan penosamente con su “Letra Escarlata”, enfrentando el descrédito público sin que se les haya iniciado proceso penal alguno, ni en México ni en Estados Unidos. Sin embargo, viven ya bajo la sospecha, que, como dice el dicho, “no mancha... pero sí tizna”.
Paralelamente, Estados Unidos le traslada un pesado fardo al gobierno de Claudia Sheinbaum, presionándolo a actuar. ¿Cómo debe reaccionar frente a cada caso conocido públicamente? ¿Cómo resarcir la imagen de los involucrados y, de paso, la del propio gobierno mexicano, que corre el riesgo de parecer omiso y cargar con su propia Letra Escarlata?
Lo procedente sería iniciar —o continuar— investigaciones serias para determinar responsabilidades, o no, sin esperar que otros hagan lo que nos corresponde. La colaboración con Estados Unidos es bienvenida, pero más lo sería demostrar capacidad y autonomía para enfrentar las acusaciones y estos desafíos y evitar que el “Sambenito” nos sea colgado por una Santa Inquisición externa.
Tampoco se puede descartar que, al cargar con su Letra Escarlata, algunos de los penitentes señalados, puedan encontrar un resquicio para negociar su caso particular y colaborar con los emisarios estadounidenses y obtener su absolución. Lo harían, denunciando a otros personajes de mayor calado y, por ende, haciendo crecer aún más la bola de nieve que parece imparable.
Hay razones y argumentos para creer que las acusaciones y la cancelación de visas, están fundadas y por ello deben tomarse con seriedad. Pero no dejan de ser acciones incipientes, que, aunque dañinas en lo reputacional, no equivalen a una imputación penal o a una orden de extradición. Aun así, salir permanentemente con el estigma, es indigno, porque la marca es real y la humillación pública, efectiva.
La estrategia neo-victoriana le ha funcionado a Donald Trump. Exhibir a mexicanos como si el pecado original solo estuviera arraigado en este lado de la frontera y no allá. Una narrativa insostenible. Por lo que más bien, creo, estaríamos frente a una especie de reverendo Arthur Dimmesdale agazapado y escondido, sin reconocer también su pecado, que pretende disfrazarlo de venial.
Posdata. El senador Ricardo Monreal, supuestamente incluido en la lista -que nadie ha visto- ha anunciado que promoverá cambios a la Ley de Extradición Internacional. ¿Con qué propósito, si fue el propio gobierno mexicano quien entregó hace unos meses a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, sin acogerse a dicha ley ni a los acuerdos bilaterales firmados en la materia? ¿Buscará otra cosa?