Durante buena parte del siglo XXI, la “izquierda política” —muy distinta al comunismo que predominó antes de la caída del Muro de Berlín— construyó una narrativa poderosa basada en la justicia social, la reducción de la desigualdad, la ampliación de derechos y el combate a las élites políticas y económicas neoliberales.
En cierta medida, esa crítica encontró terreno fértil. La globalización y el modelo económico predominante concentraron riqueza en sectores cada vez más reducidos y ampliaron las brechas sociales en numerosos países. Ante ese escenario, diversos movimientos “progresistas” llegaron al poder por la vía democrática, presentándose como una alternativa ética frente a partidos tradicionales señalados por corrupción, privilegios e incapacidad para responder a las demandas ciudadanas.
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Sin embargo, una vez en el gobierno, muchos de esos proyectos comenzaron a enfrentar las mismas dificultades que habían atribuido a sus adversarios: desgaste político, problemas para ofrecer resultados tangibles, conflictos internos, acusaciones de corrupción y crecientes cuestionamientos sobre su desempeño. En algunos casos, incluso, fueron señalados por intentar debilitar contrapesos institucionales o concentrar poder autoritario bajo la justificación de impulsar transformaciones profundas.
El caso de Colombia resulta ilustrativo. La llegada de Gustavo Petro fue presentada como un cambio histórico y la consolidación de una “nueva izquierda latinoamericana”. No obstante, las dificultades para concretar reformas estructurales, los problemas de seguridad y diversas controversias políticas erosionaron su capital político. El resultado quedó reflejado en las recientes elecciones presidenciales, donde el candidato oficialista fue derrotado por la oposición, evidenciando el desencanto de una parte importante del electorado con las promesas de transformación.
En Argentina, el kirchnerismo sufrió uno de los reveses más significativos de su historia reciente. Durante más de dos décadas dominó buena parte de la vida política nacional bajo la promesa de crecimiento con inclusión social y fortalecimiento del Estado. Sin embargo, la persistente crisis económica, la inflación y el deterioro de la confianza ciudadana facilitaron el ascenso de Javier Milei. A ello se suman los problemas judiciales por corrupción que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner, los cuales han debilitado aún más la legitimidad de un proyecto que durante años se presentó como una “alternativa ética” frente al neoliberalismo.
Europa tampoco escapa a esta tendencia. En España, el gobierno de Pedro Sánchez atraviesa uno de los momentos más complejos de su trayectoria. Las investigaciones que involucran a personas cercanas a su entorno político y familiar han alimentado cuestionamientos sobre transparencia y ética pública. Los casos relacionados con Begoña Gómez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán han generado un intenso debate político y contribuido al desgaste de una fuerza que históricamente hizo de la “regeneración democrática” uno de sus principales estandartes.
De manera paralela, la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en un foco de controversia por su cercanía con gobiernos latinoamericanos de izquierda, particularmente el venezolano. Para sus críticos, ello refleja las contradicciones de una parte de la izquierda europea que terminó vinculada a estructuras de poder que distan de los principios democráticos y de transparencia que afirma defender.
Si existe un caso paradigmático de deterioro político e institucional es Venezuela. Después de más de dos décadas de la llamada Revolución Bolivariana, el país enfrenta una profunda crisis económica, social e institucional. La migración masiva, las denuncias sobre violaciones a derechos humanos y los cuestionamientos a los procesos electorales han convertido al régimen venezolano en una referencia obligada al analizar los riesgos de proyectos políticos que concentran poder y debilitan los contrapesos democráticos. La situación de Nicolás Maduro, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción, lo ejemplifica.
Chile ofrece una experiencia distinta, aunque con algunos elementos comunes. Gabriel Boric llegó a la presidencia impulsado por una nueva generación política que prometía profundas transformaciones. Sin embargo, el rechazo ciudadano al proyecto constitucional promovido por su coalición, las preocupaciones en materia de seguridad y la desaceleración económica redujeron significativamente el entusiasmo inicial que acompañó su llegada al poder.
México representa quizá la principal incógnita dentro de este fenómeno. La llamada Cuarta Transformación mantiene niveles de respaldo popular superiores a los observados en otros gobiernos “progresistas” de la región. No obstante, enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad, crecimiento económico, fortalecimiento institucional y relación con Estados Unidos. A ello se suman las acusaciones y señalamientos de protección al narcotráfico que involucran a diversos actores políticos, así como los costos derivados de una creciente polarización pública.
Un aspecto que tampoco puede ignorarse son los excesos, por cierto, de muy dudoso gusto, exhibidos por diversos personajes de Morena. Paradójicamente, algunos de quienes llegaron al poder denunciando privilegios y ostentación han terminado proyectando una imagen que recuerda precisamente aquello que prometieron erradicar. Tal ha sido la percepción pública sobre el éxito económico de ciertos integrantes de la llamada Cuarta Transformación que, hasta el mismísimo “Huicho Domínguez”, símbolo televisivo del nuevo rico ostentoso, parecería sentirse identificado e incluso tentado a buscar una candidatura bajo las siglas morenistas. Una vez más, la realidad se resiste a ser sustituida por la narrativa.
La acumulación de estos casos —a los que podrían añadirse Cuba y Nicaragua— permite identificar una tendencia más amplia. Buena parte de la “izquierda contemporánea” llegó al poder prometiendo una “superioridad ética” frente a las élites neoliberales y una mayor capacidad para resolver los problemas sociales. Sin embargo, en numerosos casos terminó enfrentando dificultades similares o incluso más profundas que las de sus antecesores: corrupción, vínculos con el narcotráfico, inseguridad, estancamiento económico, polarización política y debilitamiento institucional.
Existen, desde luego, excepciones parciales. Los países nórdicos suelen citarse como ejemplos exitosos de modelos socialdemócratas, aunque su desempeño descansa también en economías de mercado altamente competitivas e instituciones sólidas. China, por su parte, ha logrado un crecimiento económico extraordinario bajo un sistema político autoritario que limita significativamente las libertades individuales.
No se trata necesariamente del fracaso definitivo de una ideología. Las demandas de justicia social, igualdad de oportunidades y protección de los sectores más vulnerables seguirán formando parte central del debate político global. Lo que parece estar en crisis es la capacidad de una parte importante de la izquierda gobernante para transformar esas aspiraciones en resultados creíbles y sostenibles.
La cuestión ya no es si la izquierda puede conquistar el poder —eso ha ocurrido en múltiples ocasiones—. La pregunta relevante es si puede gobernar mejor que aquellos a quienes durante años demonizó y ofrecer resultados acordes con las expectativas que generó. Hasta ahora, la experiencia observada en diversos países sugiere que esa continúa siendo una asignatura pendiente.
Cuando una fuerza política se presenta como “moralmente superior”, el costo del desencanto suele ser mayor que para quienes simplemente prometieron administrar el gobierno. La realidad puede tardar en imponerse, pero termina haciéndolo. Lo que está siendo evaluado por los ciudadanos no son las etiquetas ideológicas, sino la capacidad efectiva de gobernar y responder a las expectativas que cada proyecto político generó. La extendida corrupción parece ser el epicentro de esa desilusión.