El pasado domingo 1 de junio de 2025 se llevó a cabo la tan criticada elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal. En algunas entidades sucedió lo mismo, pero para sus poderes judiciales locales, proveniente todo ello de uno de los 19 decretos de reformas constitucionales de los últimos seis meses en México.
Esta correspondió a la reforma publicada el día 15 de septiembre de 2024, que fue tildada de inconstitucional, donde se formuló la pregunta: ¿Puede haber reformas constitucionales qué resulten inconstitucionales?, y para evitar la respuesta positiva, se formuló otra reforma constitucional para impedir que vía juicio de amparo, controversia o acción de inconstitucionalidad se permitiera su impugnación.
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Todos han concluido que es una elección de diez por lo que hace a la presidencia de la república, y al partido oficial; no hay más que halagos a esa elección de jueces, magistrados y ministros, no hay otra postura más que la calificación de diez, se compara el número de votantes con los datos arrojados por los partidos de oposición en las elecciones presidenciales de hace un año… No hay más qué decir que la calificación de esas elecciones es el diez.
Por su parte, la oposición, los partidos contrincantes, los pocos medios de comunicación que se atreven a poner al público sus comentarios sobre la realidad de las elecciones, no hay otro comentario que estas elecciones del pasado 1 de junio de 2025 es de calificación de diez, pero esta calificación tiene sus matices, totalmente diverso a lo sostenido por la voz oficial, pues se asume que solamente fue a votar si acaso el 13 por ciento de los electores, de los cuales aproximadamente el 25 son votos nulos, por lo cual no se llega ni al 10 por ciento de votantes que efectivamente eligieron a un juez, magistrado o ministro, y que de paso, muchos de los electores no saben cuales son las funciones que le corresponde a cada uno de ellos.
La prensa extranjera y los organismos internacionales también sostuvieron que la votación fue de diez, pero de diez por ciento que acudió a votar, lo cual verdaderamente es un fracaso, que desde luego, no es culpa extrema de esta administración pública federal, esto es el resultado de años de falta de conocimiento de la población de a pie de contar con cultura jurídica, por lo menos, lo más indispensable que resulte, pero es necesario redoblar los esfuerzos sobre ese rubro.
Con esta elección del pasado domingo 1 de junio de 2025, se están cumpliendo diversos objetivos. Lejos del control que pudiera tener la administración pública federal en las decisiones más emblemáticas en los tribunales, lo cierto es que, como primer objetivo, se abaratan los costos de los juzgados y tribunales, pues el costo de jueces, magistrados y ministros, ya no es el mismo con que normalmente se contaba, particularmente a partir de las administraciones públicas de la oposición, es decir desde el año 2000, en donde se apostó por brindar mejores sueldos, prestaciones con la finalidad de que los jueces, magistrados, ministros no se corrompieran, con todos estos cambios, la disminución de salarios y la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, se cumplió con el cometido.
Pero, eso no es todo, se ha sembrado incertidumbre en los particulares, en los ciudadanos de a pie para acudir a los juzgados y tribunales, se ha propuesto que se resuelvan los problemas jurídicos sin la necesidad de acudir a un juicio, por ello es que, el otro objetivo de esta reforma constitucional, se podrá cumplir en unos tres años, que consiste en disminuir el número de tribunales y juzgados, pues son tantos y tantos, que es un costo muy elevado para el Estado mantenerlos.
Entonces, con ese temor de que es un riesgo acudir a un tribunal con estos nuevos funcionarios, la consecuencia inmediata será un reajuste de estos tribunales y juzgados en toda la nación y, además, una disminución de estas instancias jurisdiccionales.
Así, al implementarse esta conciencia de la falta de conocimiento de los jueces y magistrados, de que los resultados de los juicios estarán a criterio de estos tribunales, entonces, se está incentivando que se acuda cada vez menos a los juicios, y que solamente se acuda a los tribunales, cuando resulte indispensable y se tenga la seguridad del resultado que se pretende obtener, lo cual provocará un cambio de cultura en nuestra nación, desde luego con el paso del tiempo.
Esta reforma lo que acarrea es una serie de conceptos que provocarán esa conciencia al acudir a un juicio, que para el Estado no es otra cosa más que disminuir el costo que representa el Poder Judicial, por ello es que esta elección, por estas razones, fue de calificación de diez.
(Web: parmenasradio.org)