Cuando todo parecía indicar que el estado de Puebla sería pionero en la aplicación de medidas que permitieran vincular el número de placas de las motocicletas con la indumentaria (chaleco) y el casco de los ocupantes (conductor y acompañante), las negociaciones con grupos de propietarios y usuarios de este tipo de unidades vehiculares por parte del Congreso del Estado terminaron eliminando la obligatoriedad de portar el chaleco y dejar vinculado únicamente el casco.
De esta manera se perdió la oportunidad de garantizar la trazabilidad de una motocicleta y sus ocupantes desde que se incorporan a una vía rápida o secundaria hasta que la abandonan y, tratándose de unidades involucradas en alguna actividad al margen de la ley, la posibilidad de identificar a sus ocupantes por parte de la autoridad competente.
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Nadie dijo que adoptar este tipo de medidas sea un asunto sencillo, pero tampoco se puede negar que las motocicletas son el medio idóneo para cometer delitos y salir rápidamente de la escena del crimen sin dejar huellas de ningún tipo.
La evidencia empírica existente hasta ahora indica que en los últimos años este tipo de transporte ha sido utilizado para asesinar personas y la entidad poblana no ha sido la excepción, al menos así ha sido informado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
No debería pasar inadvertido que de lado de la delincuencia, en particular algunos grupos dedicados al secuestro de alto impacto, sí han recurrido a este tipo de medidas con cierto margen de “éxito”, al exigir que las personas encargadas del pago del rescate porten prendas con números o leyendas visibles a la distancia, así como vehículos con marcas o números sobre el toldo e incluso cascos de motociclista con algún tipo de nomenclatura.
Ahora solo queda la opción de obligar a los propietarios de las motocicletas a que registren sus unidades vehiculares y que circulen con placas metálicas colocadas en el sitio que marca el Reglamento en lugar de copias de permisos que renuevan mensualmente por 100 pesos; que conduzcan sus unidades con casco y que no excedan el número de ocupantes, de otra manera todo el esfuerzo del Poder Legislativo y el Ejecutivo habrá sido en vano y seguiremos siendo solo observadores de cómo los conductores de motos violan constante y flagrantemente dicho reglamento, como si fuera un deporte estatal y nacional.
Al respecto un par de historias: la primera tuvo lugar en el estado de Puebla en 2014, cuando en una reunión de la SSP estatal con empresarios de la capital, una de ellas reclamó al autor de estas líneas que los policías llegaban al sitio donde eran requeridos más tarde que sus repartidores en motocicleta, sin embargo al advertirle que si la autoridad le cobrara todas y cada una de las infracciones de tránsito en que estaban involucrados sus empleados su empresa quebraría, cambió la conversación y mejor se comprometió a poner a su gente en orden para que al estado le fuera mejor.
La segunda tuvo como escenario la Ciudad de México, en particular la Colonia Morelos, mejor conocida como “Tepito” entre los meses de abril y mayo de 2003; eran tantos los delitos violentos, incluidos asesinatos y robos por parte de ocupantes de motocicletas sin placas y sin documentos, que el gobierno local encabezado por el entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, tuvo que pedir el apoyo de la entonces AFI, CISEN y Aduanas, logrando retirar de circulación más de 700 motocicletas y llevarlas al corralón.
El nivel de impunidad era tal que más de la mitad de ellas no fueron reclamadas por carecer de documentos que ampararan su legítima propiedad. Eran los tiempos de “Hugo Bocinas” y “Beto Pelotas”, como los principales generadores de violencia, misma que fue resuelta con el simple hecho de poner en orden las unidades vehiculares que hoy nos ocupan, las motocicletas.
En síntesis, Puebla dejó ir una oportunidad para avanzar en la aplicación de medidas que a veces no gustan a algunos sectores de la sociedad, pero tampoco gusta que los jóvenes y ciudadanos en general salgan de sus casas con la incertidumbre que genera no estar seguros de volver sin ser afectados por alguien que viaja a bordo de una motocicleta.
Por supuesto que no se puede generalizar, pero tampoco se puede ser tan ingenuo como para pensar que no pasa nada. Tal vez solo falte un poco de voluntad política de la autoridad y la voluntad social de quienes hoy vivimos en las grandes urbes, que por momentos parecen condenadas a la anarquía hablando de movilidad y los vehículos que la hacen posible.