¿Vale o no la pena ir a votar el próximo domingo cuando haya elecciones para nombrar a 881 integrantes del nuevo Poder Judicial, en detrimento de los criterios de mérito, exámenes públicos y experiencia, que en el pasado servían para designar a los responsables de impartir justicia, previo acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en ocasiones con el parecer del Judicial?
En esa fórmula se fragua, o fraguaba, la virtud del equilibrio de poderes. La magia de la gobernabilidad democrática.
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Pero esa fórmula de consenso, hoy desterrada, pone en riesgo la legitimidad que hace que en una comunidad nacional unos pocos manden y los demás obedecen. Mauricio Duverger, el clásico de los partidos políticos, dice que toda la legitimidad del poder se basa en un sistema de valores; de juzgar de justo o injusto el poder, de bueno o malo. Los valores, como lo sólido, lo sabemos bien, más temprano que tarde se desvanecen en el aire. Los políticos profesionales saben que la legitimidad es una línea imperceptible que se refrenda todos los días.
Mientras los individuos crean en ese sistema de valores, van a obedecer las reglas impuestas por el gobierno, porque la obediencia se une a un sentimiento de deber moral. El problema aparece cuando ese sistema de valores se diluye o rompe, con la espada de Damocles encima, pendida de un pelo. Ese pelo es la fe de carbonero de millones en López Obrador. Una fe tan frágil o persistente como la que hoy une a Morena con la CNTE.
Es la apuesta de la presidenta y su partido en una reforma judicial que no augura nada bueno para la libertad en armonía que reclama a gritos medio país, expulsado del derecho a Ser, acusado de ácrata. Lo que sí augura la reforma es el retorno campante del hiperpresidencialismo de los años setenta.
Lo dijo con todas sus palabras el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. La presidenta tiene 85% de aprobación, Morena se quedará en el poder por lo menos cuarenta años más. Así lo expresó. La reforma oculta que se trata de una estratagema que somete al Judicial al Poder Ejecutivo, y en consecuencia abona en la dirección que apunta Noroña.
En una imagen idílica, los ministros y magistrados son una forma secular de monjes recluidos en monasterios, concentrados, sin la perturbación del exterior, sólo en la lectura de la Constitución y las leyes derivadas. Eso los lleva, o llevaba, a otra imagen simbólica de su hacer: la justicia ciega.
En ello reside, o se hacía residir, su eficacia. Simbólica si se quiere, pero al fin eficacia. Alguien dirá, no sin razón, que no se puede hablar de eficacia cuando cerca del 97 por ciento de los delitos cometidos quedan sin castigo. Cierto, pero la reforma como está diseñada no combate el porcentaje de impunidad reinante. Lo mete en la arena de la partidización y lo subyuga a los criterios del partido gobernante.
Con la Reforma la justicia se politiza, y toma partido por el “pueblo”. En buen mexicano, el pueblo son las obsesiones enfermizas de López Obrador. El pueblo es una figura retórica de la vieja izquierda autoritaria que sirve para todo, menos para el bien común y hacer comunidad.
Se atribuye a Francisco I. Madero la frase de que “siempre es peligroso para los pueblos dejar todo el poder en manos de un solo hombre”. O como dice un notable intelectual mexicano en un libro suyo “el pueblo soy yo”. Es un ejercicio retórico cada vez más desteñido por el uso abusivo que se hace de él.
La reforma de López Obrador para elegir ministros, magistrados y jueces a través de las urnas, los baja del viejo pedestal y los mete en el bullicio estercolero de la partidización, los intereses políticos de gobiernos y partidos, de grupos de interés, y sepa Dios de quién más. Las notas de prensa han dado cuenta de personajes impresentables puestos por alguna autoridad en el papel de candidatos para cargos judiciales.
Porque, a querer o no, y por su misma naturaleza, la elección lleva a los aspirantes a tomar partido. Porque no hay otra manera de ganar la voluntad de los electores, sino es prometiendo y granjeándose el favor de los pudientes. Por eso se han visto a las aspirantes poderosas para presidir el máximo órgano de justicia en reuniones con representantes de las viejas organizaciones corporativistas, que nacieron y se empoderaron en la era de predominio del PRI. Tan imprescindibles en el pasado como ahora.
La idea motriz de López Obrador era que la Reforma judicial serviría para purificar y combatir la corrupción en el Poder Judicial, y ya abierto el camino a Damasco, ahora sí el pueblo podría beneficiarse de ese bien tan preciado que es la justicia. Aunque la justicia es un valor liberal.
En esa línea se ha manifestado la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso los gobernadores. En Puebla, el mandatario Alejandro Armenta ve en la reforma la oportunidad para poner “el poder Judicial al servicio del pueblo”, y que el actual sistema de justicia es “el último reducto de la corrupción del viejo régimen”. La presidenta ha repetido las arengas del expresidente, de que se debe salir a votar porque “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, y que votando, el pueblo saneará el Poder Judicial.
La reforma tiene sus críticos, pero también quienes sin tomar partido advierten del riesgo que significa que los impartidores de justicia salgan libremente del pueblo, sin filtros, en cuyas filas caben todos, y por esa vía el Poder Judicial sea colonizado. En las últimas elecciones se ha observado que los grupos criminales cada vez se infiltran más en las estructuras de gobierno, a través de las presidencias municipales y diputados locales, y federales.
Ahora se habla incluso de nexos de gobernadores. En esa línea de preocupación se encuentra incluso la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Sus advertencias son en el mismo sentido.
Otra versión crítica centra el origen de la Reforma en las venganzas del expresidente López Obrador. Enmuinado contra los magistrados del poder supremo porque sus reformas aprobadas a una velocidad meteórica en el Congreso, las rechazaba el Poder Judicial, vía impugnaciones, o declarando su invalidez.
López Obrador encontró en el Poder Judicial un obstáculo que lo limitaba en sus apuros de cambiarlo todo, como fuera y al precio que fuera. Sobre todo con el arribo de la ministra Norma Piña a la presidencia. Sin entender que, en efecto, esa es la función de un poder judicial independiente, que abona a la unidad nacional. Además, de la inocultable megalomanía del expresidente de pasar a la historia como el único “fundador del país”. Antes de él, el caos. Con él se hizo la luz en el mundo.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿vale o no vale la pena salir a votar el domingo? El gobierno es el único promotor de la reforma. No se trata de una demanda de la población, ni de algún grupo en particular. Es una idea inoculada desde los techos más altos del poder político. La presidenta, desde la máxima magistratura, afirma que la reforma es la mejor del mundo. Los votantes por primera vez estarían nombrando no a dos poderes, sino a los tres poderes de la Unión.
El domingo se elegirán 2,681 cargos judiciales (1800 federales y 881 locales). Es la elección más compleja en la historia electoral del país. Al punto que el propio gobierno ha tenido que entrar en auxilio y salvarla. Incluso invitando a la población a votar, a través de la intervención de la presidencia de la República, los gobernadores, senadores y diputados.
Ante la apatía y desconcierto de los votantes, o ambas, el gobierno, los partidos, o el INE (quien ha pasado a segundo término), reparten, entre la población, acordeones con los nombres (color y número) de las candidatas y candidatos que deben ser votados. Los viejos criterios de legalidad, equidad, transparencia, libertad y participación informada de los votantes han pasado a ser piezas de museo.
Los criterios que en el pasado servían para determinar si unas elecciones eran técnica y democráticamente válidas, en los hechos se les ha declarado prescindibles. Los votos no serán contados por los ciudadanos, como en la breve primavera de democracia electoral. En “la verdadera democracia” los votos los cuenta la burocracia electoral, a solas, sin la presencia de observadores y con las boletas sobrantes útiles en su poder.
Lo que realmente estará en juego el domingo no es quién gana la elección o quién la pierde, son datos que a nadie importan. Lo que sí estará en juego y contará mucho en la presidencia y en el partido, es la capacidad de movilización de los gobiernos locales.
Indulgencias de alto valor que seguramente se podrán hacer efectivas más adelante cuando las relaciones hacia dentro del partido entre en colisión, por las candidaturas del 2027. Luis Carlos Ugalde, quien algo sabe de elecciones pues fue presidente del IFE en 2006, afirma que la elección del domingo no será democrática.
Nadie con una cultura política que implique dos dedos de frente se prestaría a la farsa electoral del domingo, a la elección de un nuevo Poder Judicial, cuya finalidad no sólo es el nombramiento de nuevos jueces y magistrados por la vía popular, sino el control de los responsables de la impartición de justicia, pero no sólo eso, el tema es mucho más grave. La estratagema oculta la extinción del Poder Judicial como contrapeso y garantía de equilibrios de la República.
¿Votar o no votar? La elección del domingo (la segunda será en 2027), sigue y ejecuta, al pie de la letra, el manual del buen populista de destruir todos los contrapesos para concentrar el poder en una sola persona. El populista desprecia el orden legal; cancela las instituciones de la democracia constitucional; moviliza a la población; y alienta el odio de clase. Morena tiene el control del Poder Ejecutivo; el Legislativo, mediante una sobrerrepresentación fraudulenta; y ahora tendrá al Judicial.
Sobrevive el último baluarte de la democracia liberal: el poder de los medios de comunicación, los periódicos, aunque cada vez más socavado.
@Ociel Mora