Las últimas semanas han sido un proceso de duelo, no hay forma de negarlo. Desde que se concretó la desaparición del INAI e inició operaciones Transparencia para el Pueblo, en lo personal, el sentimiento de pérdida ha sido fuerte.
Y aunque pudiéramos pensar que ya estamos saliendo y que vemos la luz al final del túnel, por desgracia, tendremos que revivir todo este proceso en el ámbito local, pues el pasado 22 de mayo medios reportaron que el gobernador Alejandro Armenta envió al Congreso del Estado la iniciativa para armonizar la Constitución local a la federal y eliminar al ITAIPUE.
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El tema pasó sin pena ni gloria, es más, ni siquiera fue incluido en el Orden del Día de la sesión de ese jueves, lo cual deja ver la poca atención que se le ha puesto a esta reforma, e incluso todo parece indicar que no se tienen claros los plazos que se tienen que cumplir.
Hagamos un poco de memoria. Fue el 20 de diciembre de 2024 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, por medio del cual se estableció la desaparición de diversos organismos, incluido el INAI. En este, se estableció que el Congreso de la Unión tenía noventa días naturales para emitir las leyes secundarias correspondientes; una vez que éstas entraran en vigor, los congresos locales tienen un plazo similar para “armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales”.
Así pues, el 20 de marzo de 2025 se publicó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las leyes federal y general en materia de datos personales; con esto empezó a correr el plazo para la homologación en los estados, el cual concluye el próximo 20 de junio.
Ojo, el decreto de diciembre señala que se debe ajustar el “marco jurídico”, no sólo la Constitución de las entidades federativas. De ahí que hay que preguntarnos si menos de un mes es suficiente para hacer todos los ajustes necesarios para cumplir con dicha disposición.
Esta reforma, además de ajustar el marco constitucional, implica la creación de nuevas leyes, o modificar las existentes, en materia de acceso a la información y protección de datos personales, de modo que cumplan con lo establecido en el marco jurídico federal. Además, no es sólo eliminar al ITAIPUE, sino que ahora sus funciones tienen que ser distribuidas entre diferentes instituciones públicas, lo cual será un proceso de transición complejo que podría llevarnos a una paralización de los sistemas de acceso a la información y protección de datos de no establecerse criterios claros.
Estos no son cambios menores, pues se tienen que modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, la Ley Orgánica Municipal, las leyes orgánicas del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, y de otros organismos estatales para que se asignen las facultades correspondientes. Es decir, se viene un cambio de la estructura de gobierno que no es fácil.
Sí, el plazo que se vence el 20 de junio corresponde sólo a la emisión de las leyes de transparencia y datos personales, pero si en la elaboración de estas no se consideran los demás ajustes administrativos y jurídicos que se tienen que hacer, podremos encontrarnos con vacíos que podrían generar obstáculos importantes en el ejercicio de estos derechos, como ya está pasando a nivel nacional, siendo el ejemplo más claro que en la Ley General se habla de tribunales especializados en materia de transparencia que, debido a los cambios en el Poder Judicial de la Federación, no existen.
Por esta razón, el llamado a las y los integrantes del Congreso local es a dedicarle el tiempo y atención necesaria a esta reforma, a no repetir los errores que se cometieron desde el Congreso de la Unión, y a que abran la discusión a la sociedad civil de modo que, aunque salga tarde, en este marco normativo se retomen las preocupaciones y se busquen mecanismos que protejan en serio estos derechos, más allá de tintes o intereses políticos.