¿Por qué incomoda y fastidia tanto la libertad de expresión a políticos y gobernantes, al grado que muchos de quienes la ejercen son vilipendiados, perseguidos judicialmente, privados de la libertad y en ocasiones mueren asesinados en condiciones sospechosas?
En estos momentos aciagos el periodismo se ha vuelto un apostolado que lucha en favor de la ciudadanía desamparada.
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La libertad de expresión está en consonancia con los avances y retroceso de la democracia, y la aplicación del Estado de derecho. A mayor democracia, mayores libertades, y viceversa. En ese proceso pendular, violencia e impunidad parecen darse la mano. Podemos afirmar que la libertad de expresión es el mejor indicador de la salud democrática de un Estado.
Pero, ¡cuidado! No sólo es la clase política la que atenta contra el derecho humano a saber sobre el estado que guarda la cosa pública, para opinar y sobre esa base demandar de los gobernantes, rendición de cuentas de sus actos. Un principio de legitimidad básica que sirve tanto a la población como a los propios gobernantes, cuando lo entienden, porque refrendan la confianza de la gente.
También aparece en primera línea la delincuencia organizada, cuando se siente amenazado por la libre circulación de información que puede revelar sus conexiones. Sin embargo, los demonios afloran cuando ésta entra en connivencia con políticos. Porque como dicen los especialistas, no se entiende el grado de impunidad sin la complacencia de las autoridades. Como no se entiende la pérdida de soberanía sin la omisión de gobiernos locales.
México sigue siendo el país más peligroso para la seguridad de quienes han tomado el apostolado de informar. No es un juicio de periodista. Es la conclusión general de los informes periódicos que suelen elaborar organismos internacionales especializados en el estudio y observación de la libertad de prensa, como Artículo 19, el Comité de Protección para Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Frontera.
La mayoría coincide en que México es el país en el que más periodistas mueren asesinados por su trabajo. Sin que haya consecuencias punitivas y cuando se llegan a dar, siempre quedará la sospecha de que hubo chivo expiatorio para proteger a poderosos, ya sean políticos o ya sean delincuentes.
En ambos casos, unos y otros resultan igual de temibles. Los jueces y juzgadores, de por sí venales y vulnerables, acaban copados y obligados a consentir tal vez por amenazas o sobonas. A eso súmese el papel poco diligente de los ministerios públicos.
Guardadas las proporciones, algo de eso parece revelar las extrañas medidas cautelares dictadas contra el columnista Héctor de Mauleón y el periódico El Universal, por un órgano electoral, de una entidad federativa del norte.
A primera vista los encargados de organizar elecciones y contar votos no tendrían ninguna competencia sobre la Constitución, toda vez que el derecho de escribir y publicar está consagrado en el máximo ordenamiento.
Los motivos de la demandante contra periódico y periodista: comentarios realizados por el escritor sobre el llamado huachicol fiscal y presuntos vínculos con funcionarios incrustados en diversos niveles de gobierno. El autor escribió con base a información documental firmada por el anterior Secretario de la Defensa Nacional, lo que parecería irrefutable. Pero no para ellos.
Los supuestos delitos invocados por la demandante son “calumnias” y “violencia política en razón de género”. La “sentencia” obliga a El Universal a borrar de su edición digital los comentarios relacionados con la candidata a Magistrada del Tribunal Electoral de aquella entidad, la señora Tania Contreras, exconsejera Jurídica en el gobierno de Américo Villarreal. Es decir, una “candidata ciento por ciento del pueblo”.
Al periodista se le prohíbe volver a escribir sobre la aspirante, so pena de ser objeto de las penalidades que se deriven del proceso. Se trata pues de un acto de censura con todas las de la ley.
Explicado por el propio Mauleón:
El 1 de mayo publiqué en este espacio (El Universal) la columna titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”. Hice referencia a un documento hackeado a la Sedena por el colectivo Guacamaya en el que el entonces secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval alertaba al director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, sobre una red de tráfico de huachicol, corrupción, sobornos y extorsiones, comandada por el administrador de Operación Aduanera Juan Carlos Madero Larios (cuñado de la quejosa y aspirante a presidir la presidencia del Tribunal Electoral de aquella entidad).
La libertad de expresión está en riesgo nuevamente como fue denunciado por un grupo de intelectuales liberales independientes en el 2019, en una carta firmada a la opinión pública. animada pro dos hombres intachables: Roger Bartra y Francisco Valdés Ugalde:
La libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello, está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante.
El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país.
La libertad de prensa es un derecho fundamental presente en las constituciones de todos los países democráticos del mundo. En el caso mexicano está presente desde la primera Constitución de Cádiz de 1812, promulgada cuando México era parte del Imperio español.
La libertad de prensa son las arterias que le den vida a los regímenes basados en las libertades individuales y colectivas. Es una de las contenciones más poderosas contra el Estado omnipresente. Una garantía que aterra a los actuales gobernantes.
Sin embargo, la prensa independiente y libre es el último dique que se mantiene de pie. El último baluarte. El régimen de Morena se ha encargado de derribar una a una todas las instituciones que impedían la concentración autoritaria del poder, y continuar con la alternancia de gobernantes en los principales cargos.
La embestida contra el periódico más antiguo que se sigue editando en papel y uno de los periodistas más agudos, hay que leerla en clave. No me parece un hecho aislado, sino parte de una intrincada cadena, cuyos eslabones se van cerrando con base en una estrategia bien calculada.
Chayo News
Muy lamentable la muerte de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, la mañana de ayer martes. Sin embargo, la reacción del gobierno mostró un carácter que manifiesta una marcada diferenciación social: mucha empatía y afecto cuando se trata de personas cercanas o miembros del Partido del gobierno, y cuando no, los deudos se topan con la frialdad de la puerta cerrada de Palacio Nacional. Son los contrarios, los otros, los desarraigados, los apátridas, los ácratas.
En el país mueren por homicidio diariamente entre 65 y 80 personas. Y entre 12 y 15 desaparecen, que no dejan rastro. Sin embargo, no pase nada, porque el fenómeno de la muerte y los desaparecidos se ha normalizado. Incluso se trata de inocular la versión de que la violencia de muerte es culpa de la misma población.
Ahora la reacción fue diferente y, como se decía en el pasado, en cadena nacional y en tiempo real. Las gesticulaciones y apuros, fueron mirados por todo mundo.
Otra es la actitud cuando los deudos no son de Morena y tienen la desgracia de no pertenecer al primer círculo. Recuerdo el lamentable caso de la familia LeBaron. El 4 de noviembre de 2019, en el poblado de Bavispe, Sonora, tres mujeres y seis niños fueron asesinados a quemarropa e incendiado el vehículo en el que viajaban. La versión oficial fue que se trató de una confusión, y a regañadientes fueron atendidos una vez, más por la nacionalidad gringa que por deber público.
El presidente López Obrador se mostró distante frente a la tragedia, incluso me pareció que reía cuando una mañanera refirió el caso. ¿Por qué? Porque los LeBaron son activistas, y fueron de los primeros que criticaron el modelo de seguridad de López Obrador. Participaron en la primera manifestación en contra del presidente porque no estaba dando los resultados prometidos. Mientras él se escudaba en frases hechas: “Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”. Además, los LeBaron tienen la nacionalidad norteamericana, al parecer eso le chocaba al presidente.
@ocielmora