Después de entregadas las instalaciones de Ciudad Universitaria, del Área de la Salud, de las Preparatorias, del Complejo Cultural Universitario, de CU2 y, probablemente, del Centro Histórico, la pregunta que nos planteamos es ¿cómo van a lograr las y los estudiantes que las autoridades y funcionarios cumplan con los acuerdos firmados? ¿Cómo no hacerlos caer en la trampa de la calendarización de las demandas, hecha por la administración, para mediatizar este gran movimiento que ha despertado el deseo y la convicción en cada universitario(a) de que sus necesidades deben ser atendidas y de que el respeto y garantía de sus derechos no es algo que se pueda posponer indefinidamente?
Atendiendo al pliego petitorio general centraré las demandas en cuatro puntos cardinales.
Más artículos del autor
Primero. La insuficiencia de la infraestructura material y de insumos indispensables para cursar adecuada e íntegramente el programa educativo elegido por el y la estudiante.
Segundo. La exigencia de un trato libre de violencia que incluye el acoso por parte de docentes, autoridades y funcionarios que no sólo activamente o por encubrimiento han desatendido su obligación de dar curso a las denuncias presentadas reiteradamente, sino que no han entendido que su permanencia en los distintos cargos depende de su eficiencia, honestidad y del trato respetuoso hacia el estudiantado, en lugar de usar esas posiciones para burocratizar y, consecuentemente, controlar su desarrollo escolar y su participación política.
Tercero. La imperiosa necesidad de mejorar la calidad académica de la enseñanza universitaria.
Cuarto. La inaplazable necesidad de democratizar los procesos de elección de las autoridades personales y colegiadas.
Lo primero es fácil de cumplir, puesto que lo que requiere es la asignación del presupuesto necesario. Digo que es de fácil cumplimiento porque algo tiene que ofrecer la administración, de manera inmediata, a cambio de la buena disposición del estudiantado al entregar las instalaciones.
Lo segundo requiere que tanto autoridades como funcionarios reconozcan que no han cumplido con su trabajo y que lo menos que pueden hacer es corregir sus deficiencias dando curso a las investigaciones y garantizando la conclusión de las mismas, sin burocratizarlas. Lo más difícil para cumplir con este punto es cambiar la actitud de la administración que hasta ahora ha funcionado bajo el precepto de vigilar y castigar, en lugar de servir y atender.
El tercer punto es nodal, en la medida en que, efectivamente, las funciones sustantivas de la universidad son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y por esto justamente debemos estar en guardia frente a cualquier medida que, buscando dar una respuesta “a corto plazo” al estudiantado, implique simplemente que las autoridades y funcionarios recurran al fácil expediente de ofrecer la cabeza del magisterio al estudiantado “apretando aún más las tuercas”, ya de suyo asfixiantes.
Señalo esto porque ya circula en las distintas unidades académicas la pretensión de imponer un conjunto de medidas, supuestamente dirigidas a la mejora de la educación, que violan los derechos humanos, laborales, de libertad de cátedra y de investigación, de libre expresión e incluso derechos de autor de las y los docentes.
Algunas de estas medidas son: entregar el programa del curso, con la forma de evaluación incluida, firmado por los(as) estudiantes; actualizar los programas porque hay profesores con los mismos programas desde hace años; hacer exámenes departamentales; tomar obligatoriamente cursos de formación docente porque los maestros(as) no tienen un grado ni en educación ni en pedagogía y, de no ser así, no serán recontratados o se les descontará parte de su salario.
Las dos primeras medidas relativas a los programas de las materias ignoran las funciones propias de las academias, puesto que cada docente e investigador(a) forma parte de alguna academia al interior de la cual se discuten y aprueban los programas con todo lo que estos incluyen. Así lo establece el Estatuto Orgánico en su Artículo 33. “Las Academias son agrupaciones constituidas por miembros del personal académico que tienen a su cargo las actividades inherentes a las funciones sustantivas de la Universidad. Tendrán carácter deliberativo y propositivo y se organizarán en cada una de las unidades académicas por áreas, disciplinas y niveles educativos, conforme se establezca en el reglamento correspondiente.”
En cuanto a los exámenes departamentales no buscan sino hacer del docente el único responsable de las notas reprobatorias de los alumnos, nuevamente una cabeza que ofrecer, ignorando la libertad de cátedra y de investigación con la que la fracción VII del Tercero Constitucional dota a las universidades autónomas. Estos exámenes se sustentan en la idea de que el docente no es un forjador o formador del alumno(a) sino un simple facilitador y olvida la riqueza del intercambio docente/estudiante que resulta de la libertad con la que el docente transmite sus planteamientos de problemas, sus posibles soluciones, las maneras de evaluarlas y sus métodos de enseñanza y evaluación acordes al estudiantado específico al que dirige su cátedra y al contexto en el que la dicta.
No contentos con el empobrecimiento de la educación impartida, se atenta también contra los derechos de autor del docente, pues tiene que entregar sus “reactivos”, léase preguntas, desprovistas de todo lo que rodeó la generación de las mismas: la manera en que el(la) docente concibió la organización de la temática del curso y su impartición, claro avaladas por su academia.
El colmo sería que funcionarios y autoridades obligaran a los docentes a tomar sus llamados cursos de formación docente y que los amenacen con la pérdida del empleo o con el descuento de su salario. La calidad de la enseñanza no depende de la “capacitación pedagógica” sino del dominio teórico-metodológico de la disciplina que el(la) docente cultiva. ¿Cómo se explica esta “deficiencia” del o la docente si ya ocupa una plaza mediante examen por oposición o mediante una evaluación curricular?
El problema no radica realmente ni en la falta de preparación de los(as) maestros(as), ni en su falta de capacitación pedagógica, sino en la falta de salarios correspondientes al trabajo especial desempeñado y a la falta de estabilidad laboral. Y no sólo eso, sino fundamentalmente a la violación de los derechos laborales de los miles de profesores de asignatura hora clase que sólo cobran por dar sus clases frente a grupo y, sin embargo, quieren que regalen su tiempo, su esfuerzo y dedicación a cambio de los “puntitos” que quizá algún día les sirvan de algo.
El “ausentismo” magisterial es un problema sistémico y la crisis a la que ha llevado a la educación superior no se va a resolver ofreciendo la cabeza del magisterio.
El estudiantado tiene el legítimo derecho a exigir una mejora sustancial de su educación, pero de nada le sirven los chivos expiatorios.
El cuarto punto relativo a la democratización de las elecciones de autoridades personales y colegiadas está estrechamente vinculado al anterior. Mientras la universidad no cuente con profesores(as) independientes y en condiciones de ejercer su derecho a tener su definitividad, o su promoción sin que las conviertan en prebendas o privilegios a cuentagotas, la democratización será inalcanzable y la mejora de la educación nunca se logrará.