En 2018, Morena llegó como una ola de esperanza para México, un país sumido en corrupción, desigualdad, pobreza, violencia e infraestructura deficiente. Todo esto resultado de la incapacidad institucional y el abandono de las instituciones que conforman el Estado.
Recordemos lo esencial: la teoría del Estado establece que debe contar con tres elementos fundamentales: territorio, gobierno y población. Cuando se habla de abandono estatal, se hace referencia a la falta de atención del gobierno hacia ciertos sectores de la población. En este sentido, muchos de los problemas que hoy enfrentamos no son casualidad, sino la consecuencia directa de un gobierno que, en lugar de prevenir y solucionar de raíz, optó por administrar la crisis como si fuera suficiente.
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La pobreza, por ejemplo, ha sido gestionada por décadas más como un indicador político que como una problemática real a erradicar. Se ha abordado desde perspectivas cuantitativas en lugar de cualitativas, buscando únicamente mejorar cifras en estadísticas nacionales e internacionales o contener el problema a corto plazo. Un claro ejemplo de ello es la entrega de despensas: una solución inmediata que alivia momentáneamente el hambre, pero que no genera las condiciones necesarias para que esas familias, y las generaciones que les sigan, puedan salir verdaderamente de la pobreza.
En cuanto a la violencia, la situación no es muy distinta. Desde los tiempos de Arturo El Negro Durazo, se sabía que el crimen organizado tenía pactos con las élites de los cuerpos policiales. Esto no es un secreto; es una realidad con la que México ha coexistido durante décadas. Se permitió que estos acuerdos se fortalecieran y, al mismo tiempo, se dejó de invertir en policías municipales y estatales. Hoy, hay territorios donde la "gobernabilidad" no es ejercida por el Estado, sino por el crimen organizado. El reciente caso de Teuchitlán es un ejemplo alarmante: el Cártel Jalisco Nueva Generación amenazó a colectivas de madres buscadoras, advirtiéndoles que, si continuaban con su labor en ciertos territorios sin su permiso, desatarían una ola de violencia similar a la de Sinaloa. Esto evidencia el nivel de control territorial que han alcanzado estos grupos.
Frente a este panorama, Morena llegó con la promesa de ser diferente. Se presentó como la alternativa a una clase política marcada por la corrupción y la impunidad, diferenciándose del PRI, el PAN y el PRD. Su ascenso al poder se dio tras doce años de gobiernos panistas y seis de Enrique Peña Nieto, en los que la impunidad se convirtió en una práctica habitual.
Sin embargo, lo ocurrido el pasado 25 de marzo pone en entredicho esa promesa de regeneración. En una fecha simbólica —un día 25, cuando se conmemora la lucha contra la violencia de género—, Morena junto con aliados políticos como el PRI, permitió que Cuauhtémoc Blanco conservara su fuero político, a pesar de ser acusado de intento de violación por su media hermana. Al mismo tiempo, el partido ha abierto las puertas a personajes como Yunes, quien, aunque no se afilió finalmente, ha sido acogido con cierta complacencia. ¿Dónde está la diferencia con los gobiernos anteriores?
La verdadera pregunta es: ¿de qué se trata esta impunidad? ¿A qué le tienen miedo? ¿Quién dio la instrucción?
Desde mi perspectiva, hay un temor evidente de que, si cae uno, podrían caer otros y no sólo de ese partido, sino en general de la clase política dominante. La política funciona como una mafia: los actores se protegen entre sí para evitar que sus propios errores los alcancen. Las fiscalías, históricamente codiciadas por quienes ostentan el poder, siguen operando bajo la misma lógica de siempre: quien las controla, decide a quién garantizar impunidad.
El caso de Cuauhtémoc Blanco es ilustrativo. La comisión que revisó el expediente en el Congreso de la Unión argumentó que la carpeta de investigación no estaba bien integrada, y por ello, votaron en contra de retirarle el fuero. Sin embargo, omitieron que dentro de sus facultades está la posibilidad de exigir más pruebas a la fiscalía, algo que decidieron no hacer. Además, el Poder Legislativo no debió haber actuado como si fuera el Poder Judicial.
La pregunta más inquietante es: ¿qué hay detrás de esta decisión?
Los fueros, que en el pasado fueron duramente criticados, siguen siendo utilizados de la misma manera que en los gobiernos priistas y panistas: como una herramienta para proteger a políticos con cuentas pendientes. En teoría, el fuero debería existir para evitar la persecución política de opositores, pero cuando un personaje oficialista es acusado de intento de violación, resulta difícil creer que se trate de una persecución política, más aún cuando la oposición prácticamente dejó de existir desde 2018.
Morena debe hacer una reflexión profunda sobre su rumbo. Debe replantearse los valores que lo hicieron atractivo para el electorado y abandonar la soberbia de pensar que nunca serán castigados en las urnas, como lo fueron el PRI y el PAN por sus mismos errores. Aún están a tiempo. Ojalá lo entiendan, porque México no solo necesita una transformación política, sino una verdadera regeneración de su vida pública.
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