UNO. El descubrimiento de la fosa clandestina en Teuchitlán resultó un balde de agua fría para la presidenta Sheinbaum. Hasta ese momento había sido capaz de modificar la política de seguridad sin mayores contratiempos, frente a sus seguidores. Bajo la dirección de Omar García Harfuch, la Secretaría de Seguridad Pública había conseguido cifras récord de detenciones, decomisos de armas y drogas, así como también de desmantelamiento de laboratorios de fentanilo sin que el grueso de la opinión pública —a excepción del círculo permanentemente crítico— mostrara inquietud.
Su popularidad le otorgaba cheque en blanco. Un buen manejo de prensa le había permitido mantener la crisis de Sinaloa como problema local y hasta había conseguido normalizarlo, gracias a su permanencia en el tiempo. Sutilmente, la descalificación de la “guerra del Calderón” desapareció del discurso, pero la permanencia y repetición del “combate a las causas” sirvió para consumar el acto de prestidigitación.
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Sin embargo, la revelación del colectivo Buscadores Guerreros de Jalisco ha trastocado por completo el guion. Las evidencias mostradas le otorgaron al grupo un fuerte poder para competir con la presidencia en la lucha por dotar de significado y nombrar los procesos de la política de seguridad. Mientras en las conferencias matutinas la presidenta y sus funcionarios ofrecen gráficas que ensalzan la reducción significativa del número de homicidios dolosos durante estos meses de la nueva gestión —a expensas de silenciar el incremento también significativo de desapariciones—, los familiares de los desaparecidos presentan objetos personales que afectan directamente las emociones de los espectadores pues humanizan las terribles cifras que a diario repiten las voces críticas. Son zapatos, pantalones, blusas, mochilas, gorras de hijos, hijas, parientes, amistades, padres, madres. Ese día, el grupo de personas que buscan desde tiempo atrás a sus seres queridos con dolor y desesperación se hizo del poder de renombrar la realidad.
Así, los buscadores magullaron las estadísticas oficiales al fijar en la agenda pública el tema de las desapariciones, largamente olvidado por los gobiernos federales de todos los signos; revivieron la crítica a la política de seguridad lopezobradorista además de que, indirectamente, fortalecieron la narrativa del gobierno de Estados Unidos respecto de la violencia que aqueja al país y del control de las bandas del crimen organizado sobre el gobierno mexicano. Las informaciones ofrecidas por los principales diarios norteamericanos permiten predecir que las próximas negociaciones con el presidente Trump no le resultarán fáciles a la presidenta Sheinbaum.
El éxito momentáneo del colectivo buscador es evidente. La presidenta perdió el control sobre el manejo de la agenda pública y las narrativas. Mal aconsejada, optó por recurrir a la estrategia comunicativa del sexenio pasado: primero la negación, luego la descalificación. Se dio línea a los medios afines y se les ofreció un tour que resultó contraproducente. Fernández Noroña hizo el ridículo al alinearse con la presidenta en versiones varias, una de las cuales contradijo la magnitud de la “campaña opositora”. Finalmente, ante el cúmulo de evidencias, se aceptó el hecho. Entre contradicciones, García Harfuch reconoció que allí se reclutaba, entrenaba, torturaba y asesinaba por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación; no obstante, reiteró que el rancho fue ‘centro de entrenamiento’, no de exterminio.
No obstante, la presidenta se apuntó una victoria, también momentánea y cuyo valor habrá que evaluar posteriormente. Consiguió que el debate se centre en una lucha semántica alrededor de “entrenamiento” y “exterminio”, como si la diferencia fuera realmente significativa. El objetivo era distraer; se alcanzó. Mientras se ofrecen pruebas de entrenamiento y se desacreditan las de exterminio, la discusión de fondo se diluye. Lo que debería estar explicando la presidenta es el crecimiento del poder del crimen organizado y la evolución de sus prácticas.
Hoy el crimen organizado tiene una mayor presencia en los diferentes ámbitos de la vida nacional, ha incrementado el número de sus miembros, posee un poder militar con el que no contaba hace seis años, opera con mayor brutalidad, controla un mayor porcentaje del territorio nacional y ha conseguido someter a un mayor número de gobiernos municipales y estatales, así como ha conseguido penetrar cada vez más a las fuerzas del orden. Carece, pues, de sentido debatir si en el rancho Izaguirre sólo se entrenaba a los miembros del crimen organizado o si, además, se les eliminaba cuando los altos mandos los consideraban inservibles. ¿Qué resultados ha dado la nueva política de seguridad, más allá de los números? ¿Qué tanto poder real se ha arrebatado al crimen organizado? ¿Qué tanto se ha empoderado el Estado? ¿Está en condiciones de recuperar el monopolio del uso de la fuerza y de ofrecer seguridad en todo el territorio a sus ciudadanos?
DOS. Pero en la medida en que oculta y distrae, el debate también revela. El hallazgo no pone en entredicho la política de seguridad de la presidenta; por el contrario, la fortalece. Ante el macabro hallazgo ¿cómo no justificar, entonces, la persecución y detención de líderes y capos? ¿Cómo no aprobar los decomisos? ¿Cómo no aceptar la identificación y la destrucción de laboratorios de fentanilo? ¿Cómo no entender que a los criminales se les persiga y se les aplique la ley? Entonces, ¿por qué la presidenta se ha colocado a la defensiva y se ha ocupado de suscitar un debate que ha terminado por hacerle más daño que favor?
Quienes sostienen, desde que fue escogida por López Obrador para sucederlo, que detrás de ella ejerce el poder el expresidente encuentran en su comportamiento la prueba irrefutable del hecho. Niega porque debe mantenerse disciplinada y respetando a su mentor. ¿Cómo entender, dicen, la súplica de que se deje en paz al “presidente” sino como consecuencia lógica de su sumisión? Que López Obrador opere desde ¿Cuba?, ¿Palenque?, ¿una oficina contigua a la principal en Palacio Nacional? puede considerarse un hecho. Sin embargo, si la presidenta estuviera tan plegada a la voluntad de López Obrador y siguiera la partitura por él escrita cabe preguntarse ¿por qué modificó radicalmente la política de seguridad? Ciertamente, en buena parte por presiones norteamericanas. Pero el hecho de que ella haya pensado en García Harfuch como secretario de Seguridad desde mucho antes del proceso electoral de Estados Unidos conduce a pensar que había planeado ya algunas variantes.
La estrategia errónea no es resultado de una obediencia ciega, de sometimiento patriarcal. Se debe, más bien, a la debilidad política de la presidenta frente al expresidente y al interior de Morena. La presidenta podría haberse empoderado tras el hallazgo mostrando empatía con los buscadores y comprometiéndose con ellos, en el rancho Izaguirre mismo, a continuar la lucha por el sometimiento de los grupos criminales. Pero eso habría significado reconocer, explícitamente, el sinsentido de la forma en la que los asuntos de seguridad fueron manejados durante el sexenio pasado. Significaría admitir que la indiferencia de López Obrador hizo posible que el crimen organizado se empoderara mucho más que en cualquiera de los sexenios anteriores. Abrazar al colectivo buscador habría implicado aceptar que el Estado ha renunciado a ejercer su autoridad y asumir sus responsabilidades.
Está claro que la presidenta no ha podido, hasta ahora, tejer una red de poder lo suficientemente amplia como para estar en condiciones de tomar el control total del poder amplísimo que López Obrador consiguió reunir en la presidencia. Adán Augusto, Monreal, Fernández Noroña, Andy López Beltrán se encargan de trazar las vías por las que debe transitar el poder de la presidenta.
No hay duda de que la nueva política de seguridad no es del agrado de López Obrador. Sin embargo, la presidenta debe haberle hecho entender que con la presión de Estados Unidos no había muchas posibilidades de mantener la política de los abrazos. Seguramente se le aceptó, con resignación, la nueva ruta. Pero eso le habrá significado pérdida de afecto y la presidenta debe haberlo entendido pero, sobre todo, sentido.
En esta coyuntura la presidenta enfrentó un dilema: o fortalecía su política de seguridad o elegía no molestar más a su mentor. Optó por lo segundo porque, al parecer, sigue creyendo que esa es la mejor vía para crecer. No olvidemos —ella lo tiene muy presente— que en dos años alguien convocará un proceso de revocación. Espera ser ratificada.
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