Este martes 18 de febrero inició la cuarta Conferencia Ministerial Global de Seguridad Vial de la OMS, en Marrakech, Marruecos, con una nutrida representación mexicana desde la sociedad civil, incluyendo a la Coalición Movilidad Segura (coalicionmovilidadsegura.mx) , así como otras organizaciones mexicanas. Se trata de personas originarias de distintas entidades, como Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, CDMX, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, con una mayoría de jóvenes menores de treinta y cinco años.
Algunas estamos presentes desde el pasado viernes 14, asistiendo a la tercera Asamblea Global de Juventudes por la Seguridad Vial los días 15 y 16 de febrero, convocados por YOURS (Youth for Road Safety).
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La inseguridad vial es la primera causa de muerte en niñas, niños y jóvenes de 14 a 29 años y diariamente mueren mil personas jóvenes por la inseguridad vial en el mundo, y es en respuesta a esta crisis que se crea la Coalición Global de Jóvenes por la Seguridad Vial, con el objetivo de servir como una plataforma para exigir un lugar en la mesa, no sólo para compartir nuestra opinión como jóvenes sino para contribuir con un rol activo como parte de la discusión, desde una perspectiva de participación significativa de la juventud.
Este 15 de febrero se adoptó la Declaración Global de la Juventud, donde se exige a los gobiernos alrededor del mundo la garantía del acceso a una movilidad segura para todas las personas, con sistemas de transporte incluyentes y asequibles; el diseño de calles más seguras con velocidades de circulación más bajas, de 30 y 50 kilómetros por hora; y una movilidad que cuide nuestra salud y bienestar, promoviendo los viajes a pie y en bicicleta, así como la descarbonización, entendiendo que la electrificación de los automóviles sólo continúa perpetuando un modelo obsoleto que sigue comprometiendo la seguridad de peatones y ciclistas.
En la conferencia ministerial, los representantes de los países miembro de la OMS estarán asumiendo nuevos compromisos y reiterando aquellos que asumieron en la pasada conferencia en Estocolmo en 2020, donde se lanzó el segundo decenio de acción por la seguridad vial, planteándose la meta de reducir las muertes por siniestros viales en 50% para 2030.
Desde que se asumió ese compromiso, la disminución global de muertes viales es sólo de 6%. Sin embargo, en la última década, diez países han logrado disminuir estas muertes al menos a la mitad: Bielorrusia, Brunéi, Dinamarca, Japón, Lituania, Noruega, Rusia, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Además, otros 35 países han logrado disminuir las muertes viales en más de 30%, demostrando que se trata de una meta realista y realizable.
Lamentablemente en este mismo periodo, las muertes viales en México no cesan. Apenas esta semana, sucedió un siniestro que debería haber sacudido a la opinión pública. La escena presentada en las pantallas de los noticiarios fue absolutamente tétrica. Una pipa que transportaba gas explotó en el kilómetro 53 de la autopista México-Puebla, cobrando como saldo la vida de seis personas, incluyendo la de una madre y su hija menor de edad, dejando varios vehículos calcinados y varios árboles en llamas a los costados de la carretera, al grado que algunas personas entrevistadas pensaban que se trataba de un incendio forestal. La carretera quedó bloqueada en ambos sentidos por once horas.
Heredamos un sistema de transporte que está roto. En México la inseguridad vial cobra más de cuarenta vidas en calles y carreteras de nuestro país todos los días. Cuando menos dos de esas vidas son de niñas y niños. La mitad son peatones, y un creciente número es de usuarios de motocicletas. Todas en su mayoría personas jóvenes, en edad productiva.
En estos últimos años hemos tenido avances significativos, como el reconocimiento del derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial en el artículo cuarto de nuestra Constitución en diciembre de 2020, y la expedición de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en mayo de 2022, así como la armonización del marco legal de 21 de las 32 entidades federativas para crear nuevos mecanismos de coordinación entre dependencias gubernamentales y adoptar criterios mínimos de tránsito en los reglamentos. Esfuerzos que no habrían podido lograrse sin la participación de la ciudadanía organizada, que redactó, cabildeó y empujó la aprobación de estos ordenamientos, incluida una reforma a la Constitución de nuestro país y que incluso fue reconocida por el director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.
Estos nuevos marcos legislativos buscan abordar los factores de riesgo como la velocidad, los distractores como los celulares, el consumo de sustancias en combinación con la conducción, el uso de cascos certificados en motociclistas y de sistemas de retención infantil. Además, promueven la incorporación de límites de velocidad más estrictos, que garantizan la protección de la vida, en apego a las recomendaciones internacionales.
Lamentablemente, ninguna autoridad mexicana de alto nivel participó en esta cuarta conferencia ministerial para reiterar el compromiso de México adoptado en 2020 para reducir las muertes por siniestros viales a la mitad para el 2030. A pesar de esto, el gobierno de México aún tiene la oportunidad de incorporar esta meta dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Valdría la pena que se establecieran metas claras y mecanismos para lograrlas, en apego a los criterios establecidos en la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, publicada el año pasado.
México cuenta con una sociedad civil profesional y capaz de colaborar y sumar esfuerzos para atacar esta crisis, construir soluciones de manera conjunta e implementarlas. Ojalá las autoridades aprovechen ese irremplazable recurso: sus ciudadanos.