En el documento presentado por la presidente electa, doctora Claudia Sheinbaum, denominado Cien Pasos para la Transformación, se dan a conocer algunas cifras importantes respecto a la situación prevaleciente en el nivel de la Educación Superior.
“En 2023 el 29% de los jóvenes de entre 18 y 22 años estaba inscrito en educación superior. […] En 2023, 89% de egresados de educación media superior ingresó a educación superior; sin embargo, sólo 51% se inscribió a IES [Instituciones de Educación Superior] públicas; el 38% lo hizo en IES particulares. En 2022 la tasa de estudiantes inscritos en educación superior que no concluyeron el ciclo escolar fue de 8.1%,”
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El primer dato es verdaderamente preocupante, de diez jóvenes sólo tres están estudiando en el nivel superior, los otros siete están haciendo otra cosa, pero no lo que esperaríamos a su edad, o sea, estudiar una carrera profesional. En números absolutos, de 11,294,228 personas entre 18 y 22 años, según el documento mencionado, sólo 3,275,318 están cursando algún programa educativo del nivel superior.
El siguiente dato indica la tasa de absorción. Esta tasa mide el número de alumnos que ingresan al primer grado de un nivel educativo por cada cien alumnos que egresaron del nivel y ciclo anteriores. En el caso de la educación superior se refiere al porcentaje de alumnos egresados del nivel medio superior que ingresaron, 89% en 2023, al primer año del programa educativo en el que se inscribieron perteneciente al nivel superior. La tasa de absorción indica un tránsito entre niveles.
En este punto es importante señalar la meta propuesta en Cien Pasos para la Transformación: “Que en 2030 las IES públicas registren una tasa de absorción promedio, de al menos, el 75% de los egresados de las instituciones de educación media superior (actualmente es de 51%).” Esto significa que el objetivo es pasar de uno de cada dos alumnos a tres de cada cuatro en instituciones públicas de educación superior.
Ahora bien, en el rubro correspondiente a Educación Superior, el documento alude a un Banco de Datos y consigna que para 2023 la cobertura de la educación superior era de 42.10%. Hay que aclarar que este dato no especifica si se refiere a la cobertura bruta o neta, pues éstas se calculan de manera distinta. La primera equivale al número total de alumnos o estudiantes de cualquier edad matriculados en un determinado nivel de enseñanza, expresado en el porcentaje del grupo de población que tiene la edad oficial para cursar ese nivel de enseñanza, en este caso, la población entre 18 y 22 años.
En cambio, la cobertura neta equivale a la cantidad expresada en porcentaje de estudiantes matriculados en el nivel educativo de que se trate, sin contar a los que están fuera del rango de edad, o sea por encima de la edad correspondiente, en este caso, por encima de los 22 años.
A este respecto el objetivo de “Alcanzar en el año 2030 una tasa de cobertura bruta en educación de al menos 55%; y una tasa de cobertura neta de al menos el 40% de los jóvenes de 18 a 22 años” nos hace pensar que la cobertura consignada en el Banco de Datos para 2023 es la cobertura bruta.
Vale la pena tomar en cuenta el índice de la cobertura propio de otros países de Latinoamérica para entender en dónde se ubica México. Entre los países con una cobertura superior a la nuestra están Chile (90.3%), Argentina (85.7%), Colombia (58.7%), Uruguay (55.6%), Costa Rica (54.0%) y Ecuador (45.5%). Estos porcentajes incluyen tanto la educación pública como la privada, al igual que en México.
Un tercer objetivo es “Que en el año 2030 ninguna entidad federativa registre tasas de cobertura neta de educación superior por debajo del 35%.” La razón de esta meta es la de elevar la cobertura en aquellos estados con mayor rezago: Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
El cómo lograr estas metas se inscribe en una “Agenda Estratégica que forme parte de una política educativa con visión de Estado. Esta agenda debe tener seis objetivos” de los cuales comentaré dos: “2) dignificar al personal académico y vigorizar la carrera académica en las IES” y “6) e instrumentar un nuevo modelo de financiamiento para el desarrollo de la educación superior, la ciencia, tecnología e innovación, que dé certeza y certidumbre a las actividades sustantivas que realizan las instituciones públicas de educación superior.”
Con respecto a 2), no sé si consideran de mal gusto hablar directamente del insuficiente salario devengado por las y los docentes del nivel superior, específicamente el de las universidades públicas autónomas, quienes son contratados(as) como profesores(as) hora clase por tiempo determinado y que no sólo no reciben un salario “digno” sino que además carecen de las condiciones de trabajo que les permitan emprender la profesionalización de su carrera docente. Es imposible tratar de asegurar la calidad de la educación, como se le denomina, si no se garantizan salarios a la altura del trabajo especial desempeñado por las y los académicos universitarios.
Con respecto al punto 6 no sabemos en qué consista este nuevo modelo de financiamiento, pero lo que sí sabemos es que la ampliación de la matrícula o de la cobertura de la educación superior no se logrará mientras la planta docente no tenga estabilidad y su ingreso no esté sujeto a esos “estímulos”, palabra insultante cuando se emplea en relación con las personas, que sólo le escatiman al docente su legítimo derecho a una plaza acompañada de sus respectivas prestaciones laborales y que han convertido en una ilusión el mercado laboral, pues a este sector le han impuesto por décadas un tope salarial totalmente injustificado, no sólo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista económico, como ya se demostró con el incremento sustancial que en el curso del sexenio que concluye tuvo el salario mínimo.
Es de llamar la atención que las universidades públicas autónomas, poseedoras de toda la capacidad instalada para desempeñar su papel central en la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura, y que constituyen parte esencial del sistema educativo nacional, no sean mencionadas en Cien Pasos para la Transformación.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia atender la compleja problemática de las universidades públicas autónomas para fincar sobre bases firmes la ampliación de la cobertura de la educación superior del país?