Hay, o había, en nuestra clase política una regla no escrita de alto valor civilizatorio: la vida privada es sagrada. Una regla que parece estar siendo violada al menos en dos casos, el obispo Salvador Rangel y el de María Amparo Casar. Aunque ninguno de los dos son parte de la clase política, la reflexión aplica.
En el caso del obispo llama la atención la rapidez con la que el gobernador de Morelos contradijo la opinión del fiscal del mismo estado. No hay datos que nos indiquen que se trató de un secuestro, dijo, cuando no se sabía casi nada del hecho.
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Después el comisionado de seguridad del gobierno morelense precisaría: el obispo fue encontrado en un hotel. Luego los detalles: entró libremente acompañado de un varón, fue encontrado desnudo, semiconsciente, drogado y acompañado con pastillas elocuentes.
¿Había necesidad de hacer público el hecho? ¿Es atribución del gobernador hacer declaraciones sobre estos temas?
El sospechosismo vincula este hecho con las fuertes declaraciones previas del obispo: que tanto el gobierno de Guerrero como el de Chilpancingo habían pactado con grupos de criminales.
La violación de la norma sobre el respeto a la vida privada se dio en un caso muy distinto, el de la politóloga María Amparo Casar. Desde la más alta tribuna del país fue acusada de corrupción por el director de PEMEX y por el presidente de la República.
Para ello revivieron un hecho muy delicado, ocurrido hace veinte años: el suicidio del esposo de Casar. El suicidio es quizá la decisión más extrema que puede temer un ser humano. Ante un hecho así, lo único que podemos ofrecer a sus familiares y amigos es compresión y apoyo.
En cambio, desde la tribuna presidencial no sólo se hizo público una situación ante la cual la mínima decencia dicta discreción y respeto: se acusó a la viuda de haber cobrado, indebidamente, seguro y pensión.
Igual que en el caso del obispo, Casar se ha destacado por sus críticas al gobierno. No sólo al actual, sino a todos los que han gobernado al menos este siglo.
En ambos casos se rompió la regla de respeto a la vida privada. Si esa regla se vuelve en su contra, si se normaliza el hacer pública la vida privada de los adversarios políticos (sea con calumnias, con celadas, o con hechos reales), caeremos en un infierno del que nadie resultará ganador.
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