La represión de las protestas estudiantiles `pro Palestina’ que se han suscitado desde la semana pasada en múltiples universidades de EE. UU. evidencia las grietas de la democracia estadounidense que se caracteriza, en gran medida, por su defensa de la libertad. Resulta inédito observar cómo oficiales de seguridad arrestan a cientos de estudiantes en un país que tiene una de las democracias más longevas y que se presume como más “madura” en el mundo.
Los manifestantes universitarios exigen a sus universidades condenar la respuesta militar de Israel en Gaza tras los ataques de Hamás ocurridos el 7 de octubre del año pasado (que provocaron la muerte de alrededor de 1,200 personas), pues se estima que en el tiempo que ha transcurrido la guerra han muerto más de 34 mil palestinos mayoritariamente infantes y mujeres. También, los estudiantes demandan a las autoridades universitarias romper relaciones con compañías que mantienen negocios con Israel, en particular los que implican la venta de armas, muchas de las cuales aportar recursos para financiar a las prestigiadas y costosas instituciones estadounidenses.
Más artículos del autor
El primer campamento estudiantil se estableció el 17 de abril en las instalaciones de la reconocida Universidad de Columbia en Nueva York y poco a poco más personas se fueron uniendo a la protesta. Al día siguiente, las autoridades de la casa de estudios le pidieron a la policía que interviniera con el fin de disipar el levantamiento; ese mismo día se realizaron más de cien arrestos los cuales, según el alcalde Erick Adams, fueron solicitados por la misma universidad. No obstante, el objetivo de disuadir a los manifestantes no funcionó ya que el plantón continuó los siguientes días hasta que el martes 30 de abril tomaron el famoso edificio “Hamilton Hall”.
Esta acción fue la gota que derramó el vaso porque ese mismo día, la presidenta de la Universidad, Minouche Shafik y miembros del consejo administrativo tomaron nuevamente la decisión de llamar al Departamento de Policía de Nueva York. Poco después, decenas de agentes ingresaron vestidos con chalecos antibalas, escudos y bridas al Hall a través de una ventana para arrestar a los estudiantes (Washington Post, 2024). Una acción reprobable: ninguna institución educativa debería facilitar la entrada de elementos armados a sus instalaciones ya que las universidades son espacios que deben promover el diálogo como mecanismos de resolución de controversias.
No todos en Columbia están de acuerdo con las decisiones de sus directivos: varios docentes se unieron a la protesta como muestra de solidaridad hacia sus estudiantes e incluso el capítulo de la Universidad de Columbia de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, emitió una declaración en la que critican las decisiones de la presidenta Shafik y en la que expresan que el Claustro docente de Columbia ofreció su ayuda en varias ocasiones para mediar entre ambas partes, sin embargo, fueron ignorados por las autoridades (Washington Post, 2024).
Uno de los rasgos principales de una democracia es la posibilidad de expresar opiniones libremente y sin miedo a represalias. Esto no ha sucedido ni en Columbia ni en las otras muchas universidades a lo largo del país que han involucrado a la policía y han amenazado e impuesto medidas de castigo a los estudiantes que participan en las protestas.
De hecho, las acciones de los universitarios de Columbia marcaron un precedente que se extendió por instituciones de todo el país y rápidamente surgieron más protestas estudiantiles que también fueron reprimidas: entre ellas destacan las de la Universidad de Nueva York y la de Yale en las que la policía también ha arrestado a cientos de personas; Harvard, una de las universidades más reconocidas del mundo, optó por cerrar sus puertas al público y sólo permitir la entrada a alumnos con credencial y, en la Universidad de Texas, cuando varios estudiantes regresaban al campus, fueron detenidos e, incluso, los agentes utilizaron gas pimienta contra un grupo que estaba bloqueando el paso de un vehículo policial que transportaba a manifestantes arrestados.
Respecto de este último caso, el de la Universidad de Texas, lo más grave fue una publicación del gobernador republicano, Greg Abbott, en el que se observa a las fuerzas armadas llegando al campus junto con el texto de: “No se permitirán campamentos. En cambio, se están realizando arrestos” (Offenhartz y Mattise, 2024). Cuando el propio gobernador -un conservador radical- apoya la violencia y reprime el derecho a la protesta de los estudiantes, hay un mensaje muy claro de que en EE. UU. la libertad está condicionada a ciertos grupos y a ciertos temas.
Hay otras universidades que no he mencionado, pero como último ejemplo hablaré sobre la Universidad del Sur de California (USC), cuyas acciones también resultan muy equivocadas: la institución le prohibió a un estudiante musulmán - quien obtuvo las mejores calificaciones-, dar su discurso en la ceremonia de graduación. Así es como en el país que tanto se ha adjudicado el papel de gran defensor de la democracia y de los derechos humanos en el mundo se están cometiendo violaciones graves a los ideales democráticos al interior de instituciones que, paradójicamente, deberían promover la tolerancia, la deliberación y la crítica.
Otro aspecto que es importante señalar es que las acusaciones por parte de la comunidad judía en EE. UU. y varios miembros del Partido Republicano respecto a que las protestas promueven un discurso “antisemita”, aunado al miedo que han expresado varios estudiantes judíos en las distintas universidades es igualmente, un tema complicado y que ha colocado a las instituciones educativas entre la espada y la pared. No obstante, la manera en que la mayoría decidió abordar dicho asunto fue sin duda, la menos acertada.
Para terminar quiero mencionar unos datos que se revelaron en el informe sobre La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2024, elaborado por Amnistía Internacional: en 16 estados de EE.UU. se presentaron 23 proyectos de ley que restringían el derecho a protestar y hubo cinco proyectos que adquirieron rango de ley en cuatro estados. Muchos de estos proyectos tipificaban como delito determinadas formas de protesta como, por ejemplo, manifestaciones que se realicen cerca de oleoductos, o se buscaba aumentar las penas aplicables a delitos ya tipificados como los “disturbios” o el bloqueo de carreteras. Y en Misisipi ahora es necesario obtener una autorización previa por parte de la policía para poder protestar cerca de edificios gubernamentales. Estos datos nos hablan del endurecimiento gubernamental frente a la protesta y la libertad de expresión en el país.
En síntesis, todo lo ocurrido durante las últimas semanas en EE.UU. con relación a las protestas estudiantiles pone de manifiesto que ni siquiera la democracia estadounidense está exenta de la crisis generalizada que viven las democracias en el mundo. Este tipo de hechos no deben pasar desapercibidos, pues al final sientan precedentes sobre cómo actuar en situaciones similares en un futuro y aunque no haya sucedido en nuestro país, si de algo estoy segura es que a México lo que menos le conviene es que Estados Unidos continúe el debilitamiento de su democracia.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la línea editorial de e-consulta.