Desde 2021, México se convirtió en el tercer país receptor de solicitantes de asilo en el mundo, una misión para la que no estábamos preparados, para la que no hay presupuesto y tampoco políticas públicas. Lo que ha imperado en este sexenio es la improvisación y hasta el contubernio con la delincuencia organizada.
El pasado sábado, resulta que secuestraron a 31 migrantes en Reynosa, Tamaulipas, cuyas nacionalidades eran principalmente venezolana y colombiana. Durante cinco días no se tuvieron noticias de su paradero. Incluso recibimos la protesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien amenazó con iniciar su propia investigación. Pero no fue sino unos días después que los liberaron, sin que hubiera muchas explicaciones ni rastro de los responsables.
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Así siempre sucede. La gente es bajada de autobuses que transitaban en San Luis Potosí, Tamaulipas o Nuevo León y nunca hay detenidos. Es más, mis colegas de la prensa local se han cansado de publicar las carreteras que usa la delincuencia organizada para extorsionar a migrantes, el nombre de las autoridades coludidas, los montos que les cobran y nunca pasa nada.
Lo que está sucediendo es que México, como nunca, está siendo usado como territorio de tránsito por migrantes de Venezuela, Honduras, Nicaragua, Cuba y una creciente gama de nacionalidades, para llegar a Estados Unidos. Y una gran porción de esas personas están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero a polleros o traficantes de personas, para no ser detenidos en el camino. Muchos usan el asilo en México como estrategia para moverse del sur al norte.
El gobierno no ha estado a la altura de esa situación, ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ni el Instituto Nacional de Migración (INM).
Lo que se supo es que los familiares radicados en Estados Unidos de los 31 migrantes desaparecidos pagaron fuertes cantidades de dinero en dólares para obtener el rescate. Luego de ser soltados, los migrantes mostraron, ya en Tijuana, los comprobantes de depósitos bancarios pagados por sus familiares para obtener su liberación.
Aquí viene la peor parte. Los depósitos fueron efectuados a través de las compañías de transferencias bancarias, y eran de aproximadamente $2 mil 500 dólares, es decir unos $42 mil pesos.
Los secuestradores les dicen a las familias a qué empresas deben enviar el dinero, con qué montos y que deben decir que son remesas.
No hay cuento. Los migrantes mostraron los recibos de los depósitos a la prensa.
Este modus operandi ya no es una novedad.
La situación actual en México en cuanto a la atención y gestión de la migración presenta un escenario preocupante y desafiante porque no sólo no se detiene a nadie. La práctica del secuestro y la extorsión se ha generalizado y el INM y la COMAR no han sido dotados de mayores recursos, por el contrario.
Hace unas semanas, el propio comisionado del INM, Francisco Garduño, ordenó suspender traslados y devoluciones de migrantes por falta de recursos financieros en la dependencia, lo cual refleja una realidad crítica que impacta directamente en la capacidad del país para manejar el flujo de personas en situación irregular.
Esta suspensión, según una circular fechada el 1 de diciembre, se debe a la falta de liquidez para cumplir con los compromisos adquiridos, lo que ha llevado a la interrupción de servicios aéreos de "retornos asistidos" de migrantes y la transportación terrestre para el traslado de migrantes irregulares.
El incremento récord en el flujo de desplazamientos hacia Estados Unidos durante este año ha colocado una mayor presión sobre las autoridades migratorias mexicanas. A pesar de haber interceptado a casi 590,000 migrantes en situación irregular de enero a octubre de 2023, las devoluciones a sus lugares de origen han disminuido significativamente, planteando desafíos adicionales para el control de la migración.
La paralización de estas actividades esenciales, sumada a incidentes previos como el trágico incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, ha generado críticas hacia la capacidad y la preparación de las autoridades migratorias para gestionar esta crisis.
Esta situación se agrava aún más con la carga récord de solicitudes de asilo en México, que supera las cifras de años anteriores. Con aproximadamente 137,000 solicitudes registradas de enero a noviembre de 2023, se evidencia la creciente necesidad de recursos y capacidad para brindar atención y procesar adecuadamente estas peticiones.
La falta de recursos financieros y las limitaciones en la capacidad de respuesta del INM plantean interrogantes sobre la situación humanitaria de los migrantes y refugiados que se encuentran en México, así como sobre la efectividad de las políticas migratorias en la región.