El Derecho a la Protección a la Salud está previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Este derecho humano definido por la Organización Mundial de la Salud como “el completo bienestar físico y emocional de las personas y no sólo la ausencia de enfermedades” impone al Estado la obligación de garantizarlo progresivamente en la medida en que está sujeto a programas presupuestales.
Desde el punto de vista organizacional, si bien se han realizado esfuerzos para dar cobertura a ciertos sectores de la población, a ochenta años de creación de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social; sesenta y tres años del ISSSTE y otras Instituciones de Salud como las de PEMEX, SEDENA, MARINA, las de personas físicas y morales de los sectores públicos y privados, entre otras, las propuestas hasta ahora formuladas se han concretado a realizar únicamente modificaciones estructurales, normativas y de fuentes de financiamiento, mas no a la construcción de una verdadera estructura de un eficaz y eficiente Sistema de Salud Universal, que en igualdad de condiciones y de manera equitativa brinde servicios de salud a todos por igual.
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Esta omisión influenciada por el contexto político, la corrupción y la falta de coordinación eficiente entre dependencias y entidades de la administración pública federal y de los estados; las personas físicas y morales de los sectores públicos y privados y los mecanismos de coordinación que contempla el artículo 5 de la Ley General de Salud ha propiciado que a la fecha el Sistema Nacional de Salud en México continúe siendo un sistema fragmentado, contradictorio y obsoleto.
Muchas administraciones sexenales han pasado, diversos programas se han inventado desde el programa IMSS-COPLAMAR que en 1989 se transformó en IMSS Solidaridad, Programa de Atención a la Salud para la Población Marginada en Grandes Urbes, dirigido a las zonas de miseria urbana, el Seguro Popular hasta el actual Programa de “Bienestar”, sin embargo hasta la fecha no se cuenta con una verdadera política pública que cohesione la fragmentación existente hasta ahora, que homologue el marco normativo y que además lo actualice conforme a las nuevas tendencias y avances tecnológicos modernos que ineludiblemente deben ser incorporados al sistema de salud, tales como redes de información, tecnología molecular, medicina nuclear, telemedicina, etc.
Esta situación genera dificultades y obstáculos en el acceso a los servicios de salud, y propicia que la prestación de servicios en las instituciones sea de baja calidad técnica, uso irracional e ineficiente de los recursos disponibles, incremento innecesario de los costos de producción, deshumanización en la atención médica y baja satisfacción de las personas con los servicios recibidos, con la razonable consecuencia del incremento en el número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y sus homólogas en los estados; y es que estadísticamente tenemos que de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH y con base en sus indicadores por hechos violatorios de mayor impacto, la negligencia médica es la que ocupa el primer lugar en el número de quejas presentadas en el periodo de enero a julio de 2023, atribuidas en primer lugar al Instituto Mexicano del Seguro Social con el 73.97%, el ISSSTE con el 17.46%, SEDENA con el 2.73%, Petróleos Mexicanos Servicios de Salud con el 2.05%, y la Secretaría de Salud con el 0.68% (Fuente: https://sna.cndh.org.mx/HechoViolatorio).
De esta forma, la desarticulación tanto jurídica como organizacional de las Instituciones que prestan servicio de salud contraviene la igualdad prevista en el artículo 4 de la Constitución, pues esta prestación de servicios se otorga en función de la condición laboral del usuario, propiciando una serie de inequidades, ineficiencias y rezago, más aún la falta de control y supervisión de clínicas rurales o comunitarias donde las comunidades indígenas como grupo vulnerable son las que con mayor frecuencia sufren de mala atención médica por negligencia, impericia o imprudencia; maltrato, victimización; en el caso de las mujeres violencia obstétrica, discriminación y procedimientos a veces pocos éticos o experimentales que contravienen los principios de la lex artis ad hoc.
Bajo estas condiciones se hace necesaria la transformación del sistema de salud en México para pasar de ser un conjunto anquilosado de subsistemas verticales a uno integral que responda a las exigencias actuales, capaz de ofrecer con absoluto respeto a la dignidad humana un cuidado continuo, personalizado, proactivo, acorde a la necesidad y no a la situación laboral y sobre todo con orientación preventiva, porque desde la perspectiva económica los costos para curar una enfermedad son más altos que los de la prevención y lamentablemente México ocupa uno de los primeros lugares en sus tasas de mortalidad por enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial sistémica, osteoartrosis, enfermedades cardiocerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, hipertensión pulmonar, sarcopenia, enfermedades reumáticas, etc.
México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de entre otros 37 países y de acuerdo con el Panorama de la Salud 2023 “Indicadores OCDE”, en la actualidad la esperanza de vida en México es de 75,4 años, 4,9 años por debajo del promedio de la OCDE; el 36% de los adultos presenta obesidad, por encima del promedio OCDE de 26%, la mortalidad a 30 días después de un accidente cerebrovascular fue del 17.2% (promedio OCDE del 7.8%) y su gasto es de $1181 per cápita en salud, menos que el promedio de la OCDE de $4,986 (USD PPA), gasto de bolsillo es de 47%.
La fragmentación a que nos hemos referido en líneas anteriores, sumado a los datos antes proporcionados ubican a nuestro país en un lamentable y vergonzoso lugar en materia de protección a la salud a nivel Latinoamérica y ni qué decir a nivel internacional, por lo que muy lejos estamos aún de alcanzar el anhelado sistema de salud de los países nórdicos, reconocidos como uno de los mejores del mundo al brindar los mismos servicios a toda su población sin distinción de raza, color, sexo, condición económica, preferencia política, social o cualquier otra condición.
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