Siendo presidente de la República, José López Portillo nombró a su hijo José Ramón subsecretario de Programación y Presupuesto. Justificó el nombramiento con una frase que señala una de las cúspides del cinismo político mexicano: “es el orgullo de mi nepotismo”.
Hasta donde recuerdo no se habían dado ni se habían vuelto a dar casos en los que el presidente en turno otorga un cargo público a alguno de sus hijos. Pero hay al menos un caso que puede considerarse similar: la terna que envió el actual Ejecutivo Federal al Senado para nombrar al ministro de la Suprema Corte que Arturo Zaldívar dejó vacante.
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No dudo de los méritos profesionales de José Ramón López Portillo. No está en ellos el problema. Está en que si se permiten casos así caeríamos en el más brutal patrimonialismo.
Tampoco dudo de los méritos profesionales de Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos. Pero no está ahí el problema. Está en que su presencia en el escenario público tiene un solo factor, o un factor casi único: su cercanía personal y/o política con el presidente López Obrador.
Se dirá que no es lo mismo un hijo que una amistad o una compañera de proyecto político. No lo mismo, pero se le parece. Desde que Confucio instituyó lo que ahora llamamos el servicio civil de carrera, el principio de todo estado moderno es eso: dejar de lado familia y amistades, para que solo ingresen a cargos públicos quienes han demostrado su capacidad para ocuparlo.
Un agravante, muy serio: no es lo mismo una subsecretaría de Estado que un ministerio en la Suprema Corte de Justicia. Los subsecretarios le rinden cuentas directamente al presidente. Los ministros del Poder Judicial están para dar vida a la institucionalidad de balances y contrapeso, para hacer que el Ejecutivo cumpla con su juramento de “cumplir y hacer cumplir la ley”.
López Obrador se ha comparado, o ha querido ser como Juárez o como Madero. Propuestas como esta, que no son algo aislado, lo dejan mucho más cerca de López Portillo.