La semana pasada abordamos la diferencia salarial entre el magisterio dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el magisterio de las universidades públicas.
Hoy nos referiremos a lo que se entiende por un salario digno.
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Para situarnos en el tema partiremos del supuesto de que las políticas públicas echadas a andar por los gobiernos en sus distintos niveles tienen por objeto propiciar el bienestar de los ciudadanos. Si además añadimos que este bienestar incluye la felicidad de ellas y ellos, estamos señalando un objetivo propio de lo que llamamos la moral pública.
Hablar de moral pública implica admitir una moral privada, la moral que nos lleva a plantearnos problemas de la forma ¿lo debo o no lo debo hacer?, y que resolvemos a partir de principios que asumimos como propios porque presiden nuestra conciencia moral.
Sin embargo, esta facultad nuestra de plantearnos y resolver problemas morales se sustenta en los rasgos que nos distinguen como personas: somos racionales, libres y tenemos un valor que no tiene precio, somos fines en nosotros mismos. A este valor que no tiene precio le llamamos dignidad.
Pienso que en este punto se entrelazan las dos dimensiones de la moral. Se entrelazan porque obviamente el bienestar, la felicidad y la dignidad están estrechamente relacionados. Tomen por ejemplo la ayuda que el gobierno federal entrega a los adultos mayores. No tienen que demostrar nada más que la edad requerida: 65 años. El solo hecho de ser persona garantiza esa ayuda.
Es cierto que tanto el bienestar como la felicidad pueden ser entendidos de distintas maneras, pero podríamos coincidir en que la satisfacción de las necesidades materiales de cada persona es digamos el piso sobre el que se construyen el bienestar y la felicidad. Simplemente este es el objetivo de la ayuda a los adultos mayores, a las personas discapacitadas, a los jóvenes, a los estudiantes y a otros grupos vulnerables de nuestra sociedad.
Todos estos programas de ayuda tienen en común el hacer de las condiciones de vida de estas personas las condiciones más favorables para que vivan una vida digna, y es que mientras menos necesidades materiales tengan, mientras menos dependan para subsistir de otras personas, mientras más autónomamente puedan decidir qué hacer con sus vidas, más se acercan a la realización plena de su ser personas.
Un razonamiento similar podemos hacer respecto al salario de los trabajadores en general y de los maestros(as) en particular. Aunque aquí no se trata de ayudas sino de la retribución económica por el trabajo realizado, nos encontramos con figuras como la de ‘salario mínimo’ o ‘canasta básica’ que aluden, en el caso del primero, a los bienes y servicios indispensables y necesarios para que una familia satisfaga sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso; y la segunda al indicador de una dieta estándar que deriva del patrón de consumo de un país. En otras palabras, estos conceptos hacen referencia a la satisfacción mínima de las necesidades materiales de una familia, pero también aluden al pago de un trabajo general.
Sabemos que el salario mínimo se ha incrementado en 101.28%, pues pasó de 102.68 pesos en 2019 a 207.44 en este año. Sin embargo, el salario de los maestros de la BUAP sólo se ha incrementado en un 15.08%, equivalente a 3.55% en promedio por cada año. Y aquí se trata de un trabajo especializado desempeñado por ellas y ellos, un trabajo que requiere de muchos otros insumos aparte de los básicos para preparar a las generaciones futuras de profesionistas.
Sobre todo me parece importante llamar su atención no sólo sobre el salario devengado sino sobre las condiciones laborales en general. Es el caso que alrededor del 70% de los maestros son de asignatura y la gran mayoría de éstos son por tiempo determinado, esto es, su contratación se renueva -si es que se renueva- semestre a semestre, aunque puede haber casos en que el período de contratación es menor.
Estos maestros cuentan con las mismas credenciales académicas que los profesores de carrera, pero reciben un pago tres veces menor que el recibido por el profesor de carrera. De hecho, desempeñan las mismas tareas, pero únicamente reciben el pago por las horas frente a pizarrón. No les pagan ni las horas de preparación de sus cursos ni el tiempo dedicado a la calificación de tareas y de exámenes, ni las tutorías que ofrecen a los estudiantes, ni la participación en las reuniones de academia, ni cualquier actualización docente o pedagógica. En suma, el profesor por asignatura es un trabajador súper explotado.
Además, no cuenta con la autonomía y la libertad indispensables para decidir su futuro, pues la enorme incertidumbre laboral en la que vive le impide tener un proyecto de vida claro e independiente. Sin autonomía y sin libertad no puede aspirar a una vida digna y a esto nos referimos cuando hablamos de un salario digno: no sólo debe ser un salario materialmente suficiente, sino que tiene que corresponder a los años de estudio dedicados a la preparación docente para desempeñar este trabajo especializado.
Frente a esta sistemática disminución del poder adquisitivo de los maestros en general, ¿No les parece a ustedes de la mayor importancia exigir la estabilidad laboral y el incremento salarial indispensables para devolver a las y los trabajadores universitarios el respeto a su dignidad?