En agosto, México rompió su récord de detenciones de migrantes por tercer mes consecutivo: se detuvieron a 83,725 personas, 26% de Venezuela, 24% de Honduras, 15% de Guatemala y 9% de Ecuador, según información oficial. La situación debe hacernos reflexionar sobre el fenómeno de la migración internacional y de cómo está impactando al país que, aunque tradicionalmente ha sido expulsor de emigrantes y ha servido como lugar de tránsito para llegar a Estados Unidos hoy enfrenta el arribo de cada vez más extranjeros a su territorio que persiguen el llamado “sueño americano”.
El gran problema, sin embargo, no radica en los enormes flujos migratorios provenientes en su mayoría de países centro y sudamericanos que se ven obligados a desplazarse por motivos económicos, de seguridad y violencia, u otros, sino en la tendencia de emplear políticas de contención que manejan la migración desde el enfoque de la seguridad y que refuerzan la construcción de la criminalidad del migrante.
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Decidí hablar de este tema a raíz de una visita al Albergue la Sagrada Familia ubicado en Apizaco, Tlaxcala, en el que quedé desconcertada por las historias que nos compartieron algunos de los migrantes que se encontraban ahí. Extorsiones del crimen organizado, secuestros, estafas, discriminación… son sólo algunos de los muchos peligros a los que se enfrenta cualquier migrante. La mayoría de ellos (todos eran hombres) son muy jóvenes y están viajando sin ningún familiar. Por respeto a su privacidad, no profundizo en los detalles de sus historias, pero me limito a expresar que ninguno dejó su país por gusto sino porque las condiciones que se viven allá los forzaron a hacerlo.
La criminalización de la migración implica convertir la figura del migrante en un “objeto ilícito”: cuando se clasifica a las personas como “indocumentados” o “ilegales” lo que en realidad se hace es despojarlos de su condición humana. La libre circulación de las personas es una prerrogativa fundamental y, por eso, las políticas migratorias deberían ser diseñadas con un enfoque humanitario y de derechos humanos; no obstante, en México esto sólo se promueve en el discurso oficial porque en la práctica el gobierno, para abordar la crisis migratoria regional, mantiene una política de seguridad que responde a los intereses de EE. UU.
Para tener una idea de la complejidad de este tema aquí algunos datos: según información de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. o Customs and Border Protection (CBP), de julio a agosto, la ciudad de Tapachula, ubicada en Chiapas -en la frontera sur del país- recibió aproximadamente 6 mil emigrantes diarios (Isacson, 2023). Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró que, entre el 1 de marzo de 2020 y el 7 de agosto de 2023, las autoridades estadounidenses expulsaron a México a 136,338 migrantes (Rojas, 2023).
Más allá de las cifras, busco darle voz a cada uno de los migrantes que ante la desesperación de sus contextos elijen recorrer el corredor migratorio más peligroso del mundo, en el que se enfrentan a factores físicos y greográficos muy complicados, sumado a la discriminación, violencia, corrupción e inseguridad que deben soportar tanto en los países de tránsito como en los de destino.
En el caso de México, las políticas de López Obrador lejos de aportar una solución a la crisis no han hecho más que agudizarla. Aunque el presidente enarbola un discurso pro-migración en el que asegura que México le da la bienvenida a todos los que busquen pasar a los Estados Unidos, la realidad es que en su gobierno no existe una política migratoria, sino una política de contención que trata al migrante como una amenaza a la seguridad nacional. Por esta razón, AMLO le ha dado el control de la inmigración a la Guardia Nacional y con esto ha militarizado las fronteras del país. Aunado a ello, las autoridades han utilizado sistemáticamente la detención de migrantes para evitar el cruce fronterizo (Amnistía Internacional, 2023).
Estas acciones responden a las exigencias de EE. UU.: cuando Donald Trump era presidente, amenazó al gobierno mexicano con la imposición de aranceles para que éste accediera a desplegar elementos militares en la frontera. También durante su mandato, nuestro país acordó con el vecino del norte el programa “Quédate en México” o MPP (Protocolos de Protección a Migrantes) en el cual, México aceptaba que los solicitantes de asilo permanecieran aquí mientras se resolvía su proceso en EE. UU. También la política trumpiana del “Title 42” permitía que su país retornara a las personas a México, política que Joe Biden prometió terminar, pero que se mantuvo hasta el 11 de mayo de este año.
Esta coyuntura rebasa por completo a las instancias migratorias mexicanas, es decir, al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), cuyos representantes también abusan de la vulnerabilidad del migrante, violan sus derechos humanos y lucran con su situación. Los migrantes que conocí narraron que en muchas ocasiones son las mismas autoridades las que les piden dinero a cambio de dejarlos en libertad para seguir su camino.
Además, hechos como el incendio ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte de alrededor de 40 migrantes por quedarse encerrados en un centro de detención (Amnistía Internacional, 2023), así como la decisión de la empresa Ferromex de suspender la circulación de unos 60 trenes de carga por la presencia de más de 4,000 migrantes y cerca de media docena de casos de lesiones o fallecimientos en las vías o los carros (Forbes, 2023), evidencian que esta situación es insostenible porque México no cumple con las condiciones para recibir de manera digna a las miles de personas que ingresan a su territorio diariamente.
En un intento de mostrar una cara amigable a la migración y mantener la narrativa gubernamental, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, externó en la reunión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que México tiene una brújula clara, la de “humanizar la migración", pues ésta debería ser una opción y no una obligación y agregó que el reto de la movilidad humana le concierne a toda la comunidad internacional. Sin embargo, ese mismo día se reunieron en Juárez el comisionado interino de la CBP, el comisionado del INM, la gobernadora de Chihuahua y representantes de las fuerzas de seguridad de México y de Ferromex para discutir qué hacer ante el aumento de migrantes que intentan cruzar la frontera (Isacson, 2023).
El resultado de la reunión fue un nuevo acuerdo con varias medidas para “despresurizar” la frontera y atender las necesidades de la ferroviaria mexicana. Algunas de éstas son: la deportación de migrantes a sus países por aire y tierra, permitir que la CBP los expulse a través del puente internacional entre Ciudad Juárez y El Paso, así como la intervención en ferrocarriles y carreteras (Rojas, 2023).
Lo anterior es un ejemplo más de cómo el gobierno obradorista no ha hecho más que cumplir con las demandas del país vecino, lo que ha convertido a nuestro país en una especie de agente migratorio no oficial para EE. UU. es decir, en una pieza clave para la política migratoria estadounidense.
Abordar la crisis migratoria que vive el continente requiere una respuesta regional cuyo enfoque sea el resolver los problemas estructurales que obligan a miles de personas a abandonar sus hogares. Ni Estados Unidos ni México, ni ambos de manera bilateral, van a solucionar la profunda crisis actual cuando el remedio es la criminalización del migrante.