Con el arribo a la Presidencia del señor López Obrador y su partido Morena, las empresas encuestadoras han tomado un protagonismo que no se había visto antes, equiparable a las elecciones.
Ya no son los votantes los supremos mandantes a la hora de hacer gobierno, son los estudiosos del rumor popular a nivel de calle, desde un aparato telefónico o desde una plataforma de internet.
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En una democracia medianamente constituida, como se anhela de la mexicana, se esperaría que ese protagonismo fuera el de las instituciones electorales, no de las empresas que se encargan de averiguar el sentir de la gente.
Las encuestas no pueden hacer las veces que, por ley, les corresponde a las entidades debidamente constituidas para procesar, en este caso, la designación de candidatos a los puestos de elección popular en los partidos políticos, así se trate del partido en el poder.
Me parece que estamos ante una distorsión electoral más de este gobierno que, con sus salvedades, recuerda las famosas tómbolas de Morena para designar diputados a la Cámara de Diputados, y más atrás en el caso de Juanito, para –de manera declarada– burlar la legislación electoral.
Por lo demás, es condenable lo realizado por Morena en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México: una persona con evidentes problemas mentales fue manipulada con perversidad para imponer a un tercero en el gobierno de esa demarcación.
Las encuestas, afirma Alejandro Moreno (El Financiero, 18, 08, 2023), no suplen ni debieran suplir a los mecanismos institucionales de decisión colectiva, como las elecciones, los plebiscitos o las consultas populares constitucionales (por lo pronto los indígenas monolingües están excluidos de este tipo de ejercicios demoscópicos, porque me temo que los encuestadores de la Ciudad de México no hablan ninguna de los sesenta y ocho lenguas indígenas y sus 364 variantes que constituyen el marco lingüístico nacional).
Las encuestas no representan derechos ciudadanos generales, por más representativas y transparentes que sean. En el fondo se trata de otro timo de este gobierno al derecho universal de votar y ser votado. Pero más que eso, fortalece la tiranía de los partidos contra los ciudadanos y contra los liderazgos políticos emergentes. Hay que resignarse con un Noroña o Alito Moreno.
La legalidad electoral debe prevalecer por encima de cualquier impostura que pretenda suplantar al ciudadano de carne y hueso. Eso es la democracia. Una cabeza, un voto.
¿Qué hacer? Para eso está el recurso del método de elecciones primarias, un mecanismo que permite a los electores intervenir sobre los partidos políticos y elegir mejor a los próximos gobernantes.
Los partidos políticos en México no son partidos, no lo son en su acepción política. Los partidos en nuestro país son negocios familiares alentados desde el gobierno, que ven en la intervención de los ciudadanos en sus órganos de decisión una amenaza para su sobrevivencia mezquina.
Sin embargo, y he aquí la trampa: todos sabemos que el recurso de las encuestas es la estratagema encontrada por el Presidente y su partido para simular el antiguo dedazo y decidir unilateralmente el nombre de los aspirantes a todos los puestos de elección popular, y de manera muy relevante, la designación del próximo presidente de la República.
Esto es, el gatopartidismo revivido para que el presidente López Obrador decida el nombre de quién lo suceda en el cargo, con la cuasi seguridad de que no habrá poder legal que lo detenga.
Para eso ha invertido la mayor parte de su gobierno en acciones tendientes a reducir la independencia de los órganos electorales y el Poder Judicial, y desde ahí decidir libremente por encima del INE y del TEPJF. Como Miguel de la Madrid, López Obrador ve en esas instancias obstáculos para la consecución de sus objetivos.
En eso consiste su verdadera estrategia de reforma electoral y de justicia anunciados para el último mes de su mandato. Debilitar hasta la inanición para controlar los tres poderes y dar el paso hacia un régimen dictatorial (los militares ya están en instancias administrativas de mando).
Y aún en el caso de perder la elección con su candidata, de todos modos tiene de su lado la revocación de mandato. Un mecanismo constitucional para perpetuarse en el cargo, ya desde Palacio o ya desde la plaza pública.
Seguramente por eso a unos cuantos meses de que formalmente deje el poder, el presidente López Obrador sigue tomando decisiones de largo plazo, como si tuviera un mandato oculto para gobernar durante los próximos treinta años.