Si bien, en primera instancia reconocemos a la transparencia como una respuesta a la exigencia de la ciudadanía para contrarrestar la opacidad y el secretismo de las autoridades que formó parte de la cultura política mexicana por décadas, desde un enfoque ciudadano, debemos reconocer que, desde hace veinte años la transparencia ha favorecido al conocimiento de la sociedad y a que se tenga una participación ciudadana más activa y sólida, lo que ha posibilitado también un eficiente contrapeso ciudadano para reducir la discrecionalidad en la toma decisiones.
Asimismo, debemos advertir que, la transparencia ha sumado mayor confianza y profesionalización en los gobiernos. Desde un enfoque del servicio público, debemos considerar que la labor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la garantía de los derechos tutelados y el impulso de la cultura de la transparencia han contribuido al desarrollo democrático mexicano al posibilitar una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Con la transparencia se ha facilitado el conocimiento, monitoreo y seguimiento a las acciones de las autoridades, y por con ello se abona al sistema de pesos y contrapesos entre los poderes. Además, la transparencia ha modificado el paradigma de interacción que la ciudadanía tenía con las autoridades. Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo y el Poder Judicial, se ha favorecido la labor legislativa desde un enfoque de parlamento abierto, y la posibilidad de conocer sus debates y votaciones. Por otro lado, se ha impulsado una cultura para la justicia abierta y el conocimiento de la labor jurisdiccional.
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Otro elemento que vale la pena considerar con relación a la profesionalización del servicio público y la eficiencia de éste, es el relativo a los archivos. Pues para garantizar plenamente el derecho de acceso a la información, y el derecho a la protección de los datos personales: se requiere de archivos organizados eficientemente que permitan a las instituciones públicas, la entrega y la máxima publicidad de la información cuando la ciudadanía u otra autoridad lo requiera. Y, por otro lado, el cumplimiento de los principios y deberes en materia de protección de datos personales, y el ejercicio de los derechos ARCO.
En ese sentido, como personas servidoras públicas debemos reconocer que la archivística es un elemento importante para la transparencia y el derecho a saber en México. Al documentar correctamente nuestro actuar damos cuenta de nuestra responsabilidad y del cumplimiento de nuestras atribuciones. De tal forma, la correcta gestión documental da muestra de la profesionalización y eficiencia de la administración pública, además es evidencia de nuestro compromiso con la transparencia y el ejercicio pleno del derecho a la información.
Por ello, desde el INAI reconocemos el camino que junto con las instituciones (los sujetos obligados) hemos recorrido a favor de la garantía del derecho a saber y el cumplimento de las obligaciones de transparencia. Por ejemplo, tal como se dio cuenta en el Informe de Labores 2022 que presentamos ante el Senado el 23 marzo de 2023, los sujetos obligados cumplieron con el 90.4 por ciento de las resoluciones del Pleno del INAI. Aunado a ello, el compromiso de las autoridades con la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales se pone en evidencia con la suscripción de 40 convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, con el objeto de llevar a cabo actividades y estrategias que beneficiarán en la garantía de los derechos y libertades de todas y todos.
La transparencia ha sumado al servicio público mexicano asegurando información fidedigna y de calidad que da certezas a la ciudadanía, lo que consecuentemente, podría derivar en el fortalecimiento de la confianza social en el ejercicio de sus labores, y a la verdadera rendición de cuentas.